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miércoles, 18 de abril de 2007

RESULTO QUE EL ESPURIO NO SIRVE NI PARA SACAR A UN PERRO DE UNA MILPA

La iniciativa política de Felipe Calderón todavía exhibe vacíos

FORUM en línea
Pablo Cabañas Díaz
pcabanas@correo.unam.mx

* Antonio Solá Reche, el principal operador del Partido Popular de José María Aznar en México, sigue siendo el asesor de cabecera de Calderón, se encuentra instalado en Los Pinos y es el verdadero responsable de la estrategia de comunicación. Hace mancuerna con Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien se ostenta como súbdito de España con un pasaporte distinto al mexicano.

El Forbes CEO Forum México, realizado el 21 de septiembre, tuvo como objetivo respaldar a Felipe Calderón ante el agudo clima de incertidumbre política que vivía el país. En ese encuentro también se propuso una agenda de gobierno en la que la privatización de las industrias petrolera y eléctrica, la supresión de los derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución y el compromiso de gravar con el Impuesto al Valor Agregado a los alimentos y medicinas, sintetizaban las próximas "reformas estructurales a implantarse en México.

Forbes CEO Forum México fue organizado por la Forbes Conferences y patrocinado por la firma de seguridad informática Internet Security Sistems, la Cámara Americana de Comercio, el periódico El Financiero, Latin America Monitor y la revista Latin Trade. Fue convocado para que los Chiefs Executive Officers, como se identifica en inglés a los altos mandos de las empresas, dieran sus puntos de vista sobre el país que se proyectaba para el siguiente gobierno.

En el texto de la convocatoria se puede leer: "Después de meses de una campaña feroz, en la más cerrada elección presidencial en la historia de México, los resultados están listos y Felipe Calderón es oficialmente el presidente electo de México'', decía el documento de presentación del foro. "A lo largo de la campaña presidencial, los líderes de negocios en México han dirigido sus empresas entre las promesas políticas y la retórica, con un telón de fondo de incertidumbre. Ahora pueden seguir con el curso de sus negocios. ¿México entrará en una nueva era de crecimiento y competitividad? ¿O continuará el punto muerto en el Congreso, excluyendo la posibilidad de sacar adelante reformas importantes, lo que resultaría en un juego de suma cero?"

"La solución era impulsar reformas estructurales, específicamente en el rubro laboral, fiscal y de energía".

Redondeaba el texto: el país "se encuentra al borde del precipicio: ¿se sostendrá en su pasado económico o irá hacia delante para lograr una tasa de crecimiento anual de al menos 5 por ciento, asegurando su lugar como un competitivo jugador mundial?". Asegura: "Los líderes de negocios tienen un papel importante para lograr esto último".

En sus primeros 100 días de gobierno Felipe Calderón Hinojosa ha retomado los elementos centrales de la reunión convocada por Forbes y del Acuerdo nacional para la unidad, el Estado de derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo, mejor conocido como el Pacto de Chapultepec, patrocinado por Carlos Slim y elaborado por el expresidente del gobierno español Felipe González.

Tal y como se recomendó en la reunión de septiembre de 2006 CEO Forum México, el futuro del país debía visibilizarse a través de un gobierno de "mano firme" contra la delincuencia, apoyado en las fuerzas armadas. Y así se hizo. Desde el comienzo de su gobierno buscó apuntalar su figura apoyado en el Ejército y la Marina. Con el anuncio de la Operación Conjunta Michoacán, el pasado 11 de diciembre, el gobierno federal dio inicio a una serie de movilizaciones militares con las que ha resaltado el discurso de la "mano firme" contra la delincuencia. Estas reuniones han sido una cada 10 días. La lista es larga: Día de la Bandera, desayuno por el Día del

Ejército, Marcha de la Lealtad, desayuno conmemorativo de la Fuerza Aérea Mexicana, entrega del sable de mando de la Marina, visita y saludo a las fuerzas federales en Michoacán, desayuno de fin de año con personal de la Armada de México, transferencia de personal de la Defensa y la Marina a la Policía Federal Preventiva (PFP), toma de protesta del gabinete de seguridad y salutación de las fuerzas armadas. Hasta ahora este es el mensaje que ha permeado más en la población, según estudios de opinión de la Presidencia de la República.

Felipe Calderón ha tomado el camino más fácil, el de los efectos e ilusiones mediáticas, pero sin resultados claros. Además del gran número de elementos del Ejército y Marina que han utilizado en los últimos seis años para erradicar el problema, Calderón puso en operación otros 15 mil de la PFP, que en realidad son militares. Es decir, el combate al narcotráfico se ha militarizado como si de una guerra se tratase. Aunque con ello, únicamente se ataca la superficie del problema porque las redes de corrupción política, policial, militar, incluso gubernamental, siguen intactas. No hay mejoras visibles ni garantías de progreso.

Felipe Calderón considera que "los institutos militares de la República son más fuertes que cualquier banda de delincuentes", y según lo ha señalado en repetidas ocasiones va a utilizar "toda la fuerza del Estado para responder a quienes desafían a la autoridad y a la sociedad, y a quienes retan a las instituciones y ponen en peligro el futuro del país". El problema es que quizá la realidad del país es más compleja de lo que creen los Chiefs Executive Officers.

En un país en el que las desigualdades, la falta de instituciones públicas saneadas y la corrupción están a la orden del día, ese tipo de batallas habría que enfrentarlas atacando también las bases del problema. Los resultados son evidentes, todos los días los periódicos del país reportan muertos por el narcotráfico en una escalada que no tiene fin.

La pretensión de ganar una Presidencia fuerte presenta un abanico de relevantes debilidades. La herencia que deja Vicente Fox a Calderón es muy pesada. Hay graves irregularidades cometidas en el sexenio 2000-2006 que, al parecer, los panistas han decidido desconocerlas.

El caso más conocido es el de los hermanos Bibriesca Sahagún, hay una investigación pendiente hasta el momento y no existe ninguna justificación legal o política para no seguir su trámite. La actuación de los hermanos Bibriesca se ha convertido en la representación emblemática de la corrupción de los gobiernos emergidos del PAN, un partido que precisamente se fundó para luchar en contra de la impunidad y la descomposición del poder detentado por el Partido Revolucionario Institucional.

Quedan pendientes también las cuentas de Martha Sahagún, quien para proteger a sus hijos de las denuncias de tráfico de influencias y, al mismo tiempo, para mantener su fundación Vamos México, desarrolla un intenso activismo político.
Hasta septiembre de 2006, existían 468 fideicomisos operados por entidades y dependencias federales, durante 30 años el gobierno federal constituyó y operó fideicomisos públicos y fondos privados, sin que nadie se detuviera a preguntar ¿cómo se manejan, quién los financia o a dónde se destinan los recursos públicos que allí se acumulan?

A este complejo entramado de intereses se suma la división en el Partido Acción Nacional (PAN) que ha llegado a un escenario de aguda confrontación. Por ejemplo, el único encuentro entre Calderón y Manuel Espino en sus primeros 100 días de gobierno, fue para desmentir las declaraciones que hizo el dirigente panista a un diario español, días antes de la visita de Calderón a la nación ibérica, en febrero pasado, y tenían un objetivo concreto, que no era precisamente el que se entendió en México.

Más que boicotear la gira de Calderón, como interpretó la mayoría de los analistas, Espino dio aquella entrevista -en la que tachaba de débil la política del presidente José Luis Rodríguez Zapatero frente a la ETA- para abortar una decisión de política exterior que estaba tomada. Calderón había decidido nombrar a Manuel Espino como nuevo embajador de México en España y estaba por presentarle la propuesta al gobierno de Zapatero. Espino sabía que la "invitación" para ocupar la embajada que pronto dejará el también panista José Gabriel Jiménez Remus, era en realidad un exilio con el que Calderón quería deshacerse del incómodo dirigente del PAN.

La apuesta de Espino fue entonces golpear deliberadamente al presidente español, al que tildo de ingenuo y débil frente a la ETA, y de esa forma evitar que Calderón lo propusiera como embajador en España ante el riesgo de que el gobierno de aquel país rechazara el nombramiento. Espino logró su objetivo, y obligó al gobierno de México a emitir un comunicado oficial en el que se deslindaba de las declaraciones del dirigente panista.

Ante este escenario adverso en el PAN, Calderón ha estructurado el apoyo a su gobierno en el PRI y su fracción en la Cámara de Diputados, la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, el Congreso del Trabajo y con Elba Esther Gordillo, quien celebró su cumpleaños en la casa presidencial, donde reafirmó su alianza con el panista y de paso dictó la agenda educativa sexenal.

Antonio Solá Reche es el principal operador del Partido Popular de José María Aznar en México. Solá Reche sigue siendo el asesor de cabecera de Calderón, se encuentra instalado con oficinas propias en Los Pinos y es el verdadero responsable de la estrategia de comunicación del gobierno. Este súbdito español no sólo ya trajo a su familia a México, sino que inició los trámites para convertirse en ciudadano mexicano y evitar ser acusado de inmiscuirse en asuntos exclusivos de México. Solá hace mancuerna con otro español de nacimiento, Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien se ostenta como súbdito de España con un pasaporte distinto al mexicano.

Durante 100 días Calderón ha podido gobernar sin más contratiempo que las mantas que se aperciben en los muy controlados eventos públicos. Los escenarios incendiados de Oaxaca y Atenco, y las enconadas protestas poselectorales que reflejaban una sociedad dividida y enfrentada, muestran otro escenario en este lapso.

Antonio Solá realizó un balance para la Fundación Save Democracy en el que señala que "con sus primeros pasos, el mandatario deja en claro su habilidad política y negociadora". Afirma que el principal reto de la actual administración será enfrentar el paquete de reformas fiscal, del Estado, energética y de la seguridad.

De acuerdo al análisis de Sola, en tres días fue capaz de sentar a la mesa a productores, asociaciones, empresarios y políticos y suscribió el Acuerdo nacional para estabilizar el precio de la tortilla que ha permitido, de manera eficaz, bajar el precio de este insumo -a pesar del alza internacional del maíz- a 9.20 pesos el kilo (cuando llegó a estar en algunas zonas del país a 18 pesos el kilo).

Un gobierno de mano dura es un buen mensaje mediático pero en la realidad es muy indefinido. Las fricciones con Manuel Espino responden a la ausencia de un proyecto de gobierno del PAN como partido y a los objetivos propios de Espino. Si bien es cierto que se debe evitar el regreso al Estado-partido-gobierno, de todos modos el PAN tiene un espacio de obligación política para una relación de apoyo con el gobierno.

La iniciativa política calderonista aún exhibe vacíos. El Partido de la Revolución Democrática aún no define con claridad su relación con el titular del Poder Ejecutivo y el PRI ya dio su iniciativa de reforma del Estado que es lo que más pudo ofrecer, pero carece de viabilidad en tanto siga fracturado y tenga un liderazgo débil como el de Beatriz Paredes. En el fondo, el PRI está lejos de proponer una reforma política real y sólo quiere reposicionarse con miras a las elecciones presidenciales de 2012.

El único espacio de Calderón para construir un gobierno fuerte se localiza en la posibilidad de un programa de desarrollo integral y con beneficios para el bienestar de las mayorías. Para ello, sin embargo, requiere alejarse de los dogmatismos del pensamiento económico del PAN, neutralizar al PRD en el Distrito Federal y apoyarse en la base social y productiva que dejó el PRI, lo que parece que es el camino por el que se ha optado. Se trataría, en suma, de reciclar el Pacto de Chapultepec que gira en torno a cinco objetivos: Estado de derecho y seguridad pública; desarrollo con justicia, crecimiento económico y empleo; formar y desarrollar capital humano y social; desarrollo de capital físico (infraestructura) y reforma de la administración pública