SU MOTE EL FISCAL DE HIERRO UNA MASCARA PARA OCULTAR SU CORRUPCION
Revista Proceso
Fiel a la tradición de impunidad en México, que sigue afianzándose y perfeccionándose con los gobiernos del PAN; amparado en una inmensa trama de complicidades con representantes del Ejecutivo anterior y del actual, y también con empresarios, políticos y funcionarios del Poder Judicial, el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz acumula una cauda interminable de hechos fuera de la ley que, lejos de llevarlo ante la justicia, lo convierten en uno de los grandes intocables del país, expone la edición 1581 de Proceso.
El vuelo 822 de United Airlines, que partió rumbo a Washington el miércoles 31 de enero a las 10 de la mañana, contaba entre sus pasajeros de primera clase a un personaje singular, que con mucha frecuencia entra y sale del país a la vista de todos, en virtud de que es un hombre público muy conocido. Pero esta vez lo hizo en sigilo, con pasaporte diplomático y acompañado, presuntamente, de Luis Mancera de Arrigunaga, el exprocurador fiscal de la Federación, abogado, amigo y exsubordinado suyo.
Se trata de Francisco Gil Díaz, el exsecretario de Hacienda, quien desde hace tiempo se halla bajo el escrutinio público no sólo por su reciente incorporación como “consejero independiente” al gigante financiero inglés HSBC Holdings apenas un mes después de haber dejado el cargo –lo que está prohibido por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos–, sino por una larga lista de pendientes –con la justicia, la sociedad, la ética, la transparencia– derivados de una actuación pública marcada por la impunidad y la sospecha.
Proceso intentó varias veces establecer comunicación con la oficina de Gil Díaz en México. La única respuesta fue el silencio.
La salida de Gil Díaz del país y las condiciones en que la hizo –en sigilo, con pasaporte diplomático y acompañado de un abogado– coincide casualmente con una demanda de arraigo interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la exservidora pública Lilia Cortés García –directora jurídica de la Subsecretaría de Egresos hasta noviembre de 2002--, derivada de la averiguación previa 131/UEIDCSPCAJ/2006, integrada por la dependencia en contra de Gil Díaz por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y desacato, dice Proceso en su edición que circula a partir de este domingo 18 de febrero.