LOS SUEÑOS GUAJIROS DE UN BORRACHO URSURPADOR

Presidencia y país: dos realidades

En el balance formulado ayer por Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal, sobre los primeros 100 días de su gobierno, consideró que se ha superado el clima de inseguridad en el país y la crisis nacional provocada por el proceso electoral del año pasado. Por desgracia, la perspectiva que puede tenerse desde la cumbre del poder político no necesariamente coincide con datos exasperantes que no proceden de la mala fe de oposiciones irreductibles sino de la propia realidad.

En el ámbito del combate a la delincuencia organizada, los asesinatos de policías y los "ajustes de cuentas" entre bandas rivales continúan, incluso en las entidades en las que se han realizado aparatosas movilizaciones policiaco-militares, y el debilitamiento de los cárteles, si es que lo ha habido, no se ha traducido en una mejoría perceptible de la seguridad pública. En el mejor de los casos, los grupos delictivos se trasladan a otras zonas del país para seguir desarrollando sus actividades ilícitas.

Por lo que respecta a la fractura política en la sociedad que dejaron la elección de julio pasado y sus secuelas, es indudable que sus manifestaciones se han hecho menos visibles, por más que no hayan desaparecido, como lo mostró la toma de la tribuna de San Lázaro, ayer, por las bancadas del Frente Amplio Progresista. Con todo, la división y el descontento persisten, al igual que el sentimiento de un amplio sector de la ciudadanía que se siente defraudado por las instituciones y marginado de la vida política. Sería un error confundir la prudencia mostrada hasta ahora por los inconformes con la aparición de un consenso de respaldo al gobierno. A fin de cuentas, las movilizaciones ciudadanas registradas el año pasado en el contexto de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador no fueron nada más una expresión de rechazo a la continuidad y el continuismo representados por las candidaturas de Calderón y de Roberto Madrazo, sino una muestra de hartazgo ante un régimen político agotado, que en muchos sentidos sigue siendo el mismo que heredaron las presidencias priístas, y ante un modelo económico que ha causado estragos incuantificables a la población y al país pero que sigue siendo, hasta el día de hoy, el punto de referencia de las estrategias oficiales.

Un ejemplo claro de estos puntos de vista encontrados y hasta contrarios es el contraste entre el mensaje presidencial de ayer, en el que Calderón enumeró entre los logros de su gobierno la detención de los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), como prueba de la solución de uno de los conflictos que encontró a su llegada a Los Pinos, y el informe especial presentado, también ayer, por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, en el que destacó que los tres niveles de gobierno -el federal, el estatal y el municipal- "violaron en perjuicio de los integrantes de la sección 22 del SNTE, de los integrantes y simpatizantes de la APPO y de la sociedad oaxaqueña en general, los derechos humanos a la libertad, a la seguridad e integridad personal, a la propiedad y posesión, a la legalidad y seguridad jurídica y a la vida". En síntesis, es posible que se haya desarticulado la insurrección cívica protagonizada en meses pasados por maestros y organizaciones populares oaxaqueñas, pero el conflicto en esa entidad persiste, ahora en forma de una grave crisis de derechos humanos e impunidad.