EL ESPURIO Y ULISES RUIZ EMPARENTADOS

La mano dura

josé gil olmos

México, D.F., 29 de noviembre (apro).- La detención de 171 personas en Oaxaca en sólo un día, luego de la refriega del sábado 25, es la señal más clara de que el gobierno de Ulises Ruiz y de Felipe Calderón ya se emparentaron en la aplicación de la fuerza bruta, en lugar de la negociación, como vía de salida al mayor conflicto político social que ha tenido el país en las últimas décadas. Al mismo tiempo es el anuncio de la incomprensión en que caerá la administración claderonista en la resolución de los problemas nacionales en los próximos seis años.

Nunca antes en la historia del país se había reprimido tanto a un movimiento popular como en el caso de Oaxaca. En 1968 y 1971 los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverria Álvarez decidieron aplicar la mano dura en contra de un movimiento estudiantil y magisterial que, para ellos, eran la amenaza del comunismo y la desestabilización social, aunque en realidad no tenía estos alcances ni pretensiones.

En aquel entonces el régimen totalitario y dictatorial priista hizo uso de la fuerza del Estado y reprimió a los maestros y estudiantes provocando la muerte de cientos de personas, muchas de ellas ajenas al movimiento estudiantil. Hoy la historia parece repetirse, pero con un gobierno aparentemente democrático como es el de Vicente Fox y su continuidad representada por Felipe calderón, que han decidido reprimir el movimiento que actualmente encabeza la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el cual pide la restitución de la gobernabilidad en del estado mediante la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.

La APPO se ha declarado desde el principio como un movimiento popular ajeno a la lucha armada, que pide mejorar las condiciones de vida para los pobladores de Oaxaca y, en últimas fechas, para todo el país. En tanto movimiento social público, la directiva de este conglomerado de asambleas populares decidió desde el principio dar la cara, es decir, no usar el pasamontañas, y conducir todas sus acciones por la vía legal y pacífica.

Las acciones violentas que hemos visto en estas ultimas semanas tuvieron como origen el intento de represión por parte del gobierno de Ulises Ruiz, quien el 14 de julio intento desalojar con la fuerza policial a los simpatizantes de un movimiento de inconformidad social y magisterial que se plantaron en el Zócalo oaxaqueño en demanda de su renuncia, luego de haber demostrado ser un gobernante corrupto y represor.

Ese intento de desalojo dio origen al nacimiento de la APPO. A partir de ahí la sociedad oaxaqueña se manifestó como no se había visto en el país, mediante la instalación de barricadas en diversos puntos de la capital del estado, de manifestaciones, marchas y cierre de carreteras en diversas regiones de la entidad.

Seis meses ha durado el conflicto en Oaxaca y lo que comenzó como una expresión de inconformidad de los maestros por sus bajos salarios, se convirtió en todo un fenómeno de movilización popular en el que participan lo mismo colonos, defensores de derechos humanos, maestros, niños de la calle, como agrupaciones campesinas, indígenas, sindicales y estudiantiles. Esto es, una verdadera manifestación social que de inmediato llamó la atención nacional e internacional.

Tal vez por eso es que el gobierno estatal y el gobierno federal decidieron terminar con este movimiento desarticulando su estructura y descabezando su directiva a través de una estrategia policíaca militar, en la que participan la Policía Federal Preventiva y la Ministerial de Oaxaca, bajo las órdenes del teniente Ardelio Vargas.

Esta estrategia tiene puntos muy claros: primero se decidió girar órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes; luego se estableció una red de espionaje para ubicar todos sus domicilios y detectar sus movimientos, así como a los miembros de su familia; después se infiltraron con provocadores.

La segunda fase fue más cruenta: dio inicio la persecución, se crearon grupos paramilitares que se dedicaron a disparar a quienes resguardaban las barricadas provocando la muerte de 17 personas, entre ellas el periodista independiente Bradley Ronald William. Además, se creó una fiscalía especial itinerante como instrumento legal para detener de manera arbitraria a los participantes de las marchas.

La tercera fase fue de mayor fuerza: a raíz de las manifestaciones del 2 y 25 de noviembre, se realizaron detenciones masivas, torturas como en la década de los 70, en la llamada guerra sucia, en la que a los manifestantes se les colocaba como "sediciosos" y se les torturaba con golpes, picana, toques eléctricos en los testículos y lengua, así como amenazas de ser arrojados desde helicópteros al mar.

Para el gobierno federal y estatal, los miembros de la APPO pasaron a ser terroristas y como tales fueron tratados. En un par de días fueron detenidas 171 personas, muchas de ellas ajenas al movimiento, y fueron enviadas al penal de alta seguridad El Naranjo, en Nayarit, en calidad de "reos de alta peligrosidad".

El operativo de represión fue coordinado por el teniente Ardelio, quien se hizo responsable de la coordinación de las fuerzas policíacas estatales y federales. Las detenciones en barrios y colonias comenzaron a realizarse sin ningún, miramiento mediante operativos especiales realizados por agentes entrenados para enfrentar a la delincuencia organizada y el terrorismo.

Hoy la directiva de la APPO vive a salto de mata. Todas las noches cambian de domicilio para no ser aprendidos. Sus familiares han salido del estado huyendo de los operativos de detención y allanamientos en domicilios particulares. La persecución a que son sometidos por el Estado no se compara con la que deberían de aplicarse al narcotráfico.

Esta estrategia de represión a un movimiento popular es la muestra de la mano dura con la que Felipe Calderón piensa gobernar el país. Al mismo tiempo es la señal de que no le importará asociarse con personajes siniestros como Ulises Ruiz. Total, para su concepto de democracia, el pragmatismo es lo más importante.

Revista Proceso