Dos generaciones se confrontan por la reforma energética
jenaro villamil
* Para un grupo de juristas, las iniciativas de Calderón son anticonstitucionales; otros, la respaldan incondicionalmente
México, D.F., 22 de mayo (apro).- El cuarto debate que realiza el Senado de la República sobre la reforma energética propuesta por el presidente Felipe Calderón, confrontó hoy a dos generaciones de juristas, cuyas posiciones en contra y a favor de las iniciativas fueron irreconciliables.
Un grupo de juristas integrado por el constitucionalista Raúl Carrancá, Sergio García Ramírez, Luis Javier Garrido y José Elías Romero Apis, se manifestaron en contra de las iniciativas presentadas por Calderón ante el Congreso de la Unión.
Por su parte, los más jóvenes, entre ellos Miguel Carbonell, Sergio López Aylón, José Roldán Xopa y Fauzi Hamdan, expresaron su respaldo incondicional a la propuesta de Calderón que conforma el “paquete petrolero”, negaron que se trate de una privatización de la industria y consideraron que el carácter estratégico y reservado para el Estado no incluye el sector de la refinación, el transporte y el almacenamiento.
Por su parte, Carrancá afirmó que las iniciativas enviadas por Felipe Calderón son “absolutamente anticonstitucionales”, mientras que García Ramírez sostuvo que son de “dudosa constitucionalidad”. En el mismo tenor Luis Javier Garrido consideró que constituyen “una tentativa de fraude a la Constitución”, en tanto que para Romero Apis pueden tener “riesgos de anticonstitucionalidad”.
No obstante, los propios defensores de las iniciativas reconocieron durante el debate que éstas deben de perfeccionarse para evitar una acción de anticonstitucionalidad.
En especial, López Aylón y Miguel Carbonell, con argumentos muy similares, sostuvieron que no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le corresponde interpretar el texto constitucional y que en una lectura distinta, el artículo 27 constitucional no prohíbe la apertura de las inversiones privadas a los sectores de la refinación y el transporte.
Más llano y directo, el panista Fauzi Hamdan simplificó así los términos de la discusión: “No nos hagamos pelotas, la explotación no es sólo la extracción”, pero se debe abrir el sector de la refinación.
El más crudo fue el doctor Luis Javier Garrido, a quienes senadores participantes y los demás conferencistas le reclamaron airadamente que considerara “espurio” al gobierno de Felipe Calderón y que llamara “traidor a la patria” al Ejecutivo federal por haber presentado la iniciativa.
El tema de la responsabilidad del Ejecutivo lo introdujo desde el inicio el jurista Raúl Carrancá y Rivas, al señalar que Calderón incurre en una “flagrante violación constitucional” al presentar las iniciativas que contravienen lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
“Es una locura pensar que a través de la ley reglamentaria se puede rebasar la Constitución”, afirmó Carrancá.
Acto seguido, Sergio García Ramírez, exprocurador general de la República, señaló que los principios históricos de la Constitución no son “mitos o leyendas”, y advirtió que la lectura del texto constitucional no se puede realizar sólo desde “las ventanas que miran al mundo, pero no ven primero la ventana de México”.
Al entrar al debate sobre si se privatiza o no la industria, García Ramírez afirmó que “en rigor lo que se privatiza es una porción de la actividad estratégica de la explotación del petróleo” que antes era una facultad exclusiva del Estado, como es el caso de la refinación.
Cuando el Pablo Gómez emplazó a García Ramírez a considerar si eran anticonstitucionales o no las iniciativas, el jurista indicó:
“Yo le diría, que en este aspecto, que no es un aspecto menor, el proyecto me parece, por lo menos, de muy dudosa constitucionalidad. Y digo por lo menos de muy dudosa, aunque yo creo que inconstitucional, porque finalmente le estoy dando mi opinión.
“Es de una constitucionalidad muy discutible porque el alcance que le da a la palabra explotación, que es un alcance totalmente distinto, del que al menos yo le asigno, siguiendo la trayectoria, siguiendo el desarrollo del pensamiento, no del legislador, sino del reformador constitucional”, agregó.
En el mismo debate, el senador Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, pareció acercarse más a las posiciones de los críticos de las iniciativas al afirmar, en consonancia con García Ramírez: “Sí creo que en esta iniciativa hay cuestiones inconstitucionales. Creo que hay por lo menos tres partes en donde hay vicios de inconstitucionalidad.”
El “fantasma” de la toma de tribuna
Por su parte, Luis Javier Garrido, el más interpelado durante la sesión de casi seis horas, subrayó que las iniciativas constituyen “una tentativa de fraude a la Constitución”, en particular contra la facultad exclusiva del Estado a explotar el petróleo.
Garrido consideró “notoriamente improcedentes” las reformas de Calderón, y recordó que se debe establecer la consulta y el plebiscito para buscar la reformas a la Constitución.
El doctor les recordó a los senadores que el debate se realiza por la resistencia civil de los simpatizantes de López Obrador; y llamó “gobierno de facto” al de Calderón.
Esto provocó una rápida interpelación del senador Francisco Labastida Ochoa, quien afirmó que antes de la “toma” de las tribunas la Comisión de Energía que él preside ya había decidido el formato de los debates y sólo faltaba por definir el número de días.
Sin embargo, el propio Labastida fue replicado por el senador Pablo Gómez, integrante de la Comisión, quien le recordó que ésta no sesionaba desde octubre del año pasado.
La participación de Garrido le valió que Miguel Carbonell, Fauzi Hamdan y Sergio López Aylón le recriminaran que no presentara una violación constitucional concreta, que considerara “traidores” a la patria a los legisladores y hasta lo calificaron como “ideólogo” y no como técnico jurídico por haber tachado de neoliberal la reforma energética.
En la ronda de preguntas y respuestas, el senador Alejandro González Alcocer le recriminó sus duros juicios a Garrido. El doctor en Ciencias Políticas expuso nuevamente la lista de violaciones constitucionales que, según su opinión, contiene la iniciativa.
Garrido reprochó el “subjetivismo inadmisible” de Carbonell e insistió que la intencionalidad general de la reforma calderonista constituye una “tentativa de fraude a la Constitución”.
La defensa de las iniciativas
Como si se hubiera definido en dos bloques claramente diferenciados, después de la participación de los tres primeros juristas (Raúl Carrancá, Sergio García Ramírez y Luis Javier Garrido) expusieron los especialistas que apoyaron las iniciativas de Calderón, quienes consideraron que éstas no tienen visos de anticonstitucionalidad.
Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no es posible “emitir un juicio de valor global sobre la Constitución” en materia petrolera.
Colocó el debate sobre los alcances del término “explotación”. Para Carbonell, esto sólo incluye el proceso de “alumbramiento del petróleo”, es decir, la extracción, así como “el aprovechamiento de la renta petrolera”. El investigador consideró que las iniciativas no privatizan la explotación ni la renta petrolera. Ni los “bonos ciudadanos” propuestos por Calderón son anticonstitucionales. Y les advirtió a los otros integrantes del panel: “Quienes impugnan la constitucionalidad son quienes deben probarlo”.
Para José Elías Romero Apis, sólo los ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden definir si son constitucionales las “maquilas de refinación” que proponen las iniciativas presidenciales, pero admitió que existe un “riesgo constitucional”.
Romero Apis consideró que ni el concepto de extracción ni el de renta petrolera contienen una sola acepción.
José Antonio Roldán Xopa, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), consideró que las reservas en materia energética que contiene el Tratado de Libre Comercio no se contraponen con una posible reforma en esta materia. Insistió que la exclusividad del Estado en la explotación no margina a los particulares.
En una de las declaraciones más desafortunadas, Roldán Xopa afirmó que los legisladores deben otorgarle a Petróleos Mexicanos (Pemex) las armas para que “pueda competir con la Shell”, de lo contrario, “sería mandar a Pemex a competir como un burro cojo”.
Para Sergio López Aylón, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), no existen violaciones constitucionales; y el propio texto faculta al Congreso para que pueda interpretar y deliberarla. Esta posición lo colocó en franca oposición a Raúl Carrancá.
López Aylón subrayó que “la Constitución no es ni puede ser un documento petrificado e inamovible. Es un texto abierto. Su lenguaje es polisémico”.
Insistió en que la reforma y la figura de “contratos incentivados” que introducen las iniciativas no transfieren renta petrolera. Sobre las “refinerías de maquila” considera que tampoco hay anticonstitucionalidad, aunque concedió que “una pregunta distinta es si es correcta”.
* Para un grupo de juristas, las iniciativas de Calderón son anticonstitucionales; otros, la respaldan incondicionalmente
México, D.F., 22 de mayo (apro).- El cuarto debate que realiza el Senado de la República sobre la reforma energética propuesta por el presidente Felipe Calderón, confrontó hoy a dos generaciones de juristas, cuyas posiciones en contra y a favor de las iniciativas fueron irreconciliables.
Un grupo de juristas integrado por el constitucionalista Raúl Carrancá, Sergio García Ramírez, Luis Javier Garrido y José Elías Romero Apis, se manifestaron en contra de las iniciativas presentadas por Calderón ante el Congreso de la Unión.
Por su parte, los más jóvenes, entre ellos Miguel Carbonell, Sergio López Aylón, José Roldán Xopa y Fauzi Hamdan, expresaron su respaldo incondicional a la propuesta de Calderón que conforma el “paquete petrolero”, negaron que se trate de una privatización de la industria y consideraron que el carácter estratégico y reservado para el Estado no incluye el sector de la refinación, el transporte y el almacenamiento.
Por su parte, Carrancá afirmó que las iniciativas enviadas por Felipe Calderón son “absolutamente anticonstitucionales”, mientras que García Ramírez sostuvo que son de “dudosa constitucionalidad”. En el mismo tenor Luis Javier Garrido consideró que constituyen “una tentativa de fraude a la Constitución”, en tanto que para Romero Apis pueden tener “riesgos de anticonstitucionalidad”.
No obstante, los propios defensores de las iniciativas reconocieron durante el debate que éstas deben de perfeccionarse para evitar una acción de anticonstitucionalidad.
En especial, López Aylón y Miguel Carbonell, con argumentos muy similares, sostuvieron que no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le corresponde interpretar el texto constitucional y que en una lectura distinta, el artículo 27 constitucional no prohíbe la apertura de las inversiones privadas a los sectores de la refinación y el transporte.
Más llano y directo, el panista Fauzi Hamdan simplificó así los términos de la discusión: “No nos hagamos pelotas, la explotación no es sólo la extracción”, pero se debe abrir el sector de la refinación.
El más crudo fue el doctor Luis Javier Garrido, a quienes senadores participantes y los demás conferencistas le reclamaron airadamente que considerara “espurio” al gobierno de Felipe Calderón y que llamara “traidor a la patria” al Ejecutivo federal por haber presentado la iniciativa.
El tema de la responsabilidad del Ejecutivo lo introdujo desde el inicio el jurista Raúl Carrancá y Rivas, al señalar que Calderón incurre en una “flagrante violación constitucional” al presentar las iniciativas que contravienen lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
“Es una locura pensar que a través de la ley reglamentaria se puede rebasar la Constitución”, afirmó Carrancá.
Acto seguido, Sergio García Ramírez, exprocurador general de la República, señaló que los principios históricos de la Constitución no son “mitos o leyendas”, y advirtió que la lectura del texto constitucional no se puede realizar sólo desde “las ventanas que miran al mundo, pero no ven primero la ventana de México”.
Al entrar al debate sobre si se privatiza o no la industria, García Ramírez afirmó que “en rigor lo que se privatiza es una porción de la actividad estratégica de la explotación del petróleo” que antes era una facultad exclusiva del Estado, como es el caso de la refinación.
Cuando el Pablo Gómez emplazó a García Ramírez a considerar si eran anticonstitucionales o no las iniciativas, el jurista indicó:
“Yo le diría, que en este aspecto, que no es un aspecto menor, el proyecto me parece, por lo menos, de muy dudosa constitucionalidad. Y digo por lo menos de muy dudosa, aunque yo creo que inconstitucional, porque finalmente le estoy dando mi opinión.
“Es de una constitucionalidad muy discutible porque el alcance que le da a la palabra explotación, que es un alcance totalmente distinto, del que al menos yo le asigno, siguiendo la trayectoria, siguiendo el desarrollo del pensamiento, no del legislador, sino del reformador constitucional”, agregó.
En el mismo debate, el senador Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, pareció acercarse más a las posiciones de los críticos de las iniciativas al afirmar, en consonancia con García Ramírez: “Sí creo que en esta iniciativa hay cuestiones inconstitucionales. Creo que hay por lo menos tres partes en donde hay vicios de inconstitucionalidad.”
El “fantasma” de la toma de tribuna
Por su parte, Luis Javier Garrido, el más interpelado durante la sesión de casi seis horas, subrayó que las iniciativas constituyen “una tentativa de fraude a la Constitución”, en particular contra la facultad exclusiva del Estado a explotar el petróleo.
Garrido consideró “notoriamente improcedentes” las reformas de Calderón, y recordó que se debe establecer la consulta y el plebiscito para buscar la reformas a la Constitución.
El doctor les recordó a los senadores que el debate se realiza por la resistencia civil de los simpatizantes de López Obrador; y llamó “gobierno de facto” al de Calderón.
Esto provocó una rápida interpelación del senador Francisco Labastida Ochoa, quien afirmó que antes de la “toma” de las tribunas la Comisión de Energía que él preside ya había decidido el formato de los debates y sólo faltaba por definir el número de días.
Sin embargo, el propio Labastida fue replicado por el senador Pablo Gómez, integrante de la Comisión, quien le recordó que ésta no sesionaba desde octubre del año pasado.
La participación de Garrido le valió que Miguel Carbonell, Fauzi Hamdan y Sergio López Aylón le recriminaran que no presentara una violación constitucional concreta, que considerara “traidores” a la patria a los legisladores y hasta lo calificaron como “ideólogo” y no como técnico jurídico por haber tachado de neoliberal la reforma energética.
En la ronda de preguntas y respuestas, el senador Alejandro González Alcocer le recriminó sus duros juicios a Garrido. El doctor en Ciencias Políticas expuso nuevamente la lista de violaciones constitucionales que, según su opinión, contiene la iniciativa.
Garrido reprochó el “subjetivismo inadmisible” de Carbonell e insistió que la intencionalidad general de la reforma calderonista constituye una “tentativa de fraude a la Constitución”.
La defensa de las iniciativas
Como si se hubiera definido en dos bloques claramente diferenciados, después de la participación de los tres primeros juristas (Raúl Carrancá, Sergio García Ramírez y Luis Javier Garrido) expusieron los especialistas que apoyaron las iniciativas de Calderón, quienes consideraron que éstas no tienen visos de anticonstitucionalidad.
Para Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no es posible “emitir un juicio de valor global sobre la Constitución” en materia petrolera.
Colocó el debate sobre los alcances del término “explotación”. Para Carbonell, esto sólo incluye el proceso de “alumbramiento del petróleo”, es decir, la extracción, así como “el aprovechamiento de la renta petrolera”. El investigador consideró que las iniciativas no privatizan la explotación ni la renta petrolera. Ni los “bonos ciudadanos” propuestos por Calderón son anticonstitucionales. Y les advirtió a los otros integrantes del panel: “Quienes impugnan la constitucionalidad son quienes deben probarlo”.
Para José Elías Romero Apis, sólo los ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden definir si son constitucionales las “maquilas de refinación” que proponen las iniciativas presidenciales, pero admitió que existe un “riesgo constitucional”.
Romero Apis consideró que ni el concepto de extracción ni el de renta petrolera contienen una sola acepción.
José Antonio Roldán Xopa, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), consideró que las reservas en materia energética que contiene el Tratado de Libre Comercio no se contraponen con una posible reforma en esta materia. Insistió que la exclusividad del Estado en la explotación no margina a los particulares.
En una de las declaraciones más desafortunadas, Roldán Xopa afirmó que los legisladores deben otorgarle a Petróleos Mexicanos (Pemex) las armas para que “pueda competir con la Shell”, de lo contrario, “sería mandar a Pemex a competir como un burro cojo”.
Para Sergio López Aylón, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), no existen violaciones constitucionales; y el propio texto faculta al Congreso para que pueda interpretar y deliberarla. Esta posición lo colocó en franca oposición a Raúl Carrancá.
López Aylón subrayó que “la Constitución no es ni puede ser un documento petrificado e inamovible. Es un texto abierto. Su lenguaje es polisémico”.
Insistió en que la reforma y la figura de “contratos incentivados” que introducen las iniciativas no transfieren renta petrolera. Sobre las “refinerías de maquila” considera que tampoco hay anticonstitucionalidad, aunque concedió que “una pregunta distinta es si es correcta”.
posted by H2AGUA at
11:51 a.m.
