BITACORA REPUBLICANA

Porfirio Muñoz Ledo

¿De quién es el aire?

Es tal el deterioro de las instituciones públicas y tan ostensible el escarnio que de ellas suelen hacer los poderes fácticos, que hoy la mirada ciudadana se concentra en la Suprema Corte, como si fuera a convertirse en una instancia de redención. O bien, como si estuviera a punto de escriturar la irreparable derrota del Estado.

Ciertamente, una sentencia favorable a los promotores de la acción de inconstitucionalidad apuntaría una tendencia, pero en modo alguno resolvería el problema de fondo. Diego Valadés escribió aquí que "de confirmarse esa orientación, asistiremos a un giro en el funcionamiento de las instituciones". Añadió que hace poco una parte del poder público pudo resistir al embate de la Iglesia y se pregunta si el más alto tribunal podrá hacerlo ante la televisión.

Lo que el fallo debiera evitar es el otorgamiento de nuevos territorios tecnológicos a los actuales detentadores de los medios y el aseguramiento de las concesiones a perpetuidad. Para reestablecer la autoridad del Estado y servir el interés de la sociedad es necesaria una reforma legal de gran calado, previa la definición de sus referentes constitucionales. Es menester ante todo retirar al Ejecutivo las facultades discrecionales de las que abusó y por las que el ciudadano fue abusado.

El retroceso ha sido tal que hace tiempo se elude el corazón del debate, a saber: la ausencia de fundamento constitucional de todas las disposiciones legales expedidas en materia de radio y televisión. Tanto los iniciadores de diversos proyectos de reforma como los actuales impugnadores de la Ley Televisa han optado por soslayar el tema, en razón de las complejidades que entrañaría la modificación de la Carta Magna.

Ocurre que la Ley de Reforma del Estado promueve acuerdos por la vía del consenso y por ello mismo está enfocada hacia cambios constitucionales. Sería un sospechoso desperdicio que no se aprovechase la ocasión para reparar los entuertos cometidos desde que comenzaron a operar en México la radio y la televisión. Es obvio que los remiendos a las leyes ordinarias resultarían insuficientes para los propósitos que el país demanda.

Recordemos que se autorizó por primera vez el funcionamiento de una emisora de televisión sin modificar el marco normativo, como una cláusula adicional de una concesión radiofónica, por lo que se denominó XEW-TV. Eran las postrimerías del régimen alemanista y mediaba el interés económico y político del grupo gobernante.

Por eso he dicho que la televisión fue en sus inicios una oficina de Los Pinos, hasta que éstos se convirtieran con los años en una dependencia de Televisa.

No fue sino hasta 1960 cuando se expidió la Ley Federal de Radio y Televisión, confirmando con ello la unidad legal de ambas ramas de la industria, pero sin reparar que la regulación de esas actividades no estaba prevista entre las facultades legislativas concedidas al Congreso. Como nuestro sistema competencial exige atribuciones expresas a los órganos federales, es evidente que el Poder Legislativo de la Unión carece de competencia en la materia.

Si bien la fracción XVII de ese ordenamiento faculta al Congreso para "dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos", tal redacción proviene de 1917, cuando las telecomunicaciones no existían y obviamente no las comprende. En tal virtud, los autores de la ley establecieron en el capítulo único de su artículo primero unos "principios fundamentales", según los cuales "corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y en consecuencia, del medio por el que se propagan las ondas electromagnéticas".

¡Oh ingenio revolucionario! Equiparar la radio y la televisión a los yacimientos minerales y a los hidrocarburos, en olvido de que la Constitución se refiere, en su artículo 27, al "espacio situado sobre el territorio nacional, en los términos que fije el derecho internacional", lo que excluye el ámbito ultraterrestre utilizado por las emisiones vías satélite y no abarca la televisión por cable, que transcurre por otros conductos. Ignora además que el aire no es un "recurso susceptible de explotación o aprovechamiento", en el sentido de los yacimientos fósiles, sino sólo un espacio federal (artículo 48) regulable para efectos del ejercicio de la soberanía nacional mediante facultades explícitas.

Lo que se buscaba entonces era reafirmar, a través de una tramposa inferencia jurídica, la facultad omnímoda del Ejecutivo de otorgar concesiones. El traslado de prerrogativas virreinales, originadas en el siglo XVI, a un presidencialismo autoritario, de manera a permitirle la reproducción política del sistema mediante un juego de complicidades viciosas.

Ahora tratamos de sujetar esos medios a un genuino Estado de Derecho, en tanto asignatura fundamental de la transición democrática. Para ello es indispensable crear un órgano constitucional autónomo y representativo (el IFE de las comunicaciones) competente para revisar concesiones, supervisar contenidos, promover la pluralidad, estimular la televisión pública, comunitaria e indígena, evaluar los desempeños, proteger a los ciudadanos y ejecutar una política antimonopólica determinada por la ley.

Tres son los pilares concurrentes de esa reforma: el artículo tercero de la Constitución, que establezca la obligación de los medios concesionados de orientar sus emisiones conforme a los valores y principios de la nación ahí definidos: el artículo sexto ampliado y tal vez trasladado al séptimo, que explicite los términos del derecho a la información y el otorgamiento de las facultades correspondientes al Congreso en el artículo 73 de la Carta.

Es claro que las reformas constitucionales en este campo le devolverían al Estado la capacidad de revisar en su integridad las concesiones, como si fuera el primer día de la creación. Ese es el temor de los beneficiarios, que se parapetan tras el argumento de los derechos adquiridos. Un día no lejano, en debate con representantes de las empresas, su mejor abogado me espetó: "¡Jamás nos quitarán las concesiones!", a lo que respondí: "son ustedes latifundistas con lema zapatista: el aire es de quien lo trabaja".

Sólo habrá reforma del Estado y restauración de la República si encaramos esta afrenta con toda determinación.