INTINERARIO POLITICO

Más allá de revelaciones interesadas, los afanes de la empresa dejan ver un peligroso salto al pasado
En charla informal con periodistas, un ejecutivo de Televisa confió, hace algunos meses, que en efecto, la ley Televisa fue impulsada desde las oficinas centrales del poderoso grupo mediático. Dicha revelación no era ninguna novedad, sobre todo ante las evidencias públicas de esa maniobra.
Lo novedoso fue cuando el hombre de Televisa expuso su versión sobre la génesis de esa estrategia: "No podíamos quedarnos con los brazos cruzados. La posibilidad de que el señor López Obrador se convirtiera en presidente era real, y por eso requeríamos salvaguardas... era real la posibilidad de que se fuera contra nosotros", habría dicho, luego de recordar la relación del venezolano Hugo Chávez con las televisoras de su país.
Nadie sabe, salvo los jerarcas de Televisa, si en realidad esa fue la razón por la que el grupo mediático movilizó, como nunca, poder e influencia para conseguir una reforma que, al final de cuentas, podría dejar a Televisa -frente a la sociedad en su conjunto-, no como el más influyente poder mediático, el que hace y deshace con la clase política mexicana, sino como el grupo que representa a los enemigos de la naciente democracia mexicana.
Pero de resultar cierta la versión, de que la ley Televisa fue una suerte de blindaje ante el eventual gobierno del señor López Obrador, los "mandones" de Televisa pueden estar tranquilos, y no habría razón para continuar con la fuerte presión que ejercen contra los tres poderes de la Unión -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, y para que la Suprema Corte de Justicia haga valer la Ley Suprema y eche abajo la ley Televisa. A menos, claro, de que prefieran confirmar que la citada ley "es un plan de negocios de Televisa para los próximos 50 años", como bien lo definió la revista especializada Etcétera.
Lo curioso del asunto es que más allá de revelaciones interesadas, los afanes de Televisa más bien dejan ver un peligroso salto al pasado, a los tiempos de la antidemocracia, que a la saludable responsabilidad social de la más influyente empresa de medios con el avance democrático del país. Pareciera que los "mandones" de Televisa se empeñan en aparecer como los "malos de la película", a los que nada les importa el avance y la cultura democráticos y que sólo buscan mantener y acrecentar su poder económico y su influencia mediática sobre los poderes del Estado. Parecen empeñados en la máxima autoritaria de "el Estado soy yo".
En el pasado reciente, como todos saben -sobre todo en los procesos electorales de 1988 y 1994-, mientras que sectores mediáticos como la prensa y la radio no sólo se abrieron a la pluralidad política e informativa, sino que se convirtieron en potentes motores que impulsaron los cambios democráticos, las televisoras prefirieron la ruta del sometimiento al poder público, nada democrático y harto rentable para sus bolsillos. Todos recuerdan el alarde partidista de El Tigre Azcárraga: "Televisa es un soldado del presidente".
En las elecciones del año 2000 Televisa descubrió, junto con el resto de medios electrónicos, el negocio económico y político que significaban la apertura y el ejercicio de libertades básicas, como la de expresión. Entonces el duopolio televisivo apareció como el paladín de la pluralidad, para dar un salto cuantitativo en 2006, y convertirse en el poder fáctico más influyente, capaz de someter a los poderes del Estado, a los partidos políticos, a los aspirantes a puestos de elección popular, en los tres órdenes de gobierno. Se instaló la "telecracia" que, según Sartori, no es más que el control de los gobiernos y los procesos electorales, por parte de los intereses de la televisión.
Es decir, en un par de décadas, las televisoras pasaron de apéndices del poder público -al que servían para la reproducción autoritaria, nada democrática y menos plural- a nuevos jefes de ese poder público y de las instituciones del Estado. Los gobernantes y políticos que querían sobrevivir debían someterse a esa nueva jerarquía de los poderes. Por eso antes y durante julio de 2006, todos los partidos, los candidatos, y los poderes Ejecutivo y Legislativo se sometieron a las televisoras y aprobaron la llamada ley Televisa, a pesar de que se trata de un compendio inconstitucional.
"La democracia no puede existir sin la regulación de la televisión", dice Popper. Y en efecto, en el proceso electoral de julio de 2006, todos vimos cómo el poder de las televisoras -sin cuyo apoyo todos los candidatos se darían por muertos antes incluso de la jornada comicial- doblegó lo mismo a poderes que a instituciones, candidatos y partidos políticos. La democracia electoral terminó secuestrada por los poderes fácticos, como el de las televisoras. ¿Eso es lo que quieren los "mandones" del duopolio?
Si la respuesta es afirmativa, como lo mostró la inconstitucional ley Televisa, estaremos de regreso a los tiempos en los que las televisoras eran el principal dique de la democracia electoral, y sólo faltará que el duopolio imponga gobernadores, legisladores, ministros de la Corte y, al final de cuentas, al presidente de la República. ¿Eso quiere la clase política? Al tiempo.