Marín es responsable en el caso Lydia Cacho: Silva Meza
jorge carrasco araizaga
* Góngora Pimentel apoya el dictamen contra el “gober precioso”
México, D.F., 26 de noviembre (apro).- El ministro Juan Silva Meza propuso al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar al gobernador de Puebla, Mario Marín, junto con otros 29 funcionarios, responsable de haber cometido graves violaciones a las garantías de la escritora Lydia Cacho.
Ante el pleno de la Corte, Silva Meza pidió también al máximo tribunal establecer que el Congreso de la Unión es el responsable de tomar medidas sobre esa actuación del llamado gober precioso, quien este mismo lunes, paradójicamente, hizo un llamado a los presidentes municipales del PRI electos, para “cuidar su imagen”.
Las propuestas del ministro están contenidas en un extenso informe que se discutirá en la sesión del pleno de este martes, aunque el ministro Genaro Góngora Pimentel adelantó su posición de responsabilizar a Marín.
Silva Meza tomó casi una hora de la sesión para dar a conocer su propuesta de dictamen, que no fue novedoso y sí, en cambio, estuvo atenuado respecto de las eventuales acciones contra el gobernador.
En su primer informe de investigación sobre el caso, presentado el 26 de junio pasado, no sólo estableció la responsabilidad de Marín, sino que pidió el juicio político para el gobernador.
El pleno de la Corte evitó entonces tomar una posición sobre el informe, pero anticipó que no le correspondía establecer si procedía o no el juicio político, por ser facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
Con el argumento de que se debía dar garantía de audiencia a los involucrados y que el informe tenía que ajustarse a las reglas que estableciera la Corte para las investigaciones de violaciones a las garantías individuales, Silva Meza tuvo que integrar a su indagatoria las declaraciones de Marín ante los hechos que se le imputan.
En su nuevo informe, el ministro reiteró que por solicitud del empresario Kamel Nacif, Marín encabezó una conspiración para actuar penalmente en contra de Lydia Cacho en represalia por la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el que el textilero de origen libanés es involucrado en una red de pederastia internacional.
Pero en esta ocasión, el ministro evitó pedir directamente el juicio político, pues el pleno ha establecido que la Corte no está facultada para hacer recomendaciones a otros Poderes del estado.
En cambio, aseguró que “la vinculación que este alto funcionario de la Federación tiene con los hechos denunciados deriva de que fue él quien propició que se diera una acción concertada entre diversas autoridades y funcionarios”.
Directo, añadió: “Hubo concierto de autoridades, con el objetivo de perjudicar a la periodista Lydia Cacho, en la que tuvo injerencia el gobernador de Puebla”. Hubo un “aprovechamiento ilegítimo del poder”, agregó.
Los otros funcionarios que responsabiliza son los procuradores de Puebla y Quintana Roo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y a la juez que dio la orden para aprehender a Cacho, acusada de “difamación”.
Entre los responsables por parte del gobierno de Puebla, señaló, además de Marín, al secretario de Gobierno estatal, Javier López Zavala, la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda; y el subprocurador de Averiguaciones Previas, Igor Archundia Sierra, entre otros funcionarios ministeriales, incluido el exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán.
De las autoridades de Quintana Roo identificó al procurador de Justicia, Bello Melchor Rodríguez: al subprocurador de la zona Norte, Teodoro Manuel Sarmiento, y al exdirector de asuntos jurídicos de esa adscripción, Javier Brito.
Involucró también al Tribunal Superior de Justicia de Puebla y a las autoridades encargadas de la defensa de los menores, entre ellas la Procuraduría General de la República.
En el caso de los funcionarios de Puebla y Quintana Roo, el ministro Silva Meza dijo que las legislaturas estatales y otras autoridades locales serían las responsables de proceder.
El primer ministro que se sumó a Silva Meza fue Góngora Pimentel, quien, incluso, consideró que se debe dar validez probatoria a las grabaciones filtradas a la prensa en las que Nacif le agradeció haber gestionado la detención de la escritora.
Incluso, leyó el contenido de la grabación, con todo y los improperios de ambos contra Cacho, quien como resultado de la orden girada en Puebla fue detenida a mediados de diciembre de 2005 en su lugar de residencia, en Cancún, Quintana Roo, donde, según la escritora, opera una red pederasta protegida por funcionarios federales.
Las condiciones en que Lydia Cacho Ribeiro fue detenida y trasladada a Puebla estuvieron dirigidas a generarle un estado de angustia por su integridad física, aseguró Silva Meza.
Añadió que su investigación encontró una “sistemática y reiterada” violación en perjuicio de menores de edad mediante actos “deleznables y repudiables”.
* Góngora Pimentel apoya el dictamen contra el “gober precioso”
México, D.F., 26 de noviembre (apro).- El ministro Juan Silva Meza propuso al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar al gobernador de Puebla, Mario Marín, junto con otros 29 funcionarios, responsable de haber cometido graves violaciones a las garantías de la escritora Lydia Cacho.
Ante el pleno de la Corte, Silva Meza pidió también al máximo tribunal establecer que el Congreso de la Unión es el responsable de tomar medidas sobre esa actuación del llamado gober precioso, quien este mismo lunes, paradójicamente, hizo un llamado a los presidentes municipales del PRI electos, para “cuidar su imagen”.
Las propuestas del ministro están contenidas en un extenso informe que se discutirá en la sesión del pleno de este martes, aunque el ministro Genaro Góngora Pimentel adelantó su posición de responsabilizar a Marín.
Silva Meza tomó casi una hora de la sesión para dar a conocer su propuesta de dictamen, que no fue novedoso y sí, en cambio, estuvo atenuado respecto de las eventuales acciones contra el gobernador.
En su primer informe de investigación sobre el caso, presentado el 26 de junio pasado, no sólo estableció la responsabilidad de Marín, sino que pidió el juicio político para el gobernador.
El pleno de la Corte evitó entonces tomar una posición sobre el informe, pero anticipó que no le correspondía establecer si procedía o no el juicio político, por ser facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
Con el argumento de que se debía dar garantía de audiencia a los involucrados y que el informe tenía que ajustarse a las reglas que estableciera la Corte para las investigaciones de violaciones a las garantías individuales, Silva Meza tuvo que integrar a su indagatoria las declaraciones de Marín ante los hechos que se le imputan.
En su nuevo informe, el ministro reiteró que por solicitud del empresario Kamel Nacif, Marín encabezó una conspiración para actuar penalmente en contra de Lydia Cacho en represalia por la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el que el textilero de origen libanés es involucrado en una red de pederastia internacional.
Pero en esta ocasión, el ministro evitó pedir directamente el juicio político, pues el pleno ha establecido que la Corte no está facultada para hacer recomendaciones a otros Poderes del estado.
En cambio, aseguró que “la vinculación que este alto funcionario de la Federación tiene con los hechos denunciados deriva de que fue él quien propició que se diera una acción concertada entre diversas autoridades y funcionarios”.
Directo, añadió: “Hubo concierto de autoridades, con el objetivo de perjudicar a la periodista Lydia Cacho, en la que tuvo injerencia el gobernador de Puebla”. Hubo un “aprovechamiento ilegítimo del poder”, agregó.
Los otros funcionarios que responsabiliza son los procuradores de Puebla y Quintana Roo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y a la juez que dio la orden para aprehender a Cacho, acusada de “difamación”.
Entre los responsables por parte del gobierno de Puebla, señaló, además de Marín, al secretario de Gobierno estatal, Javier López Zavala, la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda; y el subprocurador de Averiguaciones Previas, Igor Archundia Sierra, entre otros funcionarios ministeriales, incluido el exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán.
De las autoridades de Quintana Roo identificó al procurador de Justicia, Bello Melchor Rodríguez: al subprocurador de la zona Norte, Teodoro Manuel Sarmiento, y al exdirector de asuntos jurídicos de esa adscripción, Javier Brito.
Involucró también al Tribunal Superior de Justicia de Puebla y a las autoridades encargadas de la defensa de los menores, entre ellas la Procuraduría General de la República.
En el caso de los funcionarios de Puebla y Quintana Roo, el ministro Silva Meza dijo que las legislaturas estatales y otras autoridades locales serían las responsables de proceder.
El primer ministro que se sumó a Silva Meza fue Góngora Pimentel, quien, incluso, consideró que se debe dar validez probatoria a las grabaciones filtradas a la prensa en las que Nacif le agradeció haber gestionado la detención de la escritora.
Incluso, leyó el contenido de la grabación, con todo y los improperios de ambos contra Cacho, quien como resultado de la orden girada en Puebla fue detenida a mediados de diciembre de 2005 en su lugar de residencia, en Cancún, Quintana Roo, donde, según la escritora, opera una red pederasta protegida por funcionarios federales.
Las condiciones en que Lydia Cacho Ribeiro fue detenida y trasladada a Puebla estuvieron dirigidas a generarle un estado de angustia por su integridad física, aseguró Silva Meza.
Añadió que su investigación encontró una “sistemática y reiterada” violación en perjuicio de menores de edad mediante actos “deleznables y repudiables”.
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9:59 a.m.
