CON RAZON AVALARON EL FRAUDE

Documenta la Auditoría Superior discrecionalidad y dispendio salarial en ese órgano

En 2005, 19 funcionarios del TEPJF cobraron más que Fox

El magistrado presidente, Leonel Castillo, percibió en ese año 8 millones 442 mil 890 pesos

ENRIQUE MENDEZ

Al documentar la discrecionalidad y el dispendio salarial de la cúpula del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comprobó que 19 altos funcionarios de ese órgano recibieron, cada uno, un sueldo anual superior al que percibió Vicente Fox como presidente de la República, en 2005.

Más aún, el monto total de los ingresos de los magistrados y los altos funcionarios del TEPJF -que en 2006 calificaron la elección presidencial en favor de Felipe Calderón- fue de 95 millones 926 mil 870 pesos, lo cual constituye 12 por ciento del presupuesto destinado a salarios, que en 2005 fue de 801 millones 865 mil 100 pesos. Esa cantidad, a su vez, representa 71 por ciento del total del presupuesto del tribunal, lo que refleja una alta concentración de gasto en salarios, prestaciones y bonos.

Por primera vez desde que se constituyó el organismo electoral, la ASF revisó integralmente su ejercicio del capítulo 1000, servicios personales, y como resultado ''detectó discrecionalidad en la asignación y uso de dichos recursos''.

Sin embargo, ante el dispendio, la auditoría sólo recomendó ''establecer disposiciones y mecanismos que racionalicen las percepciones de los servidores públicos de ese alto tribunal'', aun cuando en sus conclusiones a la revisión de la cuenta pública determinó que, al utilizar de manera discrecional los recursos para el pago de bonos y prebendas, los magistrados violaron las medidas de austeridad definidas por la Cámara de Diputados para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

El magistrado presidente

El órgano fiscalizador concluyó que el ahora ex presidente del tribunal, Leonel Castillo, percibió en ese año 8 millones 442 mil 890 pesos, como sueldo y prestaciones especiales, monto superior en 4 millones 798 mil 630 al obtenido por Fox. No sólo eso: un secretario general de acuerdos ganó casi 40 mil pesos más que el jefe del Ejecutivo.

Las gratificaciones abultaron los ingresos de Castillo, que fueron enlistados por la ASF en una tabla especial para compararlos con los del mandatario, y en ella se incluyen apoyos para pago de renta y de colegiaturas, de gasolina, de lentes e inclusive un vale por un pavo.

Así, determinó que una cuarta parte de los ingresos del magistrado fueron por la denominada ''compensación garantizada'', que le permitió ingresos por 2 millones 182 mil 78 pesos; además, obtuvo los siguientes beneficios, no contemplados para el mandatario: prestaciones de previsión social, 196 mil 89 pesos; prestaciones inherentes al cargo, 606 mil 80; prima quinquenal, 16 mil 320; gastos de representación, 12 mil 200; seguro de separación individualizada FS, 64 mil 120; ayuda de medicinas, 34 mil 500; ayuda de despensa, 230; ayuda de gasolina, 13 mil 500, y subsidio de renta, 30 mil 900 pesos.

También, apoyo para anteojos, 4 mil pesos; ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad, un millón 254 mil 560; estímulo anual, 301 mil 880; apoyo para el desarrollo personal y profesional, 627 mil 280; compensación extraordinaria, un millón 568 mil 200; apoyo económico escolar, 21 mil; compensación por servicios especiales, 156 mil 820; prestaciones de fin de año, 14 mil 290; apoyo para gastos complementarios, 3 mil 400, y un vale para un pavo por 710 pesos.

La asignación de esas prestaciones se incluyó en diversas partidas, aunque todas forman parte del rubro estímulos por productividad, al que el tribunal se asignó 112 millones 530 mil 600 pesos.

Un monto de esa naturaleza le permitió al TEPJF entregar bonos a los magistrados, y a su elite, de la siguiente manera: de ocho a 12 meses de salario bruto por estímulo anual; de cinco meses de salario por compensación extraordinaria; de cuatro meses de sueldo por ayuda de fomento a la cultura; de cuatro meses por ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad, y de dos meses como ayuda para el desarrollo personal y profesional. Tan sólo en el caso de estos dos últimos rubros, el tribunal gastó 83 millones 783 mil 600 pesos, pero se trata de recursos destinados sólo a servidores públicos de mando superior, es decir, a 19 personas, desde el secretario técnico administrativo hasta los magistrados.

Y aun cuando el pago de ambos estímulos está condicionado a la disponibilidad presupuestal, el tribunal electoral los presupuestó de origen y ''realizó pagos individuales discrecionales de entre 11 mil 700 y un millón 254 mil 600 pesos. Lo hizo, además, anticipadamente, en junio y agosto de 2005, cuando que por disposición legal del propio tribunal deben ser pagados en noviembre.

En ambos casos, la ASF cuestionó que se pagara el bono de fomento a la cultura de la legalidad sin considerar las posibles bajas de personal de manera posterior, y su disposición fuera de los tiempos legales implicó un costo financiero de 129 mil pesos.

Aguinaldo en abril

El uso discrecional de los dineros públicos inclusive llevó al TEPJF a entregar el ''estímulo anual'' a sus altos funcionarios en abril de 2005, y no en diciembre. En este caso, el desembolso de dicha prestación implicó 26 millones 704 mil 100 pesos.

La auditoría determinó ''que dicho estímulo se pagó de manera anticipada en la segunda quincena del mes de abril de 2005, pero correspondió al tiempo laborado del primero de enero al 31 de diciembre de 2005'', aun cuando dicho pago estaba acotado ''a condiciones futuras de realización, es decir, a disponibilidad presupuestal''.

Además, el uso prematuro de esos recursos implicó un costo financiero de 304 mil pesos de intereses, que la ASF considera deben ser justificados o bien reintegrados a la Tesorería de la Federación.

El tribunal también dispuso de 147 millones 879 mil pesos como ''compensación extraordinaria'' de cinco meses adicionales de salario a magistrados, directivos y trabajadores, incluido el personal de honorarios, sin que fueran aprobados lineamientos que precisaran y regularan el pago de esa prestación.

La ASF consideró un probable daño económico, por el pago anticipado de bonos, de 433 mil pesos, que deben ser aclarados o recuperados por el tribunal.