MEXICO, S.A.

Miguel Ángel Granados Chapa


Desmantelamiento de Bancomext

A pesar de que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) pactó en octubre de 1999 con la familia Fox un arreglo muy ventajoso para su grupo de empresas, arreglo que significó el pago de sólo 14 por ciento del adeudo que se había acumulado por créditos insolutos, fue evidente que cuando el más conocido miembro de esa familia se convirtió en presidente de la República tenía una visión subjetiva y desagradable del papel del banco de desarrollo encargado de promover y financiar el comercio exterior.

Por eso no sorprendió que el Ejecutivo fuera receptivo a la idea que circulaba desde el sexenio anterior, proveniente del Banco Mundial, de desmantelar la banca de desarrollo. Y aunque la intención del gobierno de Zedillo ya era fundir Nacional Financiera en Bancomext, Fox entendió al revés el planteamiento y buscó suprimir el banco relacionado con el comercio exterior. No pudo hacerlo, pero no por ello ha cesado el amago contra esa institución. Tan cercano a Fox que seguramente compartía con él la fobia que el Presidente experimentaba contra su antiguo acreedor, Eduardo Sojo ha reemprendido la tarea de eliminar ese banco, comenzando por su desarticulación.

En sentido estricto, Bancomext está hoy descabezado, a causa de una discutible propensión al dobleteo de funciones. Tal como se hizo con resultados lamentables en el área policiaca, en que Ardelio Vargas fue nombrado director de la Agencia Federal de Investigaciones y comisionado de la Policía Federal Preventiva, y fue cesado después de unos meses de esa práctica estéril, el director de Nafin, Mario Laborín, lo es también de Bancomext. Hay varios motivos para poner entredicho la claridad jurídica de esa doble situación, pero sin entrar en profundidad, si sólo atendemos el sentido del refrán que dice que a quien dos amos sirve con uno queda mal, queda claro que Laborín no es director del banco de desarrollo que está en la mira de los adversarios de los bancos de desarrollo. Apenas se ha presentado una vez por mes, en promedio, desde diciembre en que fue designado para la doble función. Tampoco son muy asiduos al banco otros funcionarios de Nafin nombrados también para una doble jornada que en los hechos se resuelve en ausentismo.

En busca de una fusión imposible sin apelar al Congreso, pues Nafin y Bancomext se rigen por leyes que sólo el Poder Legislativo puede reformar, se ha elegido la vía de desmantelar una de las funciones primordiales del banco, que es la promoción del comercio exterior, para colocarla en la Secretaría de Economía, modo de proceder que ya se practicó en el pasado con resultados menos productivos que los logrados por Bancomext cuando con su tarea financiera ha tenido la de promover las exportaciones mexicanas.

El sindicato del banco —única agrupación gremial de ese ramo que resistió la organización vertical de los sindicatos del ramo— ha demandado al Gobierno una política transparente respecto de su empleador, que considere los buenos frutos de esa institución. A juicio de la organización sindical, “la creación de un organismo promotor de las exportaciones en la Secretaría de Economía abre las puertas a las estructuras redundantes, la opacidad y la irracionalidad administrativa” y genera otros efectos perniciosos, como la utilización del fomento comercial “con fines partidistas”, la burocratización y la centralización de las decisiones.

Por ello, el sindicato pidió a Calderón “detener de inmediato el proceso de desmantelamiento” del banco y sujetar su destino a un debate, a un “ejercicio democrático, plural, incluyente y participativo”; a respetar la ley orgánica del banco; y a considerar la historia de la institución, cuyos 70 años le han dado “la fortaleza y la vocación suficientes para reemprender con eficacia su papel como instrumento del Estado para el fomento de la competitividad internacional de las empresas mexicanas”.

No se trata de una posición interesada sólo en los derechos laborales de los miembros del sindicato. Su visión es más amplia y por ello este pedido al Presidente de la República, contenido en un mensaje público aparecido el martes pasado, es compartido por un elenco variado de ex funcionarios, académicos, legisladores, empresarios, dirigentes sociales. Sobresalen dos antiguos secretarios de Hacienda, dos ex subsecretarios, tres ex directores del propio banco, dos ex gobernadores y uno en funciones. Todos ellos suscriben la posición sindical que advierte al Ejecutivo:

“Solamente con madurez democrática y el reconocimiento pleno del genuino interés nacional se puede evitar el gravísimo error histórico de seguir mutilando las funciones primigenias y las capacidades de la banca pública, justo cuando más se requieren para afrontar la estrepitosa caída del financiamiento productivo, el franco desinterés en él por parte de la banca comercial extranjerizada, la desarticulación interna de vastos segmentos económicos, el retroceso en la lid competitiva internacional y el ahondamiento de la desigualdad en todos los terrenos, entre otros muchos obstáculos mayúsculos para el crecimiento de la economía, el empleo y el ingreso, así como para la reconstitución de la muy lastimada cohesión social”.

Por mi parte digo lo siguiente. Mario Laborín, dizque director de Bancomext, se formó en empresas como Femsa y Bancomer antes de llegar a Nacional Financiera. Su designación parece corresponder a la petición del Consejo Coordinador Empresarial de “eliminar bancos de desarrollo”.