LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS, DOS COSAS QUE EN MEXICO NO EXISTEN

¿La sociedad militarizada?

Víctor Flores Olea
viernes, 25 de mayo de 2007

La guerra al narcotráfico, Felipe Calderón la hizo su prioridad de prioridades, aquello por lo cual valía la pena hipotecar el sexenio e inclusive dejar la vida. Claro que el "crimen organizado" es hoy en México un terrible agente de descomposición social, no sólo porque significa la enfermedad sino porque el negocio multibillonario está sometido no a las leyes del mercado sino a las batallas asesinas entre gangsters. Algunos dirán que ambas competencias se asemejan más de lo imaginado, ya que ambas son en definitiva a muerte, y tendrían razón, lo cual de paso exhibe la miseria moral de la sociedad hoy.

Prioridad de prioridades y expediente mediático, ¿pero será duradero? ¿Y se justifica el derrotero elegido por Calderón? Ya a los pocos meses de iniciada la guerra brota la polémica, las contradicciones y los peligros: el Ejército, constitucionalmente, está impedido para desplegar actividades de policía interna. Pero además de la inconsistencia jurídica se le están imponiendo al Ejército tensiones adicionales para lo cual no está preparado. Tensiones que se transfieren también a la sociedad entera.

Una primera consecuencia: el Ejército cazando delincuentes entre el pueblo se convierte en un irremediable violador de derechos humanos, con su consecuente degradación y la degradación del gobierno que lo dirige. Pero no solamente el deshonor del ejército sino que sectores cada vez más amplios de la sociedad terminarán por perderle el respeto, negándolo, despreciándolo, temiéndolo.

Porque además de la violación de los derechos humanos, que denuncian ya distintas instituciones, las funciones de policía del Ejército hacen que la sociedad en su conjunto sufra la represión que inevitablemente se produce en una sociedad militarizada. O, para usar un término más suave, la "inhibición" de las movilizaciones sociales que también produce es vista ya por muchos como una nueva situación nacional en que, si el Ejército en las calles es la "prioridad de prioridades", la sociedad vive inevitablemente en un escenario en que la fuerza priva sobre el derecho y la "seguridad" sobre las prerrogativas constitucionales. La militarización de la sociedad irrevocablemente es contraria al respeto de los derechos humanos y de los derechos democráticos.

Pero además, colocado el Ejército en el medio mismo de la corrupción que invade al país, la pregunta inevitable es: ¿terminará también por ensuciarse, a todos los niveles, lo cual no sería ninguna novedad vistos antecedentes bien conocidos? ¿Estamos ya en esa ruta?

Surgirán además fricciones y roces desgastantes entre el Ejército y los cuerpos de policía que participan en los operativos. La peligrosidad inherente de la guerra y sus "candilejas" publicitarias originan también irremediablemente competencias interinstitucionales por fama y dinero que contribuyen a su deterioro, a su corrupción.

Por ejemplo, debe explicarse el anémico resultado de la movilización del Ejército por lo que hace a delincuentes aprehendidos, y la multiplicación de crueles atentados a miembros del mismo Ejército y a jefes policíacos y funcionarios que están siendo eliminados. Sobre los magros resultados en detenciones el obvio motivo se anuncia por el lado de la corrupción: cada movimiento del Ejército o de la policía se advierte por adelantado a los delincuentes, preparándolos para la respuesta o facilitando su escape.

La prensa diaria ha dado cuenta de una reacción sangrienta de los criminales, que todos los días asesinan a jefes militares, policíacos o civiles de un cierto nivel. ¿Qué persiguen con ello? Amnistía Internacional de Londres afirma: "Los gobiernos poderosos y los grupos armados están fomentando `deliberadamente' el miedo `para erosionar los derechos humanos' y crear un mundo `cada vez más peligroso' y tan polarizado como en los peores tiempos de la guerra fría".

No se trata de acuerdos entre pandillas que libran una guerra sin cuartel por mercados y territorios, sino de un "estilo" de trabajo coincidente para implantar el terror y ablandar a los agentes del gobierno, cualquiera que sea su uniforme. Para el personal militar y policíaco, y para los funcionarios involucrados en esta lucha, de la que no escapan jueces y variados agentes judiciales, no queda más que la siniestra alternativa colombiana: "Plata o Plomo". Plomo (y flagrantes violaciones humanas) a las que también recurren los agentes gubernamentales con la ilusión de "ablandar" a los cappos respectivos, y corrupción desencadenada. Tenaza de hierro que sufre la sociedad entera.

Guerra de complejidades infinitas, pero con la impresión de que el gobierno, con su "prioridad de prioridades" movilizando al Ejército, se ha lanzado gravemente a la militarización de la sociedad entera. ¿O al menos de un buen número de regiones en que el Ejército se convierte de facto en la suprema autoridad? ¿Y las terribles consecuencias en materia de derechos humanos y en el freno a la protesta social, en la práctica la disminución de las libertades, negaciones que a la postre son más destructivas que la acción del propio crimen organizado?

Las preguntas están en el aire pero con un profundo sentido de insatisfacción, como si la decisión hubiera sido la más próxima y obvia pero sin medirse a fondo sus peligros. ¿Se trata sólo de violencia contra violencia y de armas contra armas? ¿Y dónde queda la democracia y los derechos humanos? La simplificación es la peor consejera en funciones de gobierno.