Y MAS DEL FOBAROPA PARA AQUELLOS QUE ESTAN CONTENTOS DE HABER VOTADO POR FECAL
Los contribuyentes deberán pagar una deuda de 16% del PIB, señala el diputado
El monto del rescate bancario asciende ya a $1.3 billones, advierte Ramírez Cuéllar
Conmina a la 60 Legislatura a no convalidar la compra de cartera vencida irregular
ELIZABETH VELASCO C.
El monto de la mayor deuda de la historia del país cargada al erario, el rescate bancario, ya asciende a un billón 360 mil 828 millones de pesos, que representa 16.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), informó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alfonso Ramírez Cuéllar, quien indicó que dicha cifra se actualizó al valor de los precios de diciembre de 2005.
A la fecha, agregó, se han pagado por este concepto -con cargo a los contribuyentes- 554 mil 104 millones de pesos (6.6 por ciento del PIB), que equivale a 40 por ciento del monto total de la deuda actualizada, que supera 1.3 billones de pesos.
Sin embargo, queda pendiente todavía un pasivo de 806 mil 724 millones, que incluye 110 mil millones correspondientes al Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC).
Ramírez Cuéllar aclaró que si bien el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refieren que el monto cargado a la deuda total del rescate bancario mediante el PCCC asciende a 72 mil 700 millones de pesos, cuando la suma se actualiza a precios de diciembre de 2005 ésta se incrementa a 110 mil millones.
Lo recursos de la cartera vencida co-rresponden a apoyos que recibieron diversas instituciones bancarias, entre estas Banamex, Bancomer, Bital (hoy HSBC) y Banorte.
El legislador perredista indicó que los diputados de la 60 Legislatura deben "negarse a cubrir" con una partida presupuestal especial la conversión en deuda pública de los pagarés del PCCC si antes no se realizan las auditorías que ordena el artículo 5 transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
En este punto coincidió el priísta José Porfirio Alarcón Hernández.
La finalidad de dichas auditorías es aclarar las irregularidades en que incurrieron diversos funcionarios de la SHCP, el IPAB y banqueros durante el proceso del rescate, iniciado en 1994.
Aval del PAN
Consultado por este diario para detallar la denuncia que senadores del PAN, PRD y PRI interpusieron la semana pasada en la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de sancionar a los funcionarios involucrados y evitar que los pagarés del PCCC se conviertan en deuda pública, Ramírez Cuéllar aseguró que los panistas "están asumiendo una actitud hipócrita", pues ellos avalaron dicho rescate bancario.
En cuanto a las decisiones que adoptará la SFP, comentó que no se esperan "grandes resultados", pues las denuncias interpuestas en este sexenio contra funcionarios públicos que han cometido irregularidades duermen "el sueño de los justos". Por tanto, "corresponde a los diputados y senadores de la 60 Legislatura desconocer la exigencia de que esos recursos se vuelvan deuda pública".
En igual sentido se pronunció el priista Alarcón Hernández, también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. "Desde que se dio vida jurídica al IPAB han pasado varios años y no se ha logrado esclarecer este asunto (el rescate bancario)", indicó.
"Por ello, la 60 Legislatura, que asumirá funciones el próximo 1º de septiembre, debe tomar cartas en el asunto, porque sólo desde el Poder Legislativo podremos darle transparencia a esas irregularidades y devolver a las normas las cosas ilegales. No veo otra posibilidad, porque en en esa dependencia federal todos forman parte de la misma camarilla."
Complicidades probadas
Ramírez Cuéllar recordó que en las investigaciones realizadas hasta ahora por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hay numerosas evidencias sobre "una complicidad señalada entre un grupo de banqueros y funcionarios de la SHCP que, desde la gestión de Guillermo Ortiz Martínez en esa dependencia, dejó que prescribieran los delitos"
Estas irregularidades, refiere el diputado, se deben a que "no acreditaron la responsabilidad jurídica en el caso, no integraron correctamente los expedientes y llevaron a cabo una cantidad inmensa de maniobras judiciales, de tal forma que ningún funcionario fuera castigado por el proceso del quebranto del sistema bancario de 1994".
El perredista censuró también la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, "amparada en el criterio de anualidad, ha solapado el funcionamiento del IPAB.
"Todavía estamos a tiempo, porque en la revisión de las cuentas públicas de 2004 y 2005 se va a volver a presentar este asunto de la erogación para financiar estos pagarés de cartera vencida, y aquí sí procede la sanción y la depuración de estos instrumentos.
"Haremos valer nuestra mayoría como diputados para que no se permita que con partidas del presupuesto se dé financiamiento al mencionado programa de capitalización de la cartera irregular", sostuvo el perredista. Los legisladores coincidieron, además, en que no hay sustento legal para que los pagarés del PCCC sean canjeados por los bonos que emite el IPAB.
Por tanto, añadieron, "es inadmisible que se conviertan en deuda pública estos instrumentos, en tanto no se lleve a cabo la depuración necesaria de la totalidad de los créditos irregulares y de todas las observaciones que han sido señaladas por la ASF".
http://www.jornada.unam.mx/2006/07/25/017n1pol.php
El monto del rescate bancario asciende ya a $1.3 billones, advierte Ramírez Cuéllar
Conmina a la 60 Legislatura a no convalidar la compra de cartera vencida irregular
ELIZABETH VELASCO C.
El monto de la mayor deuda de la historia del país cargada al erario, el rescate bancario, ya asciende a un billón 360 mil 828 millones de pesos, que representa 16.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), informó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alfonso Ramírez Cuéllar, quien indicó que dicha cifra se actualizó al valor de los precios de diciembre de 2005.
A la fecha, agregó, se han pagado por este concepto -con cargo a los contribuyentes- 554 mil 104 millones de pesos (6.6 por ciento del PIB), que equivale a 40 por ciento del monto total de la deuda actualizada, que supera 1.3 billones de pesos.
Sin embargo, queda pendiente todavía un pasivo de 806 mil 724 millones, que incluye 110 mil millones correspondientes al Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC).
Ramírez Cuéllar aclaró que si bien el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refieren que el monto cargado a la deuda total del rescate bancario mediante el PCCC asciende a 72 mil 700 millones de pesos, cuando la suma se actualiza a precios de diciembre de 2005 ésta se incrementa a 110 mil millones.
Lo recursos de la cartera vencida co-rresponden a apoyos que recibieron diversas instituciones bancarias, entre estas Banamex, Bancomer, Bital (hoy HSBC) y Banorte.
El legislador perredista indicó que los diputados de la 60 Legislatura deben "negarse a cubrir" con una partida presupuestal especial la conversión en deuda pública de los pagarés del PCCC si antes no se realizan las auditorías que ordena el artículo 5 transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
En este punto coincidió el priísta José Porfirio Alarcón Hernández.
La finalidad de dichas auditorías es aclarar las irregularidades en que incurrieron diversos funcionarios de la SHCP, el IPAB y banqueros durante el proceso del rescate, iniciado en 1994.
Aval del PAN
Consultado por este diario para detallar la denuncia que senadores del PAN, PRD y PRI interpusieron la semana pasada en la Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de sancionar a los funcionarios involucrados y evitar que los pagarés del PCCC se conviertan en deuda pública, Ramírez Cuéllar aseguró que los panistas "están asumiendo una actitud hipócrita", pues ellos avalaron dicho rescate bancario.
En cuanto a las decisiones que adoptará la SFP, comentó que no se esperan "grandes resultados", pues las denuncias interpuestas en este sexenio contra funcionarios públicos que han cometido irregularidades duermen "el sueño de los justos". Por tanto, "corresponde a los diputados y senadores de la 60 Legislatura desconocer la exigencia de que esos recursos se vuelvan deuda pública".
En igual sentido se pronunció el priista Alarcón Hernández, también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. "Desde que se dio vida jurídica al IPAB han pasado varios años y no se ha logrado esclarecer este asunto (el rescate bancario)", indicó.
"Por ello, la 60 Legislatura, que asumirá funciones el próximo 1º de septiembre, debe tomar cartas en el asunto, porque sólo desde el Poder Legislativo podremos darle transparencia a esas irregularidades y devolver a las normas las cosas ilegales. No veo otra posibilidad, porque en en esa dependencia federal todos forman parte de la misma camarilla."
Complicidades probadas
Ramírez Cuéllar recordó que en las investigaciones realizadas hasta ahora por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hay numerosas evidencias sobre "una complicidad señalada entre un grupo de banqueros y funcionarios de la SHCP que, desde la gestión de Guillermo Ortiz Martínez en esa dependencia, dejó que prescribieran los delitos"
Estas irregularidades, refiere el diputado, se deben a que "no acreditaron la responsabilidad jurídica en el caso, no integraron correctamente los expedientes y llevaron a cabo una cantidad inmensa de maniobras judiciales, de tal forma que ningún funcionario fuera castigado por el proceso del quebranto del sistema bancario de 1994".
El perredista censuró también la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, "amparada en el criterio de anualidad, ha solapado el funcionamiento del IPAB.
"Todavía estamos a tiempo, porque en la revisión de las cuentas públicas de 2004 y 2005 se va a volver a presentar este asunto de la erogación para financiar estos pagarés de cartera vencida, y aquí sí procede la sanción y la depuración de estos instrumentos.
"Haremos valer nuestra mayoría como diputados para que no se permita que con partidas del presupuesto se dé financiamiento al mencionado programa de capitalización de la cartera irregular", sostuvo el perredista. Los legisladores coincidieron, además, en que no hay sustento legal para que los pagarés del PCCC sean canjeados por los bonos que emite el IPAB.
Por tanto, añadieron, "es inadmisible que se conviertan en deuda pública estos instrumentos, en tanto no se lleve a cabo la depuración necesaria de la totalidad de los créditos irregulares y de todas las observaciones que han sido señaladas por la ASF".
http://www.jornada.unam.mx/2006/07/25/017n1pol.php
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8:54 p.m.
