CERO PARA EL PROzac EN SEGURIDAD PUBLICA

Seguridad pública y procuración de justicia
Resultados nulos

Este rubro definitivamente es el talón de Aquiles del Gobierno saliente, mismo que le deja un gran paquete a la nueva administración federal con vicios añejos

La seguridad pública y procuración de justicia federal en el Gobierno de Vicente Fox dejó sumido al país en infinidad de vicios añejos y acciones, desde la época priísta, de corrupción, extorsiones, descoordinación, violencia, obstrucción de justicia, violación de derechos humanos, tráfico de influencias, además de una cifra negra importante. Sus resultados son magros.
En el Gobierno del presidente saliente Vicente Fox Quesada se dispararon 14 por ciento los delitos del fuero federal en un lustro, en comparación al mismo periodo de la administración del Gobierno anterior al registrarse 400 mil 215 entre 2001-2005 contra 352 mil 484 entre 1995-1999.
En el sexenio foxista, en materia del fuero común, se reportan siete millones 731 mil 920 delitos, entre ellos, homicidios, robos, lesiones, violaciones, secuestros, fraudes y otros. Ello, a pesar del Sis! tema Nacional de Seguridad Pública, impulsado desde 1995.
El Sistema Nacional Penitenciario reporta un crecimiento de 121 por ciento la población penitenciaria por delitos federales en diez años, ya que en 1995 había 23 mil 286 y ahora existen 51 mil 471. En sus números reportan 839 mil 945 encarcelados entre 2001 y 2006, de los cuales a 390 mil 581 se les sigue proceso y 449 mil 214 han sido sentenciados.
Por eso, especialistas consideran que se estancó la seguridad pública y procuración de justicia en el actual sexenio, y en otros casos consideran reprobada la gestión del jefe del Ejecutivo en esas materias, a pesar de que las autoridades se quejan de la falta de recursos humanos y económicos para combatir el hampa. Por eso, las autoridades la comparan como una guerra entre David contra Goliat.
En México, los gobiernos en turno han utilizado a la seguridad pública y procuraci&oacu! te;n de justicia en contra de los enemigos políticos (e! l &uacut e;ltimo caso Andrés Manuel López Obrador, a quien intentaron encarcelar para sacar de la carrera presidencial). En el pasado, era peor ser guerrillero que delincuente, lo cual ha sido controlado por la policía. Por eso, autoridades represoras y delincuencia tienen atrapada a la sociedad.
A pesar de que la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública
federal se encarga de dar seguridad a la población, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exige deslindar responsabilidades en contra de policías federales que participaron en operativos en San Salvador Atenco en mayo pasado, por privar de la vida a dos jóvenes, cometer abusos sexuales en contra de 26, así como realizar aprehensiones ilegales sin orden de cateo y torturar física y psicológicamente a detenidos.

Mientras los gobernantes se pelean con sus adversarios políticos, la delincuen! cia organizada compra a los de arriba y a los de abajo para seguir trabajando en sus negocios. A decir de servidores públicos de la Procuraduría General de la República, quienes prefieren omitir sus nombres, “la corrupción en la PGR nunca se terminará, pues todos agarran dinero”.
Unos días antes de las elecciones del 2 de julio, por órdenes superiores a los agentes del Ministerio Público federal, se les ordenó buscar todas las averiguaciones previas en contra del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. En el Gobierno panista había incertidumbre por el resultado electoral, revelan fuentes a QUEHACER POLÍTICO.
A la delincuencia se le permite hacer y deshacer. Se les brinda protección y sus averiguaciones previas se mandan flojitas, excepto cuando ya le toca a un jefe delictivo caer en prisión hasta lo deportan a Estados Unidos, mientras los otr! os, algunos extranjeros como los colombianos, gozan de la prot! ecci&oac ute;n, añaden fuentes consultadas. Y les filtran información de sus asuntos. Los dólares corren como ríos en la estructura de la PGR. La seguridad y procuración de justicia, duerme el sueño de los justos.
Todo está bajo control. Efectivos de la AFI, denunciarón que en el Distrito Federal, los jefes ordenan a veces que nadie debe salir a la calle y es cuando entra la droga a la capital del país, afirman. De qué se espantan cuando crecen como hiedras las narcotienditas. En los operativos en el centro de la ciudad, los efectivos de la AFI en coordinación con la policía preventiva capitalina, hacen sus operativos en contra de la piratería para incautar discos ilegales, sin embargo, los mismos comerciantes ponen en bodegas específicas esos materiales que no sirven para simular las acciones y casualmente nunca detienen a nadie. Eso es una burla. Así trabajan las autoridades.!

EXTORSIONES AL POR MAYOR

La extorsión de parte de servidores públicos de la PGR en contra de comerciantes como en Tepito no se hizo esperar. Piden hasta un millón de pesos para dejar de molestarlos. El director de Derechos de Autor de la Procuraduría General de la República (PGR), Emilio Negrete Martínez, se dedicó, a través de sus incondicionales, a extorsionar comerciantes de discos en Tepito, hasta con cien mil pesos mensuales a cada uno, y otra de las señaladas es la Fiscalía de Piratería y Contrabando, a cargo de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de Delitos Federales, detallan las fuentes.
El personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República se quejó de sobrecarga de trabajo y abuso de autoridad de sus jefes en turno, quienes también saben hacer buen negocio
La! Procuraduría General de la República (PGR), rec! onoci&oa cute; que tres mil 502 de sus servidores públicos han quedado sujetos a investigación por delitos, y de esos dos mil 105 presuntos implicados son elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), con seis mil elementos y basada en un esquema de policía científica, entre 2000 y 2006, de acuerdo a un informe de rendición de cuentas hecho público.
De los más de dos mil policías sujetos a indagatorias, 479 son mandos medios y superiores, mientras que 557 pertenecían a la desaparecida PJF.
Según el informe más reciente de la PGR en materia de combate a la corrupción, los delitos más frecuentes por los que se investiga a su personal son ejercicio indebido del servicio público, contra la administración de justicia, cohecho, abuso de autoridad, extorsión, privación ilegal de la libertad y evasión de preso.
El documento reveló qu! e entre enero y marzo de este año, la Visitaduría General inició 69 averiguaciones previas, en las que aparecen como probables responsables de delitos un total de 109 servidores públicos.

VIOLACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS

Y para variar, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, acusó que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Mario Álvarez Ledesma, era “una tapadera de la tortura” y “es como el alcahuete de la tortura porque ve la forma de que no se toque a los torturadores”.
Señaló que a raíz de la denuncia penal que presentaron en su contra dos agentes del Ministerio Público federal por delitos contra el honor en un caso de tortura, la relación con la PGR pasó del diálogo a la confrontación,! por lo que buscaron reunirse con el entonces procurador Danie! l Cabeza de Vaca.
En mayo pasado, la CNDH emitió la recomendación 13/2006 a la PGR porque acreditó la tortura que cometieron agentes de la AFI en contra de José de Jesús Zúñiga Velásquez, acusado en Tamaulipas de posesión de droga. En respuesta, la PGR informó el 5 de junio que rechaza la recomendación por desistimiento del quejoso, y la CNDH señala que la tortura debía investigarse de oficio por tratarse de un delito de lesa humanidad, y denunció que personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR trató de convencer al quejoso de que se desistiera para cerrar el caso.
Considerado por José Trinidad Gutiérrez Sánchez, especialista en seguridad, un fracaso la prevención por cada detención, la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo entonces de Eduardo Medina Mora, aseguró que en la administ! ración foxista las acciones y programas instaurados en materia de seguridad pública alcanzó “resultados positivos al lograr detenciones importantes, decomisos destacados y avances contra la delincuencia organizada, sin embargo, no se ha logrado cumplir con las expectativas de seguridad que la sociedad reclama”, admitió la dependencia.
A la asesora en seguridad pública y estado de derecho del presidente Felipe Calderón, Sigrid Artz, se le buscó para que diera su opinión sobre cómo deja la administración saliente en materia de seguridad pública y procuración de justicia, sin obtener ninguna respuesta.
Medina Mora Icaza, a unos días de terminar el gobierno foxista, declaró ante diputados federales de la LX Legislatura: “Tendremos la oportunidad de referir y abundar en el tratamiento de las acciones y programas con los que el Gobierno federal trabaja para impulsar la segurid! ad física y patrimonial de los mexicanos, así co! mo la tr anquilidad social del país”.
La seguridad pública “es sin duda de las mayores deudas que el Estado mexicano tiene con su sociedad. Se trata de un pendiente que ha acumulado ya parte importante de nuestra historia reciente, y un rezago que ante todo ha dejado una huella muy visible en la percepción que tenemos de ellos en nuestro país”, afirmaba el todavía secretario de la SSP federal.

DESPIDOS EN LA PGR

La PGR, de 19 mil 818 servidores públicos en 2002 los redujo a 16 mil 600, en 2006. De esos dos mil 168 son agentes del Ministerio Público federal, cuatro mil 921 elementos de la AFI, mil 69 peritos y ocho mil 442 de personal directivo y administrativo.
El entonces subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó que el Ministerio Público de la federación, encargado al combate a la delincuencia organizada, se ! ve sometido a las presiones políticas y aumenta ese riesgo aún más cuando el crimen organizado aprovecha esas turbulencias “para desprestigiar a la institución cuando no los han podido nulificar por violencia o por corrupción”.
Las organizaciones criminales tienen mucha fuerza económica, nosotros seguimos siendo muy pocos con recursos muy limitados. Por eso, dice, “es una guerra de David contra Goliat y eso te llega a desanimar y a pensar bueno creo que no vale la pena, como es un fenómeno sobre todo en el narcotráfico, en donde no tienes el reconocimiento de alguien en especial”.

BUENOS Y MALOS RESULTADOS

Al reconocer como “buenos los resultados” en materia de seguridad pública, el especialista en materia de seguridad y ex director de la Policía Judicial del DF, José Trinidad Gutiérrez Sánchez, dice que hubiera sido deseable que llegara gente con experiencia para te! ner resultados “envidiables”. Se queja de que en el paí! s sufrim os de la “academiocracia” cuando se designa a gente que ha escrito dos o tres libros, pero sin experiencia de campo.
Cuando se le pregunta si siempre ha sido un fracaso la designación de los titulares responsables en la seguridad pública y procuración de justicia, contesta que “no es necesario remontarnos mucho, por ejemplo, habría que ver qué experiencia tiene el señor Medina Mora para empezar, su antecesor (el extinto Martín Huerta), sin experiencia. En la ciudad un mecánico electricista era el entonces secretario de Seguridad Pública (Joel Ortega) y el anterior quién sabe qué cosa era, pero cuando el problema de Tláhuac corrió”.
En la Secretaría de Seguridad Pública de la Policía Federal Preventiva, es incorrecto que desconozcan que con la prevención por presencia, disminuye la delincuencia, y por cada captura es un fracaso la prevención, se&! ntilde;ala Gutiérrez Sánchez. Sin embargo, quieren hacer investigación que corresponde al MP.
En materia de seguridad y procuración de justicia, comenta René Jiménez Ornelas, investigador de la UNAM, los resultados son lamentables en el gobierno foxista.
“El resultado que crea los enfrentamientos, las ejecuciones, sino inclusive a lo largo y ancho del país, siguen secuestrando y extorsionando a la ciudadanía y algo que realmente es problematizante es cómo no ha disminuido en diferentes partes del país el robo a transeúnte, el robo a casa habitación, aunque en el DF dicen que sí ha bajado”.
En entrevista con QUEHACER POLÍTICO, el analista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, reprueba a Fox y recomienda “una política de seguridad pública integral, con decisión y voluntad, y con conocimiento, y sino que pregunten a gente que s&iacu! te; sabe”.
Al preguntársele si se perdió el ! sexenio, responde: “Se logró muy poco, es irrisorio; hemos visto a todo nivel un manejo de la información para que concuerde con sus propias metas, lo que no concuerda es la percepción de inseguridad ciudadana que crece; ellos (la autoridad) dice, es una percepción, y no cualquier sentido de inseguridad subjetiva se convierte en una inseguridad”, remata.

Cifras alegres, nulos resultados

La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Daniel Cabeza de Vaca, jura y perjura que ataca a la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico, secuestro, fraude, extorsión, falsificación de documentos y piratería. Sin embargo, a la vista de toda la gente esos grupos siguen operando a plena luz del día en todo el territorio nacional.
De acuerdo a la PGR, se logró capturar a 74 mil 715 presuntos criminales, pertenecientes a los cárteles de Tijuana de los Are! llano Félix; de Juárez de los Carrillo Fuentes; de los Amezcua Contreras; de Sinaloa, Palma Guzmán; del Golfo de Osiel Cárdenas, de los Díaz Parada y los Valencia de Luis Valencia, entre ellos a 190 servidores públicos y un buen número de narcomenudistas, en los casi últimos seis años.
Al considerar al narcomenudeo “un fenómeno delictivo con mayor cobertura a nivel nacional”, representando un problema de salud con efectos sociales y de seguridad pública, la PGR reporta más 50 mil acciones entre cateos y operativos, donde capturó a más de 21 mil personas, entre enero a junio de 2006.
Según la dependencia, la PGR cuenta con 52 Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en 24 entidades federativas, las cuales han logrado asegurar más de 69 toneladas de mariguana y una tonelada de cocaína. Es decir, casi nada.
En coordinaciones con di! ferentes autoridades, la PGR informa que en 2006 se lograron a! segurar 14 millones 880 mil 736 dólares transfronterizos y se iniciaron 13 averiguaciones previas con 15 personas detenidas y 29 sujetas a procesos, con lo cual se combate el “lavado de dinero y se da estabilidad económica al país”.
En relación a falsificación o alteración de monedas se iniciaron 59 averiguaciones previas, entre 2000 y 2006, de las cuales solamente se consignaron seis. La PGR reporta la detención de 83 presuntos secuestradores, 65 hombres, 15 mujeres y tres menores, en 2006, entre ellos César Freyre; los 80 fueron puestos a disposición del Ministerio Público y los otros al Consejo Tutelar para Menores.

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