Divide a la Corte la solicitud de que investigue presunta violación del voto
El reducido tiempo para calificar los comicios complica aún más el panorama
JESUS ARANDA
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se conformaron dos bloques en torno a la postura que debe asumir el máximo tribunal respecto a la solicitud de que los ministros investiguen la presunta violación grave al voto público en las pasadas elecciones presidenciales: por un lado, hay al menos cuatro ministros que consideran que se debe definir una postura en sesión del pleno, en tanto Sergio Salvador Aguirre Anguiano se sumó al planteamiento del ministro presidente, Mariano Azuela, de que la petición es "notoriamente improcedente".
Asimismo, trascendió que Margarita Beatriz Luna Ramos planteó a sus compañeros de la segunda sala, en sesión privada, la necesidad de que sea el pleno el que dictamine el recurso de reclamación que fue presentado en contra de la decisión de Azuela de no admitir siquiera la demanda de que los ministros ejerzan su facultad de investigación, y no que sea esa instancia -como estableció inicialmente el ministro presidente- la que dictamine el recurso de reclamación 235/2006 PL.
Ayer, el ministro Juan Díaz Romero envío su respuesta a los representantes de los 16 mil 806 ciudadanos, agrupados en el Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación -quienes solicitaron al máximo tribunal su intervención "ante el riesgo de que se violente la paz social en México, debido a la incertidumbre generada por la violencia al voto público"-, en la que, al igual que José Ramón Cossío, precisa que no puede emitir una opinión sobre la petición, porque fijará su postura cuando se revise el recurso de reclamación referido.
En este contexto, trascendió en la Corte que aun cuando los ministros Olga Sánchez Cordero y Genaro David Góngora Pimentel no han formalizado su opinión mediante un escrito de respuesta a los peticionarios -en cumplimiento al artículo octavo constitucional, que obliga a los funcionarios públicos a responder al derecho de petición que se les haga por escrito-, ambos son de la opinión de que lo mejor es que el asunto sea tratado por el pleno y que ahí se resuelva si el máximo tribunal ejerce de oficio la facultad prevista en el artículo 97 constitucional.
En otro orden, representantes de los 16 mil 806 firmantes emitieron un comunicado en el que señalan que ya cumplieron con solicitar a la SCJN que investigue, "faltaría ver ahora, si la Corte y sus ministros recogen con sensibilidad esta solicitud, que no busca otra cosa que la preservación de la paz social y la garantía de nuestro máximo tribunal para velar por el estado de derecho".
Y agregan: lo que sí es "notoriamente procedente para todos los mexicanos es la búsqueda incesante de alternativas para garantizar nuestra democracia y hacer valer sus principios básicos", como establece la Constitución.
Por otra parte, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano entregó a sus compañeros un escrito en el que señala que la Corte no puede acceder a la petición planteada, además de que descarta totalmente la posibilidad de que se ordene una suspensión con el propósito de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no califique los comicios presidenciales hasta que la SCJN adopte una decisión.
Lo anterior porque uno de los argumentos de la reciente petición de investigación que recibieron los ministros -de las ocho que se formularon sobre el mismo tema- plantea que la Corte ordene al tribunal electoral que no califique los comicios hasta que los ministros resuelvan.
En todo caso, confiaron fuentes judiciales, resulta que está en manos de la ministra Margarita Luna Ramos el destino del recurso de reclamación y de que la Corte defina una postura antes de que el TEPJF dictamine.
Esto se debe a que en ningún artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece plazo alguno para que un ministro presente su proyecto de dictamen sobre una reclamación, y ante lo justo de los tiempos -el tribunal electoral debe calificar la elección presidencial a más tardar el próximo 6 de septiembre- podría suceder que para cuando el pleno aborde el tema ya sea demasiado tarde y finalmente la petición sea desechada por extemporánea, sin discusión alguna.
El problema, explicaron, es que el ministro Azuela envió el citado recurso de reclamación a la segunda sala, bajo la ponencia de Luna Ramos, y necesariamente debe seguirse un trámite para enviar el caso al pleno, ya sea en sesión privada o pública, lo que consumirá más tiempo en esta carrera contra el reloj.
El reducido tiempo para calificar los comicios complica aún más el panorama
JESUS ARANDA
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se conformaron dos bloques en torno a la postura que debe asumir el máximo tribunal respecto a la solicitud de que los ministros investiguen la presunta violación grave al voto público en las pasadas elecciones presidenciales: por un lado, hay al menos cuatro ministros que consideran que se debe definir una postura en sesión del pleno, en tanto Sergio Salvador Aguirre Anguiano se sumó al planteamiento del ministro presidente, Mariano Azuela, de que la petición es "notoriamente improcedente".
Asimismo, trascendió que Margarita Beatriz Luna Ramos planteó a sus compañeros de la segunda sala, en sesión privada, la necesidad de que sea el pleno el que dictamine el recurso de reclamación que fue presentado en contra de la decisión de Azuela de no admitir siquiera la demanda de que los ministros ejerzan su facultad de investigación, y no que sea esa instancia -como estableció inicialmente el ministro presidente- la que dictamine el recurso de reclamación 235/2006 PL.
Ayer, el ministro Juan Díaz Romero envío su respuesta a los representantes de los 16 mil 806 ciudadanos, agrupados en el Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación -quienes solicitaron al máximo tribunal su intervención "ante el riesgo de que se violente la paz social en México, debido a la incertidumbre generada por la violencia al voto público"-, en la que, al igual que José Ramón Cossío, precisa que no puede emitir una opinión sobre la petición, porque fijará su postura cuando se revise el recurso de reclamación referido.
En este contexto, trascendió en la Corte que aun cuando los ministros Olga Sánchez Cordero y Genaro David Góngora Pimentel no han formalizado su opinión mediante un escrito de respuesta a los peticionarios -en cumplimiento al artículo octavo constitucional, que obliga a los funcionarios públicos a responder al derecho de petición que se les haga por escrito-, ambos son de la opinión de que lo mejor es que el asunto sea tratado por el pleno y que ahí se resuelva si el máximo tribunal ejerce de oficio la facultad prevista en el artículo 97 constitucional.
En otro orden, representantes de los 16 mil 806 firmantes emitieron un comunicado en el que señalan que ya cumplieron con solicitar a la SCJN que investigue, "faltaría ver ahora, si la Corte y sus ministros recogen con sensibilidad esta solicitud, que no busca otra cosa que la preservación de la paz social y la garantía de nuestro máximo tribunal para velar por el estado de derecho".
Y agregan: lo que sí es "notoriamente procedente para todos los mexicanos es la búsqueda incesante de alternativas para garantizar nuestra democracia y hacer valer sus principios básicos", como establece la Constitución.
Por otra parte, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano entregó a sus compañeros un escrito en el que señala que la Corte no puede acceder a la petición planteada, además de que descarta totalmente la posibilidad de que se ordene una suspensión con el propósito de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no califique los comicios presidenciales hasta que la SCJN adopte una decisión.
Lo anterior porque uno de los argumentos de la reciente petición de investigación que recibieron los ministros -de las ocho que se formularon sobre el mismo tema- plantea que la Corte ordene al tribunal electoral que no califique los comicios hasta que los ministros resuelvan.
En todo caso, confiaron fuentes judiciales, resulta que está en manos de la ministra Margarita Luna Ramos el destino del recurso de reclamación y de que la Corte defina una postura antes de que el TEPJF dictamine.
Esto se debe a que en ningún artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece plazo alguno para que un ministro presente su proyecto de dictamen sobre una reclamación, y ante lo justo de los tiempos -el tribunal electoral debe calificar la elección presidencial a más tardar el próximo 6 de septiembre- podría suceder que para cuando el pleno aborde el tema ya sea demasiado tarde y finalmente la petición sea desechada por extemporánea, sin discusión alguna.
El problema, explicaron, es que el ministro Azuela envió el citado recurso de reclamación a la segunda sala, bajo la ponencia de Luna Ramos, y necesariamente debe seguirse un trámite para enviar el caso al pleno, ya sea en sesión privada o pública, lo que consumirá más tiempo en esta carrera contra el reloj.
LA JORNADA
posted by H2AGUA at
9:27 a.m.
