BUCARELI

Jacobo Zabludovsky
02 de abril de 2007


Inmaculado Fox

Millones de mexicanos iniciaron sus vacaciones con la seguridad de que Vicente Fox irá a sentarse pronto en el banquillo de los acusados. Las primeras planas, editoriales y artículos de opinión de los principales periódicos de este fin de semana, destacaban el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre anomalías por más de 26 mil millones de pesos detectadas en un solo año, el quinto del gobierno anterior.

Lamento pinchar el globo de sus ilusiones.

En cumplimiento de sus funciones el auditor Arturo González de Aragón entregó a la Cámara de Diputados el análisis de la cuenta pública de 2005 que tiene el valor de una observación que, ciertamente, debe ser tomada en cuenta. Pero una observación de este órgano fiscalizador no es sinónimo de una acusación que implique consecuencias administrativas o penales. Las observaciones se solventan a través de las dependencias en este caso responsables de ejercer el gasto que se cuestiona y no a título personal por el ex titular del ejecutivo federal. Es decir, una observación acerca del gobierno de Vicente Fox no implica imputarle la comisión de un delito. Es indicio de una irregularidad administrativa que pudo haber sido provocada por una deficiencia en la aplicación del gasto o por la falta de justificación en el ejercicio de una partida presupuestal.

En el caso de una acusación hacia un ex presidente de la República no existe ninguna referencia jurídica que pudiera determinar una responsabilidad personal para una denuncia como la hecha por la Auditoría Superior de la Federación. El Constituyente del 17, todavía preocupado por la lucha violenta de caudillos, blindó la actuación de los ex jefes del ejecutivo con vallas jurídicas como las de inculpar a funcionarios de menor rango por las irregularidades detectadas en el período de su atribución. Llegaron los legisladores de Querétaro a la cautelosa supresión del delito de violación de la Constitución por parte de un presidente, contenido en la Constitución de 1857.

Va a ser difícil, pues, que por el camino de la ley un ex presidente sea obligado a rendir cuentas y a pagar sus culpas. Pero las democracias ofrecen otros caminos para juzgar no solamente un año sino los seis. Tampoco debe restringirse el escrutinio de la labor del Poder Ejecutivo al balance material de pesos y centavos. A la hora del juicio histórico deben ponerse en la balanza factores no contabilizados por aritméticos y contadores.

La Auditoría Superior de la Federación no toma como un quebranto a los intereses de México, el perdón de 12.5% regalado de manera sorpresiva a las empresas de radio y televisión, dádiva que, públicamente, fue agradecida con un cautivo beso enamorado en una mano de nieve que tenía la palidez de un lirio desmayado.


No entra en la contabilidad lo que el pueblo calificó, con su sabiduría proverbial, como ley Televisa, la cual, por cierto, está siendo revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en abril, a mas tarde en mayo, sabremos a qué atenernos.


En el debe y el haber no entran los excesos familiares en materia de negocios, la violación al artículo 80 de la Constitución que convirtió en pareja el “un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, en quien se deposita “el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión”. La silla se convirtió en cohesión conyugal.

No toma en cuenta el balance auditado las constantes violaciones al espíritu laico que inspira y sustenta al Estado mexicano. La exhibición de símbolos religiosos durante la campaña de Fox y el día mismo de su toma de posesión, la convocatoria a fotógrafos y camarógrafos, locutores y reporteros, para atestiguar los ires y venires de las misas dominicales, rompen la distancia que el laicismo obliga a respetar entre las cosas que son del César y las que son de Dios. Hincarse ante el Papa, acto que somos los primeros en respetar cuando quien se hinca es un ciudadano común, es reprobable y fue reprobado por muchos católicos mexicanos, que lo consideraron impropio de quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución de un país soberano. Y “El Dios los bendiga” con que ponía broche de oro a sus ejemplares discursos contribuía a tratar de convencer a los mexicanos que nada pasa si se viola el muy claro límite entre la Iglesia y el Estado, cualquiera que sea la iglesia de que hablemos en el estado mexicano.

Sobre esto el presidente Felipe Calderón fue cuidadoso en los primeros cien días de su gobierno. Aunque tiene fama de ser más creyente que Fox, se ha abstenido de toda manifestación pública de su propia fe religiosa. No sólo eso: no pierde oportunidad de hablar de Juárez, a quien Fox le rehizo su carroza para enviarlo de paseo durante seis años. Sin embargo, pasados estos cien días el presidente Calderón ha mostrado cierto titubeo en relación con la polémica de la despenalización del aborto. Pero volvamos a Fox.

Después de más de cuatro meses de haber dejado el poder los cadáveres sumergidos empiezan a flotar. El escándalo de la megabiblioteca, por ejemplo, apenas muestra la punta de su iceberg.

El año pasado un grupo de funcionarios y periodistas de Radio Centro fuimos invitados a Los Pinos para hacerle algunas preguntas al presidente Fox. La mía fue si lamentaba algún error cometido por él durante su gobierno o haber dejado de hacer algo que se hubiera propuesto con anhelo profundo. “No cometí ningún error y todo lo que me propuse hacer lo hice”, contestó Fox.

Hoy, cuando su gobierno es cosa del pasado que poco a poco se hace más presente para su desgracia, el blindaje de la Constitución puede ser la coraza de Fox ante la justicia, pero no ante la sentencia popular.

Su plumaje no tiene el repelente de aquel que cruzara los pantanos sin mancharse.