TODO UN MONTAJE LOS RALITY SHOW DE OPERATIVOS ANTIDELINCUENCIA
Un gran montaje
Por:
Javier Ramírez , Reportero
David Casco Sosa
De acuerdo a una fuente oficial, estos desplantes militares-policiacos, en realidad, no buscan erradicar la delincuencia organizada o a cárteles de las drogas, sino proteger a un capo
La jugada es clara y de tres bandas: “Con los operativos que anunció el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en Michoacán, Tijuana y ahora en Sinaloa y Guerrero, se pretende taparle el ojo al macho. Más que buscar detener la creciente delincuencia organizada y el narcotráfico de manera especial en estas plazas, en realidad se quiere privilegiar a uno de los grandes cárteles de las drogas. Y obviamente la otra jugada es que tiene un objetivo político-electoral al pegarle a plazas gobernadas por la oposición. La tercera banda de este juego, es que con estos operativos, el Presidente asienta golpes mediáticos para legitimarse”.
Como “pan y circo” califican fuentes oficiales a los operativos que implementan conjuntamente la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal, utilizando como ariete a la Secretaría de la Defensa Nacional, para! hacerla cómplice del desarreglo que están realizando y responsabilizarla del saldo negativo y ponerse las medallas que resultaren.
“Observen los resultados. En Michoacán –cuna del presidente Felipe Calderón, gobernada por el perredista Lázaro Cárdenas Batel– el operativo arrojó resultados pobres. En Apatzingán detuvieron a Alfonso Barajas Figueroa, presunto lugarteniente del cártel del Golfo en esa zona, y lo presentaron como un peligrosísimo maleante, pero en realidad era un ilustre desconocido. Aún más: La PGR le atribuye el mote de Poncho El Feo y asegura que tenía el control de 35 pistoleros de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo, banda antagónica a la de El Chapo Guzmán”, afirma en entrevista a QUEHACER POLÍTICO una fuente gubernamental de alto nivel.
De acuerdo al entrevistado, que conoce de cerca el modus operandi y el trasfondo de! los publicitados operativos, se está dando continuidad al trabajo de la PGR desde el sexenio pasado: Proteger al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, prófugo del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, desde el 19 de enero de 2001.
La misma fuente precisa que es obvio en dónde está la fortaleza del narcotráfico y la delincuencia organizada. “¿Por qué cuando llegan los operativos a lugares como Sinaloa y Guerrero, y en lo futuro a Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca y otras entidades donde prevalecen los cárteles y sus células, lo anuncian con tanta anticipación?”, se pregunta. Y el mismo da su respuesta: “Pues porque están protegiendo a El Chapo Guzmán y sus lugartenientes, como Ignacio El Nacho Coronel, Juan José Esparragoza Moreno El Azul y otros más”.
Revela la fuente que estamos ante “una ausencia de equidad y claridad. La administración de Felipe Calderóón, con estos operativos anunciados de antemano, no está combatiendo el origen del narcotráfico y la inseguridad, más bien pretende dar golpes espectaculares, de relumbrón, para la prensa y los reflectores, con la finalidad de legitimarse en el poder. Así como Carlos Salinas tuvo su Quinazo, el presidente Calderón busca un trofeo, un golpe mediático, que puede ser la cabeza de algún rival de El Chapo. Eso es lo que se sabe a altos niveles de Gobierno”.
–¿Y qué hay de fondo con la despistolización de la Policía Municipal de Tijuana y su alcalde Jorge Hank Rhon de ser señalado como presunto protector de malos elementos policiacos?–, preguntamos al informante.
– Malos elementos policiacos hay en todas partes, como también los hay buenos. Aquí más bien cabría preguntarse por qué no se aplica el mismo rasero a municipios como Acapulco, Culiacán, Ciudad Juárez, Monterrey, Nuevo Laredo o incluso el Distrito Federal, asiento central de las autoridades federales, donde se sabe existe colusión entre autoridades policiacas y cárteles de las drogas.
“Respecto a Jorge Hank, y sin afán de defenderlo, porque no metería las manos al fuego por él, la idea es tratar de comprobar sus presuntos ilícitos –ya sea en sus casas de apuestas, su descomunal riqueza o la presumible protección a servidores públicos corruptos–, para minarlo ahora que ya se destapó como precandidato del PRI en busca de la gubernatura de Baja California”, indica.
La conclusión de la fuente es determinante: “Lo que buscan estos operativos, en realidad coordinados entre PGR y Sedena–la SSP federal sólo va de apoyo y Gobernación sirve de comparsa– es allanarle el camino a un gran cártel, y qué mejor manera que pegándole a sus rivales y deteniendo a uno que otro delincuente de poca monta. Eso es lo que estamos viendo.
Por otro lado, recuerden que este año se renuevan las gubernaturas de Michoacán y Baja California; el PAN quiere recuperar territorio, y los cárteles no perder el suyo y ganar otros, son intereses en común...”.
Tras estas revelaciones, QUEHACER POLÍTICO buscó la opinión de especialistas para conocer si son factibles estas afirmaciones y escenarios.
En la administración del presidente Calderón, “tengo la impresión de que se va a favorecer a un grupo y se va a tratar perjudicar a otro, aunque se puede intuir, será una complicación”, asegura Fernando Tenorio Tagle, doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Azcapotzalco.
En entrevista con este semanario, dice que como sucede a menudo, “algunos cárteles vienen a ser afectados en una administración gubernamental y otros vienen a ser beneficiados; esto podría dar margen a intuir en el trato de algún tipo de pacto”.
Y ejemplifica: “Podría ser el cártel de Sinaloa y también el del Golfo, todas esas partes estarían un poco impunes y, como sucede a menudo, no podemos negar que miembros de las instituciones forman parte del crimen organizado”.
Aclara que “no trato de imputarle esto a un triste Presidente, a un procurador, pero miembros del sistema penal forman parte del crimen organizado. No es una casualidad que muchos ejecutados hayan sido miembros de los cuerpos policiacos federales, quienes son carne de cañón para cualquier cártel. Ellos son los primeros que van a atacar o matar si no cumplen con sus instrucciones”.
El crimen organizado “integra a miembros del sistema penal, de lo contrario no sería exitoso, y esta es una suposición bastante razonable acreditada desde los años 30 en la Unión Americana y se comporta de manera mundial; al profesionalizar al sistema penal profesionalizamos al crimen organizado también; mandamos operativos a cierta región y enviamos al crimen organizado a cierta región”, enfatiza Tenorio Tagle.
El especialista en materia de Seguridad Pública acota que “estamos a punto de cumplir un siglo de la prohibición de las drogas, mundialmente hablando, y no se ha descubierto un jefe real que con su detención se haya terminado con el problema social construido con el tráfico de drogas, al contrario, tiende a incrementarse día con día”.
Inmortaliza que en Italia, con 60 millones de habitantes, las transacciones del narcotráfico que se verifican diariamente son de un millón, “y nosotros, como parte de la periferia por supuesto, con una población mucho mayor, se puede intuir que nuestras transacciones son equivalentes”.
Y pregunta: “¿Quién va a detener esta cuestión que económicamente es muy productiva, bastante delicada e involucra a amplios márgenes de corrupción entre los narcotraficantes y las instituciones estatales?”.
Reconoce que si empezamos a contar los resultados, estos serán mucho muy negativos. “El presidente Fox inició sus actividades y prometieron peces gordos en la Contraloría y dejaron pasar los Amigos de Fox y Pemexgate y nunca pasó nada; al final de cuentas se dijo que iban acabar con el narcotráfico, y el sexenio terminó con personas decapitadas, lo mismo está sucediendo actualmente”.
Al preguntársele si la Federación juega con la ciudadanía al hacerle creer que van acabar con el narcotráfico, el investigador responde: “Esto ha pasado administración tras administración, y no sólo en México, es una cuestión que se repite en Europa, en Estados Unidos y en América Latina”.
El doctor e! n Derecho y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, comenta que los operativos antinarcóticos “son una medida anunciada desde hace tiempo para darle fortaleza a las Fuerzas Armadas, particularmente las que se van a concentrar en la disciplina del Estado, como es la cuestión de la contratación de las fuerzas en la Secretaría de Seguridad Pública federal y, por otro lado, amedrentar no al narcotráfico, sino a movimientos sociales, como es el caso de Oaxaca o el de San Salvador Atenco”.
Asegura que el combate al narcotráfico “es una acción para obtener cierto consenso de la ciudadanía para que se pueda hacer algo, pero la realidad está encaminada a afectar los movimientos sociales que manifiestan su inconformidad, y esto es lo que sucedió tanto en San Salvador Atenco como en Oaxaca”.
Indica que el Gobierno federal realiza los operativos con el prop&oacut! e;sito de tener “políticamente cierto consenso, de que ! se vea q ue se está haciendo algo contra un problema serio, porque la vida de un policía, corrupto o no, o la vida de un narcotraficante, delincuente obligado o no, es tan valiosa como la de cualquier otro ciudadano”.
Asevera el catedrático que las autoridades “van a resolver otros problemas construidos por el poder estatal como manifestaciones sociales, o sea la policía va a poder resolver el problema de la APPO, de Atenco, y otros similares que lleguen a presentarse, pero el narcotráfico no creo que tengan posibilidad de hacerlo, ni el interés real en hacerlo”.
“Es un mensaje al pueblo, donde las clases superiores, no hay duda, aquellos que condicionalmente dicen que la van a pasar con la clase bien, están muy contentos de todo lo que se hace, pero segmentos inferiores de la sociedad, económicamente hablando, también estarán tratando de disciplinarse a las nuevas instrucciones del Gobierno federal.
“Me parece irónico y ridículo que en Baja California haya ganado el PAN y ahora estén atacando al narcotráfico, sin resolver ningún caso”, agrega, a la vez que estima que los anuncios en la televisión “no van a funcionar, pero es el lucro del propio Gobierno y sus participantes y con quienes haya pactado tronar esta elección, a pesar de lo que digan y lo que expresen en sus líneas editoriales los medios de comunicación más importantes como Televisa y TV Azteca. La ciudadanía tiene dudas de quién ganó la elección, todo esto es un indicativo de que vamos a disciplinar a cualquier posibilidad de disidencia y las personas estarán contentas a final de cuentas”.
Un Presidente que “empieza a tener fuerza con una voz fuerte, que no es tan fuerte, con una voz firme que no es tan firme, y con un secretario de Gobernación que parece modesto, pero es muy fuerte, con un secretario de Seguridad Pública que también parece modesto, pero que es muy fuerte y militarizan al país para resolver el problema del narcotráfico, parece ridícula e ingenua esta suposición, se militariza por razones sociales”, comenta Tenorio Tagle.
Acota que los países pobres “tienen más número de policías que los países ricos, desde una acción como la que pretende demostrar el Gobierno actualmente es señalar donde hay más pobreza hay más delito, y por lo tanto necesitamos más policías”. Sin embargo, abunda, donde hay “más pobreza no es que haya más delitos; hay mayores reclamos sociales al poder estatal, entonces necesitamos más policías para reprimir estas demandas sociales.
“Un Gobierno que se anuncia no funciona, pero a nadie le importa, pasamos de una crisis política evidente desde hace tiempo al pesimismo e incredulidad total”.
Esos recursos (destinados a los spots) sirven políticamente para sostener un poder, intimidando a la ciudadanía, no al narcotráfico, sino a la ciudadanía. Por eso, proseigue, “estamos muy tristes por todo lo que está sucediendo en el país”.
“Es aventurado emitir una opinión sobre si con los operativos del naciente Gobierno de Calderón se intenta allanar el camino del cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán”, opina el legislador perredista Andrés Lozano Lozano, quien sin embargo indica que en los últimos dos sexenios en México, el Gobierno federal ha defendido los intereses de grupos de narcotraficantes y atacado frontalmente a otros cárteles de la droga para aparentar la existencia de resultados concretos en el combate al narco.
El diputado del Sol Azteca e integrante de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, recuerda en entrevista que en los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox dejaron actuar a algunos capos del narco, y “con Calderón, cuando las autoridades hablan de las detenciones y los resultados y el número de capos que han detenido, y se confronta con la gente en la calle, tenemos exactamente el fenómeno de que es ahí donde ha venido aumentando la droga, la venta, el involucramiento de menores, la venta de estupefacientes, el perfeccionamiento”.
Lozano Lozano afirma que las acciones del Gobierno “sin duda tienen un efecto mediático, tienen un impacto, lo dan a conocer con anterioridad, el señor Calderón se enfunda en un traje militar haciendo una apariencia de control y contacto directo”.
El diputado perredista considera que los operativos que lleva a cabo el Gobierno federal han sido “muy anunciados, con bombo y platillo” antes de llegar a las plazas con “cierta efectividad”, mientras permanecen en el estado y generan un éxodo momentáneo (efecto cucaracha) de un lugar a otro sin atacar el problema de fondo, como a los capos del narcotráfico.
“El señor Calderón, al principio de su mandato, inicia con estas actividades en Michoacán y Baja California como una estrategia política con acciones muy concretas”, continúa el legislador perredista integrante de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados.
Duda de la efectividad de la intencionalidad política con los operativos, ya que, asegura, la ciudadanía está cada vez más perceptiva y se da cuenta de las acciones concretas que lleva a cabo cada administración. Los operativos, abunda, generan presencia, pero hay que decirlo, si esos estados se encuentran en esas condiciones es por el abandono que han sufrido por parte del Gobierno federal.
Manifiesta que el narcotráfico “no es un asunto de policías y ladrones, y no es con la la sola presencia, necesitamos ver qué se está haciendo de fondo, cómo se invierte en educación, en la cultura, y lo vimos reflejado en el presupuesto donde disminuye la participación de Seguridad Pública en el presupuesto de los estados, aumentan y concentran a la Secretaría de Seguridad Pública federal la mayor parte del presupuesto”.
De Calderón, “esperamos acciones más concretas y más serias en el inicio de un Gobierno, a fin de penetrar de manera directa hacia la parte de la educación; entrarle de fondo al problema y no únicamente dejarlo en una cuestión de policías y ladrones, pues con operativos no vamos resolver el problema del narcotráfico”.
El diputado federal panista Obdulio Ávila Mayo desconoce “si va a haber un operativo contra ellos (el cártel de Sinaloa), lo único que tengo son indicios de que probablemente se continúe en Sinaloa y en Guerrero” con operativos como los aplicados en Michoacán y Tijuana.
El legislador, entrevistado por QUEHACER POLÍTICO, indica que “la misión del Estado mexicano es luchar contra todos los cárteles que operan en el país y empezar por los más poderosos”.
Al preguntársele sobre el por qué no ha sido detenido Guzmán Loera, reconoce: “No he estado de cerca con información de la Procuraduría, de la AFI o PFP para señalar el grado de dificultad o facilidad para el tema de El Chapo”.
En la opinión de Ávila Mayo, los operativos Michoacán y Tijuana son reconocibles como un esfuerzo del Gobierno federal por combatir con mayor fuerza al fenómeno del narcotráfico en la República Mexicana.
Justifica el anuncio de las acciones del Gobierno federal, pues “más que avisarles, siempre se sabrá cuándo existe una operación, no pueden ser secretas, tiene que avisarse a las autoridades (loca! les) y a la población de las operaciones”.
Juzga como un “a vance significativo la reducción de las actividades de narcotraficantes en Michoacán y en el municipio de Tijuana, Baja California”.
Admite que con estas operaciones de ninguna manera desaparecerá el problema del narcotráfico y narcomenudeo en el país, pero son acciones que tienden a inhibir, a disuadir a estos delincuentes de las actividades ilícitas.
Remata el diputado blanquiazul: “Y como dijo el Presidente de la República, faltan varios años y varias vidas para que el país pueda decir que se ha avanzado en grados importantes en esta actividad delictiva. De ninguna manera es echar las campanas al vuelo, y cuando me preguntan si es una campaña mediática del Presidente de la República, haga lo que haga siempre es mediático y sea quien sea”.