LOS OPERADORES POLITICOS DEL PAN HACEN DE OXACA UN BOTIN PARA EL ESPURIO
Oaxaca, botín para Calderón
Ana Lilia Pérez / David cilia, fotos / enviados
Políticos cercanos a Felipe Calderón operaron un plan para capitalizar el conflicto en Oaxaca con vías a legitimar su toma de posesión el 1 de diciembre, mientras en el estado las agresiones hacia los manifestantes y la sociedad civil se desborda
Oaxaca, Oax.— La solución al movimiento del magisterio y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue visto por el equipo de Felipe Calderón como un acto ideal mediante el cual el panista podría legitimar su llegada a la Presidencia el próximo 1 de diciembre, y subsanar en algo el descontento que dejaron los resultados de las pasadas elecciones federales.
La idea era cooptar a la dirigencia de la APPO, misma que a raíz de la agresión contra el magisterio se convirtió en el frente con mayor peso dentro del movimiento.
En la operación, tanto políticos ligados al viejo priísmo como al PAN —más precisamente a Felipe Calderón— acordaron “administrar” el conflicto para legitimar al presidente electo. Participaron, entre otros, la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo; el ex gobernador de Oaxaca, Pedro Vásquez Colmenares, y el coordinador panista en el Senado, Santiago Creel Miranda.
La idea fue de Vásquez Colmenares, quien junto con sus hijos se ha convertido en funcionario y asesor de Vicente Fox.
En agosto pasado, cuando en Oaxaca se vivían días críticos dentro del movimiento de resistencia, Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán, delegado regional del ISSSTE, buscó a Felipe Martínez Soriano, ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO) vinculado con el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos.
Colmenares hablaría con Soriano de la basificación (que durante años ha solicitado) del puesto como pediatra de una Unidad de Medicina Familiar en la capital oaxaqueña, en donde trabaja contratado como médico eventual, desde que regresó luego de su excarcelación.
A pesar de más de dos décadas de servicio, el ISSSTE le negó la base, supuestamente como continuidad a la represión que Martínez Soriano ha padecido por sus nexos con el grupo guerrillero PROCUP (Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo), que durante la década de los noventa dio origen al EPR (Ejército Popular Revolucionario), grupo armado del que versiones oficiales señalan a Martínez Soriano como su principal ideólogo.
La idea del equipo de Calderón Hinojosa era atraer a la APPO, mientras que los legisladores panistas decidirían el momento idóneo para concluir el conflicto con la salida de Ulises Ruiz Ortiz, siempre con miras a la toma de posesión de Calderón.
En tanto panistas y priístas hacían sus “amarres”, el conflicto se desbordaba porque las agresiones contra los militantes de la APPO se intensificaban, y quienes arremetían contra las barricadas eran los pistoleros al servicio del gobernador Ulises Ruiz.
Los asaltos han dejado a la fecha nueve muertos, cientos de heridos, múltiples detenidos arbitrariamente, y maestros “apistas” y ciudadanos comunes encarcelados extrajudicialmente.
En entrevista, Martínez Soriano confirma la trama y recrea la petición de Bernardo Vázquez Colmenares:
—“Sabemos que usted tiene influencia en la APPO” —escuchó Martínez Soriano del otro lado de la línea telefónica.
Conciliador, Bernardo insistió: “Sabemos que usted tiene injerencia en la APPO y lo que yo quiero es que nos sentemos a negociar”.
—¿Por qué me pide eso si yo no soy dirigente de la APPO?
—“Pero usted tiene manera de decirles que vengan con usted y platicamos”.
—Yo puedo decirles, eso si no me cuesta, puedo ir a una asamblea y le digo a alguno de los dirigentes que pasen a hablar con usted.
—El plan es éste: tenemos buena relación con Santiago Creel, y la profesora Elba Esther Gordillo puede participar en esto, incluso el presidente electo.
—¡Oiga, pero esta es una situación que no está a mi alcance, política e ideológicamente, porque usted sabe quién soy yo, además el padre de usted estuvo conmigo discutiendo aquellos problemas de resolución para la Universidad!
Martínez Soriano agrega que en efecto, su papel se limitó a informar a la dirigencia de la APPO la intensión de los políticos ya señalados para reunirse con los dirigentes del movimiento y llegar a “negociar”. Agrega que un dirigente de la APPO —no da su nombre— le indicó que considerarían la propuesta.
“El compañero me dijo: 'vamos a plantearlo, pero no creo que se dé'. Manejamos algunas cosas de ciertos senadores, y estuvimos viendo que el problema está, y cuando está un problema así se puede dialogar con cualquiera, así sea el diablo, pero no vender nuestra conciencia”.
Martínez Soriano es un hombre reservado. A sus 79 años, el médico pediatra originario de la zona zapoteca de San Andrés Zautla, parece más lúcido que nunca. Convertido en un símbolo de la lucha social, el legendario normalista, junto con su esposa Josefina, encabezaron la marcha de más de 5 mil oaxaqueños que viajaron a la ciudad de México para exigir la salida de Ulises Ruiz.
Aun en las esferas más derechistas del poder en Oaxaca, Martínez Soriano es considerado un ejemplo de luchador social, idealista y sobre todo víctima del Estado mexicano, torturado en el Campo Militar Número Uno por Miguel Nazar Haro y luego encarcelado nueve años durante el gobierno de Carlos Salinas.
Martínez Soriano, quien fue víctima de la mano dura de Vázquez Colmenares como titular de inteligencia del gobierno mexicano, recuerda aquel encuentro al que hiciera referencia a Bernardo Vázquez:
“Cuando yo era rector de la Universidad, me mandaron llamar urgentemente de Gobernación para resolver el grave problema que había en Oaxaca. Fui junto con cuatro miembros del Consejo Universitario. Cuando llegamos ya estaba allí gente de la Dirección Federal de Seguridad (encabezada por Miguel Nazar Haro); nos llevaron a un restaurante entre Isabel la Católica y 5 de Mayo. Allí estaba Vázquez Colmenares, Eliseo Jiménez Ruiz, Heladio Ramírez López.
“Vázquez Colmenares me dijo: Vamos a ser breves, es para ver quien de los que estamos aquí le gusta para que sea gobernador de Oaxaca. Respondí: Yo no puedo resolver ese problema, no es mi forma y ni lo he solicitado”.
—Así es Gobernación —asienta Martínez Soriano.
Respecto a la propuesta de que Calderón se adjudicara la solución al conflicto, asegura: “Es para tener credibilidad y futuro político. Para que Creel y Calderón digan yo resolví el problema de Oaxaca. El ego de un funcionario es resolver un problema para tener credibilidad y futuro político, les gusta resolver el problema de Oaxaca, les va a dar ciertos adeptos, van a tener el apoyo, buscaron el apoyo”.
—¿Le hicieron ofrecimientos a cambio de que usted interviniera?
—Nada, ninguno, saben que yo no aceptaría. Uno ha vivido cosas muy serias, mucho muy serias. —La frase queda entrecortada, la voz firme se desvanece. El mismo día en que Vázquez Colmenares le diera el mensaje, Martínez Soriano descubrió el engaño:
“Pregunté al director de la clínica se era verdad que el delegado (del ISSSTE) le había enviado los documentados para arreglar mi base. Me dijo que no, que él no sabía nada”.
Nueve años preso en el Reclusorio Norte, la Penitenciaria de Santa Marta Acatitla y La Palma, excarcelado apenas en 1998, Martínez Soriano afirma que el Estado no puede condenarlo dos veces por el mismo delito, —¿o sí?—.
Poder del Estado
Desde los primeros días de resistencia del conflicto en Oaxaca, la inteligencia tanto del poder federal como estatal tendieron una red de espionaje y acoso contra Martínez Soriano, su medio hermano Francisco Martínez Nery, actual rector de la UABJO, el secretario particular de éste, Eduardo Martínez (hijo de Abraham Martínez Alavés), y al propio Martínez Alavés (también ex rector de la UABJO), considerados como ideólogos y dirigentes del movimiento de la APPO.
El acoso llegó a tal grado que antes de que Vázquez Colmenares buscara a Martínez Soriano para acercar la APPO con Calderón, la organización Oaxaca en Paz montó una campaña contra los dirigentes de la APPO en una página de Internet, mediante la cual alentaba a los habitantes de Oaxaca a lanzarse contra sus dirigentes, y a detenerlos "donde los ubicaran", incluidos sus domicilios.
La página de Internet incluía nombres y fotografías de los dirigentes: Flavio Sosa Villavicencio, Felipe Martínez Soriano, Rosendo Ramírez Sánchez, Rogelio Pensamiento Mesinas, Miguel Ángel Schultz Dávila, Hugo Eloy Sánchez y los profesores de la UABJO Abraham Martínez Alavés y Mario Gerardo Hernández Martínez.
También la fotografía de José Jiménez Colmenares, el mecánico asesinado el pasado 11 de agosto, cuando la marcha del magisterio y la APPO fue atacada por un grupo de policías, marcada con una equis color rojo con la leyenda "Éste ya cayó".
Oaxaca en Paz se dedicó a distribuir carteles y calcomanías, mediante una campaña similar a la montada por Felipe Calderón durante el plantón en el Zócalo en el Distrito Federal, en favor de Andrés Manuel López Obrador. También carteles entre los negocios del Centro Histórico, los automovilistas y en todas las colonias de la zona urbana de Oaxaca.
El hecho fue calificado por Flavio Sosa como "una convocatoria a que nos asesinen". El aparato de inteligencia estatal fue quien le puso precio a la cabeza de los dirigentes de la APPO.
Alrededor de la UABJO y de sus funcionarios se montó también el aparato de inteligencia y persecución gubernamental. Las golpizas y persecución que hasta el momento se registran contra los jóvenes estudiantes que participaron activamente en las distintas estaciones de radio utilizadas durante el movimiento.
La detención y encarcelamiento extrajudicial del estudiante Pedro García García en la prisión de Tlacolula, donde a base de torturas se le obligó a firmar declaraciones en las que involucra al rector Martínez Neri en actividades guerrilleras, junto con Abraham Martínez Alavés (Contralínea 66).
Abraham Martínez Alavés fue director de la Facultad de Derecho y rector de la UABJO. En la década de los noventa fue detenido por sus presuntos vínculos con el Procup, fue diputado estatal y fungió como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Un operativo de Estado se montó en la Facultad de Derecho de la UABJO, de donde salieron los cuadros de la APPO, contra la dirigencia del Frente Popular Revolucionario (FPR), como extensión de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que opera también en la Sección 22 del SNTE.
El acoso se hizo extensivo al director de la Facultad de Derecho, Jesús Villavicencio, por su parentesco con Flavio Sosa Villavicencio, de quien es primo, pero además porque aunque no se manifestó abiertamente a favor de la APPO, permitió que reuniones de la Asamblea se hicieran en la Facultad y que la Asamblea Popular usara Radio Universidad.
Ulises Ruiz infiltró a la UABJO con un grupo de porros manejados por la ex rectora Leticia Mendoza Toro, mamá del diputado priísta local Nahum Mendoza Carreño.
Los porros a sueldo de Ulises, son estudiantes matriculados también en la Facultad de Derecho, pero que al mismo tiempo operan a sueldo de la Policía Judicial del estado e incluso portan placas de esa dependencia.
En la UABJO, antes de que iniciara el movimiento de la APPO, el negocio de estos jóvenes era la extorsión a los estudiantes y la venta de matrículas operadas por Mendoza Toro, según denunció un grupo de estudiantes de dicha universidad.
Con el conflicto, el trabajo que se les encomendó, supervisado por el diputado local Nahum Mendoza Carreño, fue agredir a integrantes de la APPO y “crear confusión”.
Tres de ellos: Alejandro Núñez, alias El Perro; Carlos, alias El Krosty, y Marcos Mateo Esteba Cruz, alias El Aladín, fueron identificados como quienes balearon al grupo de la APPO que verificaba que el Centro de Protección Ciudadana (Ceproci) no estuviera operando, para que la comisión especial de senadores verificara la ausencia de poderes en Oaxaca.
De los cuatro baleados, dos eran también estudiantes de la UABJO: Salvador y Juan, estudiantes de la Facultad de Derecho y de Economía, respectivamente.
Derivado de estos hechos, aunque Martínez Neri no hizo abierto su apoyo a la APPO, el estudiantado de la UABJO decidió hacer un paro —el pasado 12 de octubre, en apoyo a la Asamblea Popular y en repudio a Ulises Ruiz, y a las agresiones de los porros a sueldo, que actualmente operan como policías judiciales.
Los operadores de Calderón
Representante del viejo priísmo, Pedro Vázquez Colmenares fue gobernador de Oaxaca entre 1980 y 1985, hasta que Miguel de la Madrid Hurtado lo nombró titular de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Disen), que más tarde se convertiría en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con Heliodoro Díaz Escárrega, como su mano derecha.
El conflicto en Oaxaca provocó también la división en el interior del Cisen, entre los operadores de Vásquez Colmenares y de Heliodoro Díaz Escárrega, pues ambos trabajaron para conocer las entrañas del movimiento disidente, cuenta una fuente cercana a ambos.
Vázquez Colmenares pagaba así a Elba Esther Gordillo los favores que le concedió por medio de Benjamín González Roaro, quien colocó a sus hijos Pedro y Benjamín Colmenares en puestos clave del ISSSTE. Desde enero de 2001 Pedro Vázquez Colmenares Guzmán es subdirector General de Finanzas, y Benjamín delegado regional en Oaxaca.
Los nexos más claros con el calderonismo se dan con su hija Ana Isabel Vázquez Colmenares, asesora de Luis Carlos Ugalde, durante el cuestionado proceso electoral que benefició a Calderón Hinojosa, ex asesora también en Los Pinos con Vicente Fox.
La red de políticos que operaron el caso Oaxaca como botín para Calderón, está unida por los encubrimientos mutuos de actos de corrupción en distintos niveles de la administración pública.
Uno de estos es la desviación de recursos por más de 6 mil millones de pesos en el ISSSTE que descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Fondo de Préstamos Personales que manejó la administración de Benjamín González Roaro.
De acuerdo con trabajadores del ISSSTE, parte de estos recursos fueron a parar a la campaña de las pasadas elecciones del partido Nueva Alianza, formado por Elba Esther Gordillo, proceso en el que González Roaro obtuvo la senaduría. El operador de estos recursos fue precisamente Pedro Vázquez Colmenares Guzmán.
Las operaciones de esta familia que capitalizó el conflicto incluyen a Genaro Vázquez Colmenares, hermano del ex gobernador y diputado local por Convergencia, quien se encargó en Oaxaca del “trabajo sucio” contra López Obrador en las pasadas elecciones del 2 de julio.
A finales de junio, a unas semanas de las elecciones, Genaro Vázquez presentó una denuncia contra la propia dirigencia de su partido en el estado, encabezada por Alberto Esteva Salinas y contra el entonces candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Gabino Cué Monteagudo, por supuestos delitos electorales y peculado.
La dirigencia nacional de Convergencia, lo tachó de “esquirol” e inició un proceso interno en su contra para suspenderle sus derechos y expulsarlo, proceso que continúa abierto.
Simulación panista
Raymundo Carmona, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostiene que el PAN capitalizó el movimiento en Oaxaca y que la dilación para definir la caída de Ulises fue "para bajarle al tema de la temperatura nacional derivado de las elecciones".
El ex alcalde de Pochutla y dirigente actual del PRD en el estado habla de la estrategia usada por el PAN en el caso Oaxaca:
"La visita de sus senadores fue una faramalla, la caída de Ulises ya estaba negociada en su partido, pero quisieron 'camuflagear' las cosas para simular que ellos podían arreglar el conflicto. Lo alargaron para desviar la atención del fraude en las elecciones, mientras daban atole con el dedo a los oaxaqueños".
Aunque era evidente que ninguno de los poderes de gobierno en Oaxaca trabajó durante el conflicto, el plan de Acción Nacional, agrega, fue alargar el problema y enrarecer el panorama de forma tal que su intervención fuera más destacada.
Sin embargo, dice Carmona, la operación del PAN podría resultarles contraproducente, con la reproducción de asambleas populares en Chiapas, Michoacán, Guerrero y Tabasco, a partir de que en junio pasado surgiera esta figura en Oaxaca, frentes ciudadanos que, dice Carmona, no legitimarán a Calderón, sino a López Obrador el próximo 20 de noviembre.
Carmona dice que el tejido social de Oaxaca está deteriorado al máximo, derivado de que no se ha tenido ningún gobierno que responda a los intereses de la sociedad.
"El conflicto se capitalizó a favor del PAN. Se enrareció el panorama de manera tal que se involucraron actores políticos que no estaban involucrados”. Y luego, todo se desbordó.
Las pifias de Ruiz
Con el chantaje público de los legisladores del PRI de que la destitución de Ulises ponía en riesgo la toma de posesión de Felipe Calderón, el conflicto en Oaxaca se dejó crecer en niveles insospechados y con efectos más allá de la salida del gobernador.
Funcionarios del gobierno de Ulises que piden el anonimato, señalan que uno de los principales errores del gobernador fue integrar como secretario de Gobierno a Heliodoro Díaz, señalado en la entidad como "policía del Estado", y cuya presencia agravó el conflicto.
Gente afín a Díaz Escárrega señalan que la imposición de éste a Ulises Ruiz se "sembró" desde la dirigencia del PRI nacional, y que fueron personajes como Jorge Franco quienes no dejaron "operar" a Díaz Escárrega.
Lo cierto es que Díaz Escárrega se integró (en julio pasado) como último recurso que tenía Ulises para salvar su gobierno, luego del desastroso y violento desalojo del magisterio el 14 de junio, confiado en sus nexos con el aparato de inteligencia del Estado. Al final, Díaz Escárrega no incidió sobre el aparato de inteligencia de Gobernación a favor de Ruiz, pues el Cisen respondía ya a otros intereses.
"Heliodoro Díaz llegó con grandes expectativas de que iba a resolver por su experiencia con los movimientos en Oaxaca, pero no logró la interlocución que esperaba con los líderes del movimiento. La posición de la APPO de no negociar con ningún funcionario local le cerró las puertas", explica Isidoro Yescas Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABJO y ex consejero electoral del IFE.
La historia de Díaz Escárrega en Oaxaca es la de un político que en sus años de juventud participó como principal activista en el movimiento estudiantil que llevó a la salida del entonces gobernador Manuel Zarate Aquino.
En sus años como estudiante, para exigir la caída de Zarate Aquino, Díaz Escárrega incurrió en exactamente las mismas prácticas de la APPO, en un movimiento encabezado por Rafael Gasga Iturribarría; para exigir la salida de Ruiz, como los plantones, toma de camiones y quema de transportes, las marchas al Distrito Federal. Gasga Iturribarría era el ideólogo y Díaz Escárrega el organizador y operador del movimiento.
Sus compañeros de lucha de aquellos años, como Jaime Mayoral Gómez lo recuerdan así: "Heliodoro fue mi compañero, en el 74 agarramos dos patrullas de la policía para que la destruyera el pueblo. Junto con Gasga fundaron la Coceo, que era de las organizaciones más combativas. Quiso ser presidente de la Federación Estudiantil Oaxaqueña, pero no se lo permitimos porque era de las juventudes priístas".
Heliodoro Díaz fue uno de los dirigentes estudiantiles cooptados por el gobierno federal desde los años de gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Lo siguiente que sus compañeros de la UABJO supieron de él fue su arribo a Oaxaca como secretario de Gobierno de Vázquez Colmenares, y luego su ingreso al Disen con el ex gobernador.
Sin embargo, Felipe Martínez Soriano sostiene que desde sus años de estudiante, Heliodoro Vázquez operaba como infiltrado de la policía por la tradición priísta de su familia, pues su abuelo fue gobernador de Oaxaca.
Celestino Alonso Álvarez es un hombre reservado, serio, casi inmutable. Su larga trayectoria política lo llevó a trabajar en la Secretaría de Gobierno junto a tres gobernadores en Oaxaca, el último, José Murat, del que se desempeñó como secretario de Gobierno.
Celestino reclama que la federación haya dejado crecer el conflicto pues, dice, más allá de las negociaciones y la búsqueda de acuerdos, "la sociedad civil en Oaxaca pagará un alto costo".
El error de Ulises, dice, fue cerrar los ojos a las organizaciones sociales que existen en Oaxaca "y que son parte de la gobernabilidad", y agrega que si el sistema político y social en la entidad estaba endeble, "Ulises quitó los alfileres que sostenían a Oaxaca”.
Para el jurista Juan Manuel Cruz Acevedo la obcecación de Ulises por permanecer en el poder llevó al complicado entramado en que se convirtió el conflicto en Oaxaca. "Nunca habíamos tenido en el poder una persona tan obcecada. Todos los movimientos se habían resuelto sin estos escenarios de crímenes y con mayor rapidez". Agrega que el conflicto se convirtió en una lucha de "todo el poder del pueblo contra todo el poder del Estado". Uno de los motivos fundamentales de la negativa de Ulises a dejar el cargo, señala el ex procurador general de Justicia del estado, deriva en la negativa de rendir cuentas sobre alrededor de 250 mil millones de pesos, que desde que tomara el cargo (en diciembre de 2004) a la fecha recibió de las participaciones federales para Oaxaca.
Y es que muchos de estos recursos, etiquetados para obra pública y apoyos a organizaciones sociales, habrían sido desviados a la campaña de Roberto Madrazo. Obra pública que, además, Ruiz adjudicó de forma directa a su hermano Víctor Hugo Ruiz Ortiz, dueño de la constructora Vilayaa, S.A. de C.V.
"El sello de la casa, la huella de su administración ha sido no rendir cuentas y además vanagloriarse de ello, que es el único que no rinde cuentas. Su falta de transparencia llegó hasta la controversia constitucional y la Corte dijo, tienes que rendir cuentas a la federación", agrega Cruz Acevedo.
La caída de Roberto Madrazo en las pasadas elecciones del 2 de julio fue la oportunidad para algunos ex priístas de Oaxaca para integrarse en un frente que negociara a nivel nacional y estatal el objetivo común: la caída de Ulises Ruiz Ortiz.
Y es que Ulises, en los casi dos años de su gobierno, los excluyó de los negocios de su administración, como la construcción de costosos inmuebles para descentralizar los poderes de la capital. La Casa de Gobierno en Santa María Coyotepec, el Palacio Legislativo en San Raymundo Jalpan, capitalizando todo para los negocios familiares vía su hermano Víctor Hugo, y de los recursos públicos desviados a la campaña de Madrazo.
Históricamente enemistados desde que Murat aspiraba a ocupar la gobernatura en Oaxaca cuando el CEN del PRI designó a Carrasco Altamirano, el predecesor de Ruiz y el ex secretario de Gobernación son los principales operadores del frente común que a nombre de políticos y de un amplio sector empresarial disidente a Ulises, operaron en la ciudad de México con Felipe Calderón para definir el momento en que la federación debía tomar las riendas del caso Oaxaca.
Entre el empresariado de Oaxaca no se sabía de la existencia de Víctor Ruíz Ortíz, hasta que a unas semanas de que Ulises asumiera el cargo como gobernador del estado, a Víctor se el empezó a ver en restaurantes y hoteles de la colonia Reforma, una zona de clase media alta en la capital.
Recién llegado de Europa a donde viajó "de mochilazo", en un abierto conflicto de intereses, Víctor Ortiz, de profesión arquitecto, empezó a trabar con su hermano mayor el gobernador en la remodelación del Centro Histórico de Oaxaca, proyecto que tanto inconformó a las organizaciones civiles y culturales.
Para laborar como contratista del gobierno, Victor Ruiz Ortiz creó la empresa Vilaaya S.A. de C.V., que en Oaxaca no tiene oficinas formales. Para operar sus negocios, Víctor Ruiz despacha en tres lugares de la colonia Refoma: el Hotel Anturios, el restuarante Los Mariscos, y el restaurante argentino El Ché.
"Lo conocí en un restaurante. Ulises acababa de tomar el poder y Víctor empezaba a hacer el proyecto de remodelación del zócalo, no se cuánta obra le daría su hermano, lo que sí es un hecho, es que a todos los que desde hace años trabajamos como contratistas de gobierno, no se nos autorizó nada", comenta un empresario de la construcción de Oaxaca.
De acuerdo con información que analizan auditores de la gestión de Ulises Ruíz, al parecer el mayor procentaje del dinero desviado a la campaña de Roberto Madrazo se habría hecho de manera directa y no a través de obra pública.
Ambos ex priístas negociaban sus propias prebendas con el PAN: Carrasco Altamirano diputado federal del albiazul, a quien se menciona entre los próximos secretarios de Estado en el gabinete de Calderón, y el mismo José Murat, quien plantea formar un nuevo partido junto con un grupo de políticos oaxaqueños.
Carrasco Altamirano, quien a escasos dos meses de las elecciones del 2 de julio se incorporó al equipo de Calderón vía negociaciones con César Nava, se comprometió a “atraer a los priístas inconformes con Madrazo”, y comenzó a capitalizar el conflicto en Oaxaca desde hace tres meses, cuando creó un frente común con empresarios disidentes al gobernador, cuyas reuniones se efectuaban en la capital de Oaxaca, infiltrados también por informantes de Ruiz Ortiz, y señalados como “empresarios oficiales”.
Celestino Alonso responsabiliza a la federación de la polarización en el estado derivado de la falta de respuesta primero a las demandas magisteriales y luego, de no dar una pronta solución a la salida del gobernador.
"El costo más alto lo pagaremos los oaxaqueños, no el gobierno federal. Porque ahora por la cercanía en la toma de posesión de Calderón, la federación volteó a Oaxaca, pero el problema y sus secuelas aquí se van a quedar por mucho tiempo".
Contralinea
Ana Lilia Pérez / David cilia, fotos / enviados
Políticos cercanos a Felipe Calderón operaron un plan para capitalizar el conflicto en Oaxaca con vías a legitimar su toma de posesión el 1 de diciembre, mientras en el estado las agresiones hacia los manifestantes y la sociedad civil se desborda
Oaxaca, Oax.— La solución al movimiento del magisterio y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue visto por el equipo de Felipe Calderón como un acto ideal mediante el cual el panista podría legitimar su llegada a la Presidencia el próximo 1 de diciembre, y subsanar en algo el descontento que dejaron los resultados de las pasadas elecciones federales.
La idea era cooptar a la dirigencia de la APPO, misma que a raíz de la agresión contra el magisterio se convirtió en el frente con mayor peso dentro del movimiento.
En la operación, tanto políticos ligados al viejo priísmo como al PAN —más precisamente a Felipe Calderón— acordaron “administrar” el conflicto para legitimar al presidente electo. Participaron, entre otros, la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo; el ex gobernador de Oaxaca, Pedro Vásquez Colmenares, y el coordinador panista en el Senado, Santiago Creel Miranda.
La idea fue de Vásquez Colmenares, quien junto con sus hijos se ha convertido en funcionario y asesor de Vicente Fox.
En agosto pasado, cuando en Oaxaca se vivían días críticos dentro del movimiento de resistencia, Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán, delegado regional del ISSSTE, buscó a Felipe Martínez Soriano, ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO) vinculado con el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos.
Colmenares hablaría con Soriano de la basificación (que durante años ha solicitado) del puesto como pediatra de una Unidad de Medicina Familiar en la capital oaxaqueña, en donde trabaja contratado como médico eventual, desde que regresó luego de su excarcelación.
A pesar de más de dos décadas de servicio, el ISSSTE le negó la base, supuestamente como continuidad a la represión que Martínez Soriano ha padecido por sus nexos con el grupo guerrillero PROCUP (Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo), que durante la década de los noventa dio origen al EPR (Ejército Popular Revolucionario), grupo armado del que versiones oficiales señalan a Martínez Soriano como su principal ideólogo.
La idea del equipo de Calderón Hinojosa era atraer a la APPO, mientras que los legisladores panistas decidirían el momento idóneo para concluir el conflicto con la salida de Ulises Ruiz Ortiz, siempre con miras a la toma de posesión de Calderón.
En tanto panistas y priístas hacían sus “amarres”, el conflicto se desbordaba porque las agresiones contra los militantes de la APPO se intensificaban, y quienes arremetían contra las barricadas eran los pistoleros al servicio del gobernador Ulises Ruiz.
Los asaltos han dejado a la fecha nueve muertos, cientos de heridos, múltiples detenidos arbitrariamente, y maestros “apistas” y ciudadanos comunes encarcelados extrajudicialmente.
En entrevista, Martínez Soriano confirma la trama y recrea la petición de Bernardo Vázquez Colmenares:
—“Sabemos que usted tiene influencia en la APPO” —escuchó Martínez Soriano del otro lado de la línea telefónica.
Conciliador, Bernardo insistió: “Sabemos que usted tiene injerencia en la APPO y lo que yo quiero es que nos sentemos a negociar”.
—¿Por qué me pide eso si yo no soy dirigente de la APPO?
—“Pero usted tiene manera de decirles que vengan con usted y platicamos”.
—Yo puedo decirles, eso si no me cuesta, puedo ir a una asamblea y le digo a alguno de los dirigentes que pasen a hablar con usted.
—El plan es éste: tenemos buena relación con Santiago Creel, y la profesora Elba Esther Gordillo puede participar en esto, incluso el presidente electo.
—¡Oiga, pero esta es una situación que no está a mi alcance, política e ideológicamente, porque usted sabe quién soy yo, además el padre de usted estuvo conmigo discutiendo aquellos problemas de resolución para la Universidad!
Martínez Soriano agrega que en efecto, su papel se limitó a informar a la dirigencia de la APPO la intensión de los políticos ya señalados para reunirse con los dirigentes del movimiento y llegar a “negociar”. Agrega que un dirigente de la APPO —no da su nombre— le indicó que considerarían la propuesta.
“El compañero me dijo: 'vamos a plantearlo, pero no creo que se dé'. Manejamos algunas cosas de ciertos senadores, y estuvimos viendo que el problema está, y cuando está un problema así se puede dialogar con cualquiera, así sea el diablo, pero no vender nuestra conciencia”.
Martínez Soriano es un hombre reservado. A sus 79 años, el médico pediatra originario de la zona zapoteca de San Andrés Zautla, parece más lúcido que nunca. Convertido en un símbolo de la lucha social, el legendario normalista, junto con su esposa Josefina, encabezaron la marcha de más de 5 mil oaxaqueños que viajaron a la ciudad de México para exigir la salida de Ulises Ruiz.
Aun en las esferas más derechistas del poder en Oaxaca, Martínez Soriano es considerado un ejemplo de luchador social, idealista y sobre todo víctima del Estado mexicano, torturado en el Campo Militar Número Uno por Miguel Nazar Haro y luego encarcelado nueve años durante el gobierno de Carlos Salinas.
Martínez Soriano, quien fue víctima de la mano dura de Vázquez Colmenares como titular de inteligencia del gobierno mexicano, recuerda aquel encuentro al que hiciera referencia a Bernardo Vázquez:
“Cuando yo era rector de la Universidad, me mandaron llamar urgentemente de Gobernación para resolver el grave problema que había en Oaxaca. Fui junto con cuatro miembros del Consejo Universitario. Cuando llegamos ya estaba allí gente de la Dirección Federal de Seguridad (encabezada por Miguel Nazar Haro); nos llevaron a un restaurante entre Isabel la Católica y 5 de Mayo. Allí estaba Vázquez Colmenares, Eliseo Jiménez Ruiz, Heladio Ramírez López.
“Vázquez Colmenares me dijo: Vamos a ser breves, es para ver quien de los que estamos aquí le gusta para que sea gobernador de Oaxaca. Respondí: Yo no puedo resolver ese problema, no es mi forma y ni lo he solicitado”.
—Así es Gobernación —asienta Martínez Soriano.
Respecto a la propuesta de que Calderón se adjudicara la solución al conflicto, asegura: “Es para tener credibilidad y futuro político. Para que Creel y Calderón digan yo resolví el problema de Oaxaca. El ego de un funcionario es resolver un problema para tener credibilidad y futuro político, les gusta resolver el problema de Oaxaca, les va a dar ciertos adeptos, van a tener el apoyo, buscaron el apoyo”.
—¿Le hicieron ofrecimientos a cambio de que usted interviniera?
—Nada, ninguno, saben que yo no aceptaría. Uno ha vivido cosas muy serias, mucho muy serias. —La frase queda entrecortada, la voz firme se desvanece. El mismo día en que Vázquez Colmenares le diera el mensaje, Martínez Soriano descubrió el engaño:
“Pregunté al director de la clínica se era verdad que el delegado (del ISSSTE) le había enviado los documentados para arreglar mi base. Me dijo que no, que él no sabía nada”.
Nueve años preso en el Reclusorio Norte, la Penitenciaria de Santa Marta Acatitla y La Palma, excarcelado apenas en 1998, Martínez Soriano afirma que el Estado no puede condenarlo dos veces por el mismo delito, —¿o sí?—.
Poder del Estado
Desde los primeros días de resistencia del conflicto en Oaxaca, la inteligencia tanto del poder federal como estatal tendieron una red de espionaje y acoso contra Martínez Soriano, su medio hermano Francisco Martínez Nery, actual rector de la UABJO, el secretario particular de éste, Eduardo Martínez (hijo de Abraham Martínez Alavés), y al propio Martínez Alavés (también ex rector de la UABJO), considerados como ideólogos y dirigentes del movimiento de la APPO.
El acoso llegó a tal grado que antes de que Vázquez Colmenares buscara a Martínez Soriano para acercar la APPO con Calderón, la organización Oaxaca en Paz montó una campaña contra los dirigentes de la APPO en una página de Internet, mediante la cual alentaba a los habitantes de Oaxaca a lanzarse contra sus dirigentes, y a detenerlos "donde los ubicaran", incluidos sus domicilios.
La página de Internet incluía nombres y fotografías de los dirigentes: Flavio Sosa Villavicencio, Felipe Martínez Soriano, Rosendo Ramírez Sánchez, Rogelio Pensamiento Mesinas, Miguel Ángel Schultz Dávila, Hugo Eloy Sánchez y los profesores de la UABJO Abraham Martínez Alavés y Mario Gerardo Hernández Martínez.
También la fotografía de José Jiménez Colmenares, el mecánico asesinado el pasado 11 de agosto, cuando la marcha del magisterio y la APPO fue atacada por un grupo de policías, marcada con una equis color rojo con la leyenda "Éste ya cayó".
Oaxaca en Paz se dedicó a distribuir carteles y calcomanías, mediante una campaña similar a la montada por Felipe Calderón durante el plantón en el Zócalo en el Distrito Federal, en favor de Andrés Manuel López Obrador. También carteles entre los negocios del Centro Histórico, los automovilistas y en todas las colonias de la zona urbana de Oaxaca.
El hecho fue calificado por Flavio Sosa como "una convocatoria a que nos asesinen". El aparato de inteligencia estatal fue quien le puso precio a la cabeza de los dirigentes de la APPO.
Alrededor de la UABJO y de sus funcionarios se montó también el aparato de inteligencia y persecución gubernamental. Las golpizas y persecución que hasta el momento se registran contra los jóvenes estudiantes que participaron activamente en las distintas estaciones de radio utilizadas durante el movimiento.
La detención y encarcelamiento extrajudicial del estudiante Pedro García García en la prisión de Tlacolula, donde a base de torturas se le obligó a firmar declaraciones en las que involucra al rector Martínez Neri en actividades guerrilleras, junto con Abraham Martínez Alavés (Contralínea 66).
Abraham Martínez Alavés fue director de la Facultad de Derecho y rector de la UABJO. En la década de los noventa fue detenido por sus presuntos vínculos con el Procup, fue diputado estatal y fungió como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Un operativo de Estado se montó en la Facultad de Derecho de la UABJO, de donde salieron los cuadros de la APPO, contra la dirigencia del Frente Popular Revolucionario (FPR), como extensión de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que opera también en la Sección 22 del SNTE.
El acoso se hizo extensivo al director de la Facultad de Derecho, Jesús Villavicencio, por su parentesco con Flavio Sosa Villavicencio, de quien es primo, pero además porque aunque no se manifestó abiertamente a favor de la APPO, permitió que reuniones de la Asamblea se hicieran en la Facultad y que la Asamblea Popular usara Radio Universidad.
Ulises Ruiz infiltró a la UABJO con un grupo de porros manejados por la ex rectora Leticia Mendoza Toro, mamá del diputado priísta local Nahum Mendoza Carreño.
Los porros a sueldo de Ulises, son estudiantes matriculados también en la Facultad de Derecho, pero que al mismo tiempo operan a sueldo de la Policía Judicial del estado e incluso portan placas de esa dependencia.
En la UABJO, antes de que iniciara el movimiento de la APPO, el negocio de estos jóvenes era la extorsión a los estudiantes y la venta de matrículas operadas por Mendoza Toro, según denunció un grupo de estudiantes de dicha universidad.
Con el conflicto, el trabajo que se les encomendó, supervisado por el diputado local Nahum Mendoza Carreño, fue agredir a integrantes de la APPO y “crear confusión”.
Tres de ellos: Alejandro Núñez, alias El Perro; Carlos, alias El Krosty, y Marcos Mateo Esteba Cruz, alias El Aladín, fueron identificados como quienes balearon al grupo de la APPO que verificaba que el Centro de Protección Ciudadana (Ceproci) no estuviera operando, para que la comisión especial de senadores verificara la ausencia de poderes en Oaxaca.
De los cuatro baleados, dos eran también estudiantes de la UABJO: Salvador y Juan, estudiantes de la Facultad de Derecho y de Economía, respectivamente.
Derivado de estos hechos, aunque Martínez Neri no hizo abierto su apoyo a la APPO, el estudiantado de la UABJO decidió hacer un paro —el pasado 12 de octubre, en apoyo a la Asamblea Popular y en repudio a Ulises Ruiz, y a las agresiones de los porros a sueldo, que actualmente operan como policías judiciales.
Los operadores de Calderón
Representante del viejo priísmo, Pedro Vázquez Colmenares fue gobernador de Oaxaca entre 1980 y 1985, hasta que Miguel de la Madrid Hurtado lo nombró titular de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Disen), que más tarde se convertiría en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con Heliodoro Díaz Escárrega, como su mano derecha.
El conflicto en Oaxaca provocó también la división en el interior del Cisen, entre los operadores de Vásquez Colmenares y de Heliodoro Díaz Escárrega, pues ambos trabajaron para conocer las entrañas del movimiento disidente, cuenta una fuente cercana a ambos.
Vázquez Colmenares pagaba así a Elba Esther Gordillo los favores que le concedió por medio de Benjamín González Roaro, quien colocó a sus hijos Pedro y Benjamín Colmenares en puestos clave del ISSSTE. Desde enero de 2001 Pedro Vázquez Colmenares Guzmán es subdirector General de Finanzas, y Benjamín delegado regional en Oaxaca.
Los nexos más claros con el calderonismo se dan con su hija Ana Isabel Vázquez Colmenares, asesora de Luis Carlos Ugalde, durante el cuestionado proceso electoral que benefició a Calderón Hinojosa, ex asesora también en Los Pinos con Vicente Fox.
La red de políticos que operaron el caso Oaxaca como botín para Calderón, está unida por los encubrimientos mutuos de actos de corrupción en distintos niveles de la administración pública.
Uno de estos es la desviación de recursos por más de 6 mil millones de pesos en el ISSSTE que descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del Fondo de Préstamos Personales que manejó la administración de Benjamín González Roaro.
De acuerdo con trabajadores del ISSSTE, parte de estos recursos fueron a parar a la campaña de las pasadas elecciones del partido Nueva Alianza, formado por Elba Esther Gordillo, proceso en el que González Roaro obtuvo la senaduría. El operador de estos recursos fue precisamente Pedro Vázquez Colmenares Guzmán.
Las operaciones de esta familia que capitalizó el conflicto incluyen a Genaro Vázquez Colmenares, hermano del ex gobernador y diputado local por Convergencia, quien se encargó en Oaxaca del “trabajo sucio” contra López Obrador en las pasadas elecciones del 2 de julio.
A finales de junio, a unas semanas de las elecciones, Genaro Vázquez presentó una denuncia contra la propia dirigencia de su partido en el estado, encabezada por Alberto Esteva Salinas y contra el entonces candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Gabino Cué Monteagudo, por supuestos delitos electorales y peculado.
La dirigencia nacional de Convergencia, lo tachó de “esquirol” e inició un proceso interno en su contra para suspenderle sus derechos y expulsarlo, proceso que continúa abierto.
Simulación panista
Raymundo Carmona, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostiene que el PAN capitalizó el movimiento en Oaxaca y que la dilación para definir la caída de Ulises fue "para bajarle al tema de la temperatura nacional derivado de las elecciones".
El ex alcalde de Pochutla y dirigente actual del PRD en el estado habla de la estrategia usada por el PAN en el caso Oaxaca:
"La visita de sus senadores fue una faramalla, la caída de Ulises ya estaba negociada en su partido, pero quisieron 'camuflagear' las cosas para simular que ellos podían arreglar el conflicto. Lo alargaron para desviar la atención del fraude en las elecciones, mientras daban atole con el dedo a los oaxaqueños".
Aunque era evidente que ninguno de los poderes de gobierno en Oaxaca trabajó durante el conflicto, el plan de Acción Nacional, agrega, fue alargar el problema y enrarecer el panorama de forma tal que su intervención fuera más destacada.
Sin embargo, dice Carmona, la operación del PAN podría resultarles contraproducente, con la reproducción de asambleas populares en Chiapas, Michoacán, Guerrero y Tabasco, a partir de que en junio pasado surgiera esta figura en Oaxaca, frentes ciudadanos que, dice Carmona, no legitimarán a Calderón, sino a López Obrador el próximo 20 de noviembre.
Carmona dice que el tejido social de Oaxaca está deteriorado al máximo, derivado de que no se ha tenido ningún gobierno que responda a los intereses de la sociedad.
"El conflicto se capitalizó a favor del PAN. Se enrareció el panorama de manera tal que se involucraron actores políticos que no estaban involucrados”. Y luego, todo se desbordó.
Las pifias de Ruiz
Con el chantaje público de los legisladores del PRI de que la destitución de Ulises ponía en riesgo la toma de posesión de Felipe Calderón, el conflicto en Oaxaca se dejó crecer en niveles insospechados y con efectos más allá de la salida del gobernador.
Funcionarios del gobierno de Ulises que piden el anonimato, señalan que uno de los principales errores del gobernador fue integrar como secretario de Gobierno a Heliodoro Díaz, señalado en la entidad como "policía del Estado", y cuya presencia agravó el conflicto.
Gente afín a Díaz Escárrega señalan que la imposición de éste a Ulises Ruiz se "sembró" desde la dirigencia del PRI nacional, y que fueron personajes como Jorge Franco quienes no dejaron "operar" a Díaz Escárrega.
Lo cierto es que Díaz Escárrega se integró (en julio pasado) como último recurso que tenía Ulises para salvar su gobierno, luego del desastroso y violento desalojo del magisterio el 14 de junio, confiado en sus nexos con el aparato de inteligencia del Estado. Al final, Díaz Escárrega no incidió sobre el aparato de inteligencia de Gobernación a favor de Ruiz, pues el Cisen respondía ya a otros intereses.
"Heliodoro Díaz llegó con grandes expectativas de que iba a resolver por su experiencia con los movimientos en Oaxaca, pero no logró la interlocución que esperaba con los líderes del movimiento. La posición de la APPO de no negociar con ningún funcionario local le cerró las puertas", explica Isidoro Yescas Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABJO y ex consejero electoral del IFE.
La historia de Díaz Escárrega en Oaxaca es la de un político que en sus años de juventud participó como principal activista en el movimiento estudiantil que llevó a la salida del entonces gobernador Manuel Zarate Aquino.
En sus años como estudiante, para exigir la caída de Zarate Aquino, Díaz Escárrega incurrió en exactamente las mismas prácticas de la APPO, en un movimiento encabezado por Rafael Gasga Iturribarría; para exigir la salida de Ruiz, como los plantones, toma de camiones y quema de transportes, las marchas al Distrito Federal. Gasga Iturribarría era el ideólogo y Díaz Escárrega el organizador y operador del movimiento.
Sus compañeros de lucha de aquellos años, como Jaime Mayoral Gómez lo recuerdan así: "Heliodoro fue mi compañero, en el 74 agarramos dos patrullas de la policía para que la destruyera el pueblo. Junto con Gasga fundaron la Coceo, que era de las organizaciones más combativas. Quiso ser presidente de la Federación Estudiantil Oaxaqueña, pero no se lo permitimos porque era de las juventudes priístas".
Heliodoro Díaz fue uno de los dirigentes estudiantiles cooptados por el gobierno federal desde los años de gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Lo siguiente que sus compañeros de la UABJO supieron de él fue su arribo a Oaxaca como secretario de Gobierno de Vázquez Colmenares, y luego su ingreso al Disen con el ex gobernador.
Sin embargo, Felipe Martínez Soriano sostiene que desde sus años de estudiante, Heliodoro Vázquez operaba como infiltrado de la policía por la tradición priísta de su familia, pues su abuelo fue gobernador de Oaxaca.
Celestino Alonso Álvarez es un hombre reservado, serio, casi inmutable. Su larga trayectoria política lo llevó a trabajar en la Secretaría de Gobierno junto a tres gobernadores en Oaxaca, el último, José Murat, del que se desempeñó como secretario de Gobierno.
Celestino reclama que la federación haya dejado crecer el conflicto pues, dice, más allá de las negociaciones y la búsqueda de acuerdos, "la sociedad civil en Oaxaca pagará un alto costo".
El error de Ulises, dice, fue cerrar los ojos a las organizaciones sociales que existen en Oaxaca "y que son parte de la gobernabilidad", y agrega que si el sistema político y social en la entidad estaba endeble, "Ulises quitó los alfileres que sostenían a Oaxaca”.
Para el jurista Juan Manuel Cruz Acevedo la obcecación de Ulises por permanecer en el poder llevó al complicado entramado en que se convirtió el conflicto en Oaxaca. "Nunca habíamos tenido en el poder una persona tan obcecada. Todos los movimientos se habían resuelto sin estos escenarios de crímenes y con mayor rapidez". Agrega que el conflicto se convirtió en una lucha de "todo el poder del pueblo contra todo el poder del Estado". Uno de los motivos fundamentales de la negativa de Ulises a dejar el cargo, señala el ex procurador general de Justicia del estado, deriva en la negativa de rendir cuentas sobre alrededor de 250 mil millones de pesos, que desde que tomara el cargo (en diciembre de 2004) a la fecha recibió de las participaciones federales para Oaxaca.
Y es que muchos de estos recursos, etiquetados para obra pública y apoyos a organizaciones sociales, habrían sido desviados a la campaña de Roberto Madrazo. Obra pública que, además, Ruiz adjudicó de forma directa a su hermano Víctor Hugo Ruiz Ortiz, dueño de la constructora Vilayaa, S.A. de C.V.
"El sello de la casa, la huella de su administración ha sido no rendir cuentas y además vanagloriarse de ello, que es el único que no rinde cuentas. Su falta de transparencia llegó hasta la controversia constitucional y la Corte dijo, tienes que rendir cuentas a la federación", agrega Cruz Acevedo.
La caída de Roberto Madrazo en las pasadas elecciones del 2 de julio fue la oportunidad para algunos ex priístas de Oaxaca para integrarse en un frente que negociara a nivel nacional y estatal el objetivo común: la caída de Ulises Ruiz Ortiz.
Y es que Ulises, en los casi dos años de su gobierno, los excluyó de los negocios de su administración, como la construcción de costosos inmuebles para descentralizar los poderes de la capital. La Casa de Gobierno en Santa María Coyotepec, el Palacio Legislativo en San Raymundo Jalpan, capitalizando todo para los negocios familiares vía su hermano Víctor Hugo, y de los recursos públicos desviados a la campaña de Madrazo.
Históricamente enemistados desde que Murat aspiraba a ocupar la gobernatura en Oaxaca cuando el CEN del PRI designó a Carrasco Altamirano, el predecesor de Ruiz y el ex secretario de Gobernación son los principales operadores del frente común que a nombre de políticos y de un amplio sector empresarial disidente a Ulises, operaron en la ciudad de México con Felipe Calderón para definir el momento en que la federación debía tomar las riendas del caso Oaxaca.
Entre el empresariado de Oaxaca no se sabía de la existencia de Víctor Ruíz Ortíz, hasta que a unas semanas de que Ulises asumiera el cargo como gobernador del estado, a Víctor se el empezó a ver en restaurantes y hoteles de la colonia Reforma, una zona de clase media alta en la capital.
Recién llegado de Europa a donde viajó "de mochilazo", en un abierto conflicto de intereses, Víctor Ortiz, de profesión arquitecto, empezó a trabar con su hermano mayor el gobernador en la remodelación del Centro Histórico de Oaxaca, proyecto que tanto inconformó a las organizaciones civiles y culturales.
Para laborar como contratista del gobierno, Victor Ruiz Ortiz creó la empresa Vilaaya S.A. de C.V., que en Oaxaca no tiene oficinas formales. Para operar sus negocios, Víctor Ruiz despacha en tres lugares de la colonia Refoma: el Hotel Anturios, el restuarante Los Mariscos, y el restaurante argentino El Ché.
"Lo conocí en un restaurante. Ulises acababa de tomar el poder y Víctor empezaba a hacer el proyecto de remodelación del zócalo, no se cuánta obra le daría su hermano, lo que sí es un hecho, es que a todos los que desde hace años trabajamos como contratistas de gobierno, no se nos autorizó nada", comenta un empresario de la construcción de Oaxaca.
De acuerdo con información que analizan auditores de la gestión de Ulises Ruíz, al parecer el mayor procentaje del dinero desviado a la campaña de Roberto Madrazo se habría hecho de manera directa y no a través de obra pública.
Ambos ex priístas negociaban sus propias prebendas con el PAN: Carrasco Altamirano diputado federal del albiazul, a quien se menciona entre los próximos secretarios de Estado en el gabinete de Calderón, y el mismo José Murat, quien plantea formar un nuevo partido junto con un grupo de políticos oaxaqueños.
Carrasco Altamirano, quien a escasos dos meses de las elecciones del 2 de julio se incorporó al equipo de Calderón vía negociaciones con César Nava, se comprometió a “atraer a los priístas inconformes con Madrazo”, y comenzó a capitalizar el conflicto en Oaxaca desde hace tres meses, cuando creó un frente común con empresarios disidentes al gobernador, cuyas reuniones se efectuaban en la capital de Oaxaca, infiltrados también por informantes de Ruiz Ortiz, y señalados como “empresarios oficiales”.
Celestino Alonso responsabiliza a la federación de la polarización en el estado derivado de la falta de respuesta primero a las demandas magisteriales y luego, de no dar una pronta solución a la salida del gobernador.
"El costo más alto lo pagaremos los oaxaqueños, no el gobierno federal. Porque ahora por la cercanía en la toma de posesión de Calderón, la federación volteó a Oaxaca, pero el problema y sus secuelas aquí se van a quedar por mucho tiempo".
Contralinea
posted by H2AGUA at
8:28 p.m.
