Y MAS ALLA DE TODO ... POS QUE CHINGAOS
Más allá de AMLO
josé gil olmos
México, D. F., 19 de julio (apro).- El derecho a saber qué ocurrió con los votos el 2 de julio, el derecho a tener certeza de que la elección fue limpia, legal y transparente, es lo que ha motivado a miles de ciudadanos a salir a la calle y exigir que se cumpla esta demanda legítima, más allá de la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Las dos últimas semanas han salido a las calles del centro de la Ciudad de México cerca de un millón y medio de ciudadanos que demandan “voto por voto, casilla por casilla”, en respuesta a la convocatoria hecha por el candidato de la coalición Por el Bien de Todos de que se abran los paquetes electorales para un nuevo recuento de los sufragios.
Las sospechas de que algo no se hizo bien el 2 de julio pasado no forma parte de un plan que haya salido de una mente perversa, que quiera anular la elección presidencial por un deseo de auto-imposición, como lo plantean columnistas como Germán Dehesa, Ciro Gómez, Joaquín López y otros más, sino que es producto de las irregularidades que se han ido detectando a lo largo del proceso electoral, como la intervención directa del presidente Vicente Fox, los empresarios y algunos funcionarios, así como de la actuación de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y los errores en el conteo de los votos.
La demanda ciudadana de limpiar la elección es lo que está abajo de las últimas dos manifestaciones convocadas por López Obrador, la necesidad de sectores importantes de la sociedad de tener la certeza de que su voto fue bien contabilizado y no manipulado. Esto es, despejar todas las dudas que se han cernido sobre el proceso electoral más importante del país en las últimas décadas.
Se trata de un derecho legítimo que cientos de miles de mexicanos tenemos de que el voto sea respetado y que no se repita esa historia de elecciones fraudulentas, cuando el voto era objeto de compra, coacción y manipulación por parte de las autoridades electorales, en connivencia con el gobierno federal y su partido.
Este mensaje es lo que al parecer no ha entendido –o no se ha querido entender– el gobierno de Vicente Fox, el PAN, Felipe Calderón y los empresarios y organizaciones de la derecha que califican esta expresión social como “un acto de rebeldía” o “un peligro para las instituciones”.
La demanda de “voto por voto, casilla por casilla” es para panistas, y miembros del sector más conservador, una afrenta al estado de derecho y a la vida institucional del país. Desde su punto de vista, ahora instalado en el poder, no se puede cuestionar un resultado electoral que lamentablemente está plagado de irregularidades y sospechas. Exigir que se cuenten los votos para limpiar y hacer creíble la elección es, para los panistas y algunos columnistas, un atentado a la incipiente democracia mexicana.
Los panistas se olvidan que hace unas décadas ellos recorrieron los mismos caminos de la lucha por el respeto al voto ante un gobierno acostumbrado a cometer fraudes para imponer a sus candidatos y mantenerse en el poder. Luis Héctor Álvarez, Manuel de Jesús Clouthier y otros panistas reconocidos utilizaron los actos de resistencia pacífica, convencidos que éste era un recurso necesario para hacer valer su derecho a defender sus votos. Algunos de estos actos fueron considerados ilegales –como el bloqueo a carreteras y puentes fronterizos–, pero para ellos esto era el costo de hacer valer el ejercicio de la democracia.
Hoy eso se está olvidando o por lo menos se quiere olvidar. A los que exigen que se cuenten los votos para estar seguros de que no hubo fraude, el presidente Vicente Fox les llama “renegados”, y los panistas los consideran “resentidos sociales”. Otros más siguen considerando a López Obrador y sus seguidores “un peligro para México”, y lo propalan en Estados Unidos, como es el caso de Jorge Castañeda, quien al viejo estilo priista pretende aprovechar la coyuntura y arribar al equipo de Felipe Calderón en la búsqueda de un nuevo hueso.
Sin embargo, los argumentos de los panistas y de sus seguidores no resultan tan convincentes porque tienen una contradicción de origen: no pueden estar en contra de una lucha que ellos mismos impulsaron.
Es decir, los mismos que abogan por la democracia y el respeto a la legalidad, no están tomando en cuenta que ante las dudas generadas por el IFE, por la historia de fraudes electorales, por la participación ilegal del presidente Fox y de las televisoras –principalmente Televisa, como cuando el PRI gobernaba–, es preferible dar credibilidad a este proceso electoral y que el próximo presidente sea claramente legítimo. Y esto solamente se puede hacer con un nuevo conteo de los votos.
Esta demanda social va más allá de la lucha electoral de Andrés Manuel López Obrador, porque no es coyuntural sino substancial para avanzar en el proceso de democratización del país, pues implica poner un alto a las intenciones de repetir los mismos esquemas de corrupción política y de fraude electoral.
Desoír esta exigencia ciudadana para salir al paso del conflicto postelectoral, o confundirla con llamados a la violencia y a la anarquía, como sostiene Calderón, es desvalorizar un derecho fundamental: mantener la confianza social en los próximos gobernantes, condición básica de la gobernabilidad
PROCESO
josé gil olmos
México, D. F., 19 de julio (apro).- El derecho a saber qué ocurrió con los votos el 2 de julio, el derecho a tener certeza de que la elección fue limpia, legal y transparente, es lo que ha motivado a miles de ciudadanos a salir a la calle y exigir que se cumpla esta demanda legítima, más allá de la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Las dos últimas semanas han salido a las calles del centro de la Ciudad de México cerca de un millón y medio de ciudadanos que demandan “voto por voto, casilla por casilla”, en respuesta a la convocatoria hecha por el candidato de la coalición Por el Bien de Todos de que se abran los paquetes electorales para un nuevo recuento de los sufragios.
Las sospechas de que algo no se hizo bien el 2 de julio pasado no forma parte de un plan que haya salido de una mente perversa, que quiera anular la elección presidencial por un deseo de auto-imposición, como lo plantean columnistas como Germán Dehesa, Ciro Gómez, Joaquín López y otros más, sino que es producto de las irregularidades que se han ido detectando a lo largo del proceso electoral, como la intervención directa del presidente Vicente Fox, los empresarios y algunos funcionarios, así como de la actuación de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y los errores en el conteo de los votos.
La demanda ciudadana de limpiar la elección es lo que está abajo de las últimas dos manifestaciones convocadas por López Obrador, la necesidad de sectores importantes de la sociedad de tener la certeza de que su voto fue bien contabilizado y no manipulado. Esto es, despejar todas las dudas que se han cernido sobre el proceso electoral más importante del país en las últimas décadas.
Se trata de un derecho legítimo que cientos de miles de mexicanos tenemos de que el voto sea respetado y que no se repita esa historia de elecciones fraudulentas, cuando el voto era objeto de compra, coacción y manipulación por parte de las autoridades electorales, en connivencia con el gobierno federal y su partido.
Este mensaje es lo que al parecer no ha entendido –o no se ha querido entender– el gobierno de Vicente Fox, el PAN, Felipe Calderón y los empresarios y organizaciones de la derecha que califican esta expresión social como “un acto de rebeldía” o “un peligro para las instituciones”.
La demanda de “voto por voto, casilla por casilla” es para panistas, y miembros del sector más conservador, una afrenta al estado de derecho y a la vida institucional del país. Desde su punto de vista, ahora instalado en el poder, no se puede cuestionar un resultado electoral que lamentablemente está plagado de irregularidades y sospechas. Exigir que se cuenten los votos para limpiar y hacer creíble la elección es, para los panistas y algunos columnistas, un atentado a la incipiente democracia mexicana.
Los panistas se olvidan que hace unas décadas ellos recorrieron los mismos caminos de la lucha por el respeto al voto ante un gobierno acostumbrado a cometer fraudes para imponer a sus candidatos y mantenerse en el poder. Luis Héctor Álvarez, Manuel de Jesús Clouthier y otros panistas reconocidos utilizaron los actos de resistencia pacífica, convencidos que éste era un recurso necesario para hacer valer su derecho a defender sus votos. Algunos de estos actos fueron considerados ilegales –como el bloqueo a carreteras y puentes fronterizos–, pero para ellos esto era el costo de hacer valer el ejercicio de la democracia.
Hoy eso se está olvidando o por lo menos se quiere olvidar. A los que exigen que se cuenten los votos para estar seguros de que no hubo fraude, el presidente Vicente Fox les llama “renegados”, y los panistas los consideran “resentidos sociales”. Otros más siguen considerando a López Obrador y sus seguidores “un peligro para México”, y lo propalan en Estados Unidos, como es el caso de Jorge Castañeda, quien al viejo estilo priista pretende aprovechar la coyuntura y arribar al equipo de Felipe Calderón en la búsqueda de un nuevo hueso.
Sin embargo, los argumentos de los panistas y de sus seguidores no resultan tan convincentes porque tienen una contradicción de origen: no pueden estar en contra de una lucha que ellos mismos impulsaron.
Es decir, los mismos que abogan por la democracia y el respeto a la legalidad, no están tomando en cuenta que ante las dudas generadas por el IFE, por la historia de fraudes electorales, por la participación ilegal del presidente Fox y de las televisoras –principalmente Televisa, como cuando el PRI gobernaba–, es preferible dar credibilidad a este proceso electoral y que el próximo presidente sea claramente legítimo. Y esto solamente se puede hacer con un nuevo conteo de los votos.
Esta demanda social va más allá de la lucha electoral de Andrés Manuel López Obrador, porque no es coyuntural sino substancial para avanzar en el proceso de democratización del país, pues implica poner un alto a las intenciones de repetir los mismos esquemas de corrupción política y de fraude electoral.
Desoír esta exigencia ciudadana para salir al paso del conflicto postelectoral, o confundirla con llamados a la violencia y a la anarquía, como sostiene Calderón, es desvalorizar un derecho fundamental: mantener la confianza social en los próximos gobernantes, condición básica de la gobernabilidad
PROCESO
posted by H2AGUA at
11:51 p.m.
