DE DAR VERGUENZA AJENA LA ACTUACION DE NUESTROS PARLAMENTARIOS
León Bendesky
Sólo el comienzo
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) que aprobó la pasada legislatura, a finales del gobierno de Vicente Fox son, sin duda, relevantes. Pero es apenas la punta de un iceberg político con muchas aristas.
La invalidez constitucional de la ley Televisa, llamada así por haber sido prácticamente elaborada y pactada entre el Ejecutivo y esa empresa, con la complacencia, o incluso la complicidad de las cámaras de Diputados y Senadores, exhibe buena parte de la gran descomposición institucional que prevalece en el país.
El sentido común impone una reflexión esencial referida cuando menos a tres cuestiones. Primera, la actividad de un presidente, Fox, como promotor directo de intereses de empresas privadas casi monopólicas. Segunda, el que los encargados de hacer las leyes incurran en tan grave falta cuando, en este caso, se violaron tantos preceptos de la Constitución que han jurado cumplir. Tercera, el papel de las entidades reguladoras, en particular la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (CFC).
La SCJN puso en evidencia todas estas fallas del sistema político y, de paso, la fragilidad de lo que se denomina transición democrática. Frágil, precisamente por la disfuncionalidad de las instituciones necesarias para armarla y consolidarla.
De la presidencia de Vicente (y Marta) Fox es realmente notoria la rapidez con la que se desmorona la supuesta trayectoria de cambio que ofreció impulsar.
Pero son los funcionarios del gobierno y el Congreso los que salen en verdad lastimados de todo este embrollo. El ex secretario de Gobernación, ahora flamante coordinador de la fracción panista en el Senado, dijo que en la etapa en que se promulgó la ley Televisa estaba en el limbo político; el ex secretario de Comunicaciones y Transportes brilla por su ausencia. Los líderes priístas en las cámaras han sido desenmascarados como operadores de la ley a favor de las empresas de telecomunicaciones y no pueden desmentirlo. Los legisladores del PAN (con la notable excepción de Javier Corral) actuaron como comparsas y hasta se apropiaron de la Cofetel. Y el entonces jefe de la bancada de los diputados del PRD admitió ni siquiera haber leído la ley. Así se aprobó esta deformidad anticonstitucional, con unos diputados y senadores que votaron en un caso sicológico de esquizofrenia.
Por el lado de los reguladores, la Cofetel se integró las exigencias de una ley hecha a la medida de las dos empresas televisoras y la de telefonía, a cuya disposición se ponía el espectro radioeléctrico del país. Hoy, la Cofetel es inservible y la CFC muestra una vez más su inoperancia.
La SCJN determinó que no se puede, como se establecía en la malograda LFRT, obtener concesiones sin pago al Estado por el uso del espectro radioeléctrico. Es decir, que lo que es propiedad del Estado no se puede regalar. Además, no es válido otorgar concesiones a empresas privadas por 20 años que se refrenden de manera automática, y no se puede hacer mediante el instrumento de subastas, que sólo permiten a quienes tienen más recursos hacer uso de ese espectro en su propio beneficio.
Ello, claro está, dijo la Corte, va en contra de los derechos a la libre expresión, a la información y a la igualdad, y en contra de la rectoría económica del Estado sobre un bien público. Hay, pues, asuntos ligados a la utilización social de los medios de comunicación y a la prohibición de los monopolios. No debe olvidarse que ahora es técnicamente posible usar el espectro radioeléctrico para ofrecer una gama muy amplia de servicios (radio, televisión, telefonía, Internet, entre otros) y que esa industria está altamente concentrada, literalmente, en unas cuantas manos.
Nada de esto sabían en la oficina de la Presidencia, en Gobernación o en la Secretaría de Comunicaciones; nada de esto sabían en el Congreso y en la Cofetel o la CFC. Pero ahora que lo saben -y lo sabemos todos- nada garantiza que haya mayor espacio para que los ciudadanos ejerzan de modo más cabal esos derechos y libertades. La ley tendrá que rehacerse, y para ello queda el antecedente fijado por la SCJN, pero el entorno de los compromisos y el amiguismo interesado entre los políticos y los grandes empresarios de los medios de comunicación y las telecomunicaciones no se ha roto.
Esos compromisos son fuertes, como quedó demostrado en las pasadas elecciones presidenciales de 2006. El poder económico de las empresas involucradas es enorme y la voluntad de una reforma en este terreno es muy limitada. El secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, tiene una papa caliente en las manos. En una reciente entrevista con Carmen Aristegui mostró la gran confusión que tiene sobre cómo acometer este asunto (puede incurrir incluso en conflicto de intereses como se supo cuando fue nombrado en su puesto) y lo absurdo que resulta la Cofetel como órgano regulador del sector. Reconoció abiertamente que uno de los comisionados, ahora alto funcionario en su secretaría, no cumplía con los requisitos fijados por la ley.
La verdad es que todo este caso sigue quedando en buena medida en las mismas manos de los funcionarios y los legisladores y los intereses políticos y económicos que hicieron la ley anterior. Habrá que ver hasta dónde querrá llegar Felipe Calderón para impulsar una verdadera reforma en un sector que es clave para esta sociedad. Todos quedan a prueba.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) que aprobó la pasada legislatura, a finales del gobierno de Vicente Fox son, sin duda, relevantes. Pero es apenas la punta de un iceberg político con muchas aristas.
La invalidez constitucional de la ley Televisa, llamada así por haber sido prácticamente elaborada y pactada entre el Ejecutivo y esa empresa, con la complacencia, o incluso la complicidad de las cámaras de Diputados y Senadores, exhibe buena parte de la gran descomposición institucional que prevalece en el país.
El sentido común impone una reflexión esencial referida cuando menos a tres cuestiones. Primera, la actividad de un presidente, Fox, como promotor directo de intereses de empresas privadas casi monopólicas. Segunda, el que los encargados de hacer las leyes incurran en tan grave falta cuando, en este caso, se violaron tantos preceptos de la Constitución que han jurado cumplir. Tercera, el papel de las entidades reguladoras, en particular la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (CFC).
La SCJN puso en evidencia todas estas fallas del sistema político y, de paso, la fragilidad de lo que se denomina transición democrática. Frágil, precisamente por la disfuncionalidad de las instituciones necesarias para armarla y consolidarla.
De la presidencia de Vicente (y Marta) Fox es realmente notoria la rapidez con la que se desmorona la supuesta trayectoria de cambio que ofreció impulsar.
Pero son los funcionarios del gobierno y el Congreso los que salen en verdad lastimados de todo este embrollo. El ex secretario de Gobernación, ahora flamante coordinador de la fracción panista en el Senado, dijo que en la etapa en que se promulgó la ley Televisa estaba en el limbo político; el ex secretario de Comunicaciones y Transportes brilla por su ausencia. Los líderes priístas en las cámaras han sido desenmascarados como operadores de la ley a favor de las empresas de telecomunicaciones y no pueden desmentirlo. Los legisladores del PAN (con la notable excepción de Javier Corral) actuaron como comparsas y hasta se apropiaron de la Cofetel. Y el entonces jefe de la bancada de los diputados del PRD admitió ni siquiera haber leído la ley. Así se aprobó esta deformidad anticonstitucional, con unos diputados y senadores que votaron en un caso sicológico de esquizofrenia.
Por el lado de los reguladores, la Cofetel se integró las exigencias de una ley hecha a la medida de las dos empresas televisoras y la de telefonía, a cuya disposición se ponía el espectro radioeléctrico del país. Hoy, la Cofetel es inservible y la CFC muestra una vez más su inoperancia.
La SCJN determinó que no se puede, como se establecía en la malograda LFRT, obtener concesiones sin pago al Estado por el uso del espectro radioeléctrico. Es decir, que lo que es propiedad del Estado no se puede regalar. Además, no es válido otorgar concesiones a empresas privadas por 20 años que se refrenden de manera automática, y no se puede hacer mediante el instrumento de subastas, que sólo permiten a quienes tienen más recursos hacer uso de ese espectro en su propio beneficio.
Ello, claro está, dijo la Corte, va en contra de los derechos a la libre expresión, a la información y a la igualdad, y en contra de la rectoría económica del Estado sobre un bien público. Hay, pues, asuntos ligados a la utilización social de los medios de comunicación y a la prohibición de los monopolios. No debe olvidarse que ahora es técnicamente posible usar el espectro radioeléctrico para ofrecer una gama muy amplia de servicios (radio, televisión, telefonía, Internet, entre otros) y que esa industria está altamente concentrada, literalmente, en unas cuantas manos.
Nada de esto sabían en la oficina de la Presidencia, en Gobernación o en la Secretaría de Comunicaciones; nada de esto sabían en el Congreso y en la Cofetel o la CFC. Pero ahora que lo saben -y lo sabemos todos- nada garantiza que haya mayor espacio para que los ciudadanos ejerzan de modo más cabal esos derechos y libertades. La ley tendrá que rehacerse, y para ello queda el antecedente fijado por la SCJN, pero el entorno de los compromisos y el amiguismo interesado entre los políticos y los grandes empresarios de los medios de comunicación y las telecomunicaciones no se ha roto.
Esos compromisos son fuertes, como quedó demostrado en las pasadas elecciones presidenciales de 2006. El poder económico de las empresas involucradas es enorme y la voluntad de una reforma en este terreno es muy limitada. El secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, tiene una papa caliente en las manos. En una reciente entrevista con Carmen Aristegui mostró la gran confusión que tiene sobre cómo acometer este asunto (puede incurrir incluso en conflicto de intereses como se supo cuando fue nombrado en su puesto) y lo absurdo que resulta la Cofetel como órgano regulador del sector. Reconoció abiertamente que uno de los comisionados, ahora alto funcionario en su secretaría, no cumplía con los requisitos fijados por la ley.
La verdad es que todo este caso sigue quedando en buena medida en las mismas manos de los funcionarios y los legisladores y los intereses políticos y económicos que hicieron la ley anterior. Habrá que ver hasta dónde querrá llegar Felipe Calderón para impulsar una verdadera reforma en un sector que es clave para esta sociedad. Todos quedan a prueba.
posted by H2AGUA at
8:23 a.m.
