TARDANZA OPORTUNA
Tardanza oportuna
jorge carrasco araizaga
México, D.F., 18 de agosto (apro).- Más tarde que temprano se confirmó la conspiración política en contra de Andrés Manuel López Obrador para impedir su llegada a la Presidencia de la República.
Fue tardía para efectos de la votación, pero oportuna para el proceso jurídico en que se encuentra la elección presidencial.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está próximo a concluir los juicios de impugnación de la elección presidencial luego del recuento parcial de casillas que ordenó hace dos semanas.
Superada esa etapa, que incluirá una nueva sumatoria de los votos debido a la anulación de casillas, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF entrarán a la calificación de la elección presidencial y si la consideran legal, harán la declaratoria del presidente electo.
Después de revisar lo ocurrido el día de la jornada electoral, lo que actualmente está en curso, los magistrados ponderarán las condiciones en que ocurrió todo el proceso electoral, incluida la interferencia del presidente Vicente Fox en la campaña electoral para disuadir el voto hacia López Obrador.
Esa injerencia, que ni en los tiempos autoritarios del PRI fue tan burda, ocurrió mucho antes de los tiempos electorales y eso podría ser un argumento para que los magistrados se nieguen a considerar la confirmación de la intriga como una prueba adicional al momento de calificar la elección.
Puede ser que en la Sala Superior prevalezca la interpretación ortodoxa para desechar como prueba la trama contra López Obrador, corroborada por uno de sus principales actores, el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, actualmente preso por defraudación a varias delegaciones del Distrito Federal.
El video dado a conocer por la periodista Carmen Aristegui este viernes y que forma parte de las grabaciones que le hizo el gobierno de Cuba cuando lo detuvo en 2004, confirma en palabras del propio Ahumada lo que tanto se le criticó a López Obrador: que hubo un complot en su contra para sacarlo de la carrera presidencial.
El pretendido desafuero abortó en 2005, pero la conspiración siguió en Los Pinos. Sacrificado Ahumada, la Presidencia se concentró entonces en promover primero la fallida candidatura de Marta Sahagún y luego la frustrada campaña de Santiago Creel, uno de los participantes en la confabulación, según las declaraciones del empresario argentino.
El ahora senador electo era entonces el secretario de Gobernación y como tal, responsable del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuyo delegado en el Distrito Federal, se encargó de los arreglos para que Ahumada se reuniera en un hotel del Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, con el senador panista Diego Fernández de Cevallos.
La reunión fue para diseñar la estrategia de defensa de Ahumada luego de que, como parte de la intriga política, hiciera públicos los videos grabados por el propio empresario dedicado a la construcción en los que registró los actos de corrupción que cometió con cercanos colaboradores de López Obrador, en especial de René Bejarano, entonces líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y exsecretario particular del tabasqueño en el gobierno capitalino.
De acuerdo con la delación de Ahumada hecha ante las autoridades cubanas, además de Creel y Fernández, en el complot participaron también el entonces procurador General de la República, el general Rafael Macedo de la Concha; el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y el abogado Juan Collado, que ha servido como defensor de la familia Salinas.
La incriminación de Ahumada alcanzó al presidente Vicente Fox: “Esto sí lo sabía el secretario de Gobernación y sí lo sabía el procurador general de la República. A mí se me hace muy difícil que (siendo) un tema de este tamaño el presidente de la República no lo supiera.”
Dos de los inculpados, fieles a su estilo, negaron desde el cinismo la evidencia. Creel se deslindó con una carta pública y Fernández con declaraciones de prensa. En el mejor de los casos, la Presidencia hará lo mismo, pero difícilmente la opinión pública pasará por alto su actuación contra López Obrador.
Agotada su apuesta del escándalo, desde Los Pinos se promovió entonces el también fallido desafuero contra el entonces jefe de Gobierno. Y fracasadas sus intenciones de designación de candidato, Fox no tuvo más opción que apoyar a Felipe Calderón.
Y lo hizo con todo el aparato gubernamental, con francas intromisiones que obligaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al propio Tribunal Electoral a intervenir para frenarlo.
Los hechos son evidentes. No es necesario probarles a los magistrados del Tribunal que Fox violó en forma grave, reiterada y burda, los principios constitucionales de elecciones libres, auténticas y en igualdad de condiciones.
Los magistrados tienen un elemento más para considerar una eventual anulación de la elección presidencial.
PROCESO
jorge carrasco araizaga
México, D.F., 18 de agosto (apro).- Más tarde que temprano se confirmó la conspiración política en contra de Andrés Manuel López Obrador para impedir su llegada a la Presidencia de la República.
Fue tardía para efectos de la votación, pero oportuna para el proceso jurídico en que se encuentra la elección presidencial.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está próximo a concluir los juicios de impugnación de la elección presidencial luego del recuento parcial de casillas que ordenó hace dos semanas.
Superada esa etapa, que incluirá una nueva sumatoria de los votos debido a la anulación de casillas, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF entrarán a la calificación de la elección presidencial y si la consideran legal, harán la declaratoria del presidente electo.
Después de revisar lo ocurrido el día de la jornada electoral, lo que actualmente está en curso, los magistrados ponderarán las condiciones en que ocurrió todo el proceso electoral, incluida la interferencia del presidente Vicente Fox en la campaña electoral para disuadir el voto hacia López Obrador.
Esa injerencia, que ni en los tiempos autoritarios del PRI fue tan burda, ocurrió mucho antes de los tiempos electorales y eso podría ser un argumento para que los magistrados se nieguen a considerar la confirmación de la intriga como una prueba adicional al momento de calificar la elección.
Puede ser que en la Sala Superior prevalezca la interpretación ortodoxa para desechar como prueba la trama contra López Obrador, corroborada por uno de sus principales actores, el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, actualmente preso por defraudación a varias delegaciones del Distrito Federal.
El video dado a conocer por la periodista Carmen Aristegui este viernes y que forma parte de las grabaciones que le hizo el gobierno de Cuba cuando lo detuvo en 2004, confirma en palabras del propio Ahumada lo que tanto se le criticó a López Obrador: que hubo un complot en su contra para sacarlo de la carrera presidencial.
El pretendido desafuero abortó en 2005, pero la conspiración siguió en Los Pinos. Sacrificado Ahumada, la Presidencia se concentró entonces en promover primero la fallida candidatura de Marta Sahagún y luego la frustrada campaña de Santiago Creel, uno de los participantes en la confabulación, según las declaraciones del empresario argentino.
El ahora senador electo era entonces el secretario de Gobernación y como tal, responsable del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuyo delegado en el Distrito Federal, se encargó de los arreglos para que Ahumada se reuniera en un hotel del Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, con el senador panista Diego Fernández de Cevallos.
La reunión fue para diseñar la estrategia de defensa de Ahumada luego de que, como parte de la intriga política, hiciera públicos los videos grabados por el propio empresario dedicado a la construcción en los que registró los actos de corrupción que cometió con cercanos colaboradores de López Obrador, en especial de René Bejarano, entonces líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y exsecretario particular del tabasqueño en el gobierno capitalino.
De acuerdo con la delación de Ahumada hecha ante las autoridades cubanas, además de Creel y Fernández, en el complot participaron también el entonces procurador General de la República, el general Rafael Macedo de la Concha; el expresidente Carlos Salinas de Gortari, y el abogado Juan Collado, que ha servido como defensor de la familia Salinas.
La incriminación de Ahumada alcanzó al presidente Vicente Fox: “Esto sí lo sabía el secretario de Gobernación y sí lo sabía el procurador general de la República. A mí se me hace muy difícil que (siendo) un tema de este tamaño el presidente de la República no lo supiera.”
Dos de los inculpados, fieles a su estilo, negaron desde el cinismo la evidencia. Creel se deslindó con una carta pública y Fernández con declaraciones de prensa. En el mejor de los casos, la Presidencia hará lo mismo, pero difícilmente la opinión pública pasará por alto su actuación contra López Obrador.
Agotada su apuesta del escándalo, desde Los Pinos se promovió entonces el también fallido desafuero contra el entonces jefe de Gobierno. Y fracasadas sus intenciones de designación de candidato, Fox no tuvo más opción que apoyar a Felipe Calderón.
Y lo hizo con todo el aparato gubernamental, con francas intromisiones que obligaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al propio Tribunal Electoral a intervenir para frenarlo.
Los hechos son evidentes. No es necesario probarles a los magistrados del Tribunal que Fox violó en forma grave, reiterada y burda, los principios constitucionales de elecciones libres, auténticas y en igualdad de condiciones.
Los magistrados tienen un elemento más para considerar una eventual anulación de la elección presidencial.
PROCESO
posted by H2AGUA at
11:26 p.m.
