CUANTO SERA EL MONTO DE LAS FACTURAS QUE PAGARA EL "ESPURIO"?
Cara la Factura Política que Pagará Calderón
Por Eduardo Ibarra Aguirre
Nos estamos acostumbrando, por desgracia, a vivir en medio de grandes tensiones políticas y sociales.
Gracias a la madurez política e institucional, a la restringida pero finalmente capacidad de negociación de los actores involucrados, se libró sin mayores consecuencias el 1 de septiembre, y muy bien el 15 y el 16 del mismo mes. Todo se aclaró en la víspera, pese a que la Presidencia de la República aseguraba que Vicente Fox Quesada rendiría el VI Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión y daría el Grito desde el balcón de Palacio Nacional. Mientras que la coalición Por el Bien de Todos pronosticaba lo contrario, tal y como sucedió. Y el desfile militar --elevado a rango de ritual de la nación-- y la Convención Nacional Democrática tuvieron un afortunado desenlace.
Nuevamente el país es colocado en la misma tesitura de incertidumbre y tensión crecientes, como si los tiempos políticos posteriores al 2 de julio hubieran trascurrido en vano y los actores no aprendieran un ápice.
A 15 días de que el primer marido del país abandone la titularidad del Ejecutivo --en medio del descrédito, escándalos económicos, acusaciones ministeriales y judiciales contra él y sus familiares, incluidos los de Martha Sahagún Jiménez --, los mismos voceros oficiales tensan al máximo la cuerda y sin reparar en costos a pagar por la nación, juran y perjuran que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa tomará posesión como presidente de la República a las 10:30 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Por ejemplo, Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, no escatima esfuerzos para reafirmar su talante autoritario, y amenaza: “Si es necesaria la fuerza pública, hará presencia la fuerza pública porque para eso existe, para hacer respetar la ley”.
La ley y el Estado de derecho --piezas discursivas predilectas del gobierno del cambio (en reversa) que las violentó, las mal usó cuando fue preciso para beneficio propio, de los suyos y de los estrechísimos intereses que privilegió--, fueron retomados por Santiago Creel Miranda para amenazar a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática: “Si alguien ejerce la violencia... se debe aplicar la ley con todas las sanciones y responsabilidades que ello implique”.
Si la ley fuese la rectora en las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre los mexicanos, el otrora delfín de la pareja presidencial para sucederla en Los Pinos, probablemente no sería senador de la República sino prisionero por presuntamente disponer de bienes y recursos de la nación para fines particulares, electorales.
Calderón olvidó muy rápido su ocurrencia de que el 1 de diciembre será “muy divertido” y ahora que no siente lo duro sino lo tupido, elude hacer cualquier pronóstico.
La raíz de todo se encuentra en la tozuda negativa del panismo, el yunquismo y el calderonismo en ciernes a aceptar el recuento total de los sufragios emitidos el 2 de julio. Lo hicieron bajo el argumento de no ceder a los caprichos y chantajes de Andrés Manuel López Obrador . También entonces se escudaron en la ley y el Estado de derecho.
¡Tan sencillo que hubiera sido contar voto por voto! ¡Los conflictos y problemas que se hubiera ahorrado la República! No estaría, cinco meses después, con más de la mitad de los electores convencidos de que “sí existieron irregularidades” en la elección presidencial.
Lo que pretendieron esconder al rechazar la revisión voto por voto que demandaban o apoyaban la mayoría absoluta de los ciudadanos, tendrá un altísimo costo político para Calderón Hinojosa los próximos seis años. Y estas facturas ciudadanas, como es sabido, se pagan.
MacheTarTe
Por Eduardo Ibarra Aguirre
Nos estamos acostumbrando, por desgracia, a vivir en medio de grandes tensiones políticas y sociales.
Gracias a la madurez política e institucional, a la restringida pero finalmente capacidad de negociación de los actores involucrados, se libró sin mayores consecuencias el 1 de septiembre, y muy bien el 15 y el 16 del mismo mes. Todo se aclaró en la víspera, pese a que la Presidencia de la República aseguraba que Vicente Fox Quesada rendiría el VI Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión y daría el Grito desde el balcón de Palacio Nacional. Mientras que la coalición Por el Bien de Todos pronosticaba lo contrario, tal y como sucedió. Y el desfile militar --elevado a rango de ritual de la nación-- y la Convención Nacional Democrática tuvieron un afortunado desenlace.
Nuevamente el país es colocado en la misma tesitura de incertidumbre y tensión crecientes, como si los tiempos políticos posteriores al 2 de julio hubieran trascurrido en vano y los actores no aprendieran un ápice.
A 15 días de que el primer marido del país abandone la titularidad del Ejecutivo --en medio del descrédito, escándalos económicos, acusaciones ministeriales y judiciales contra él y sus familiares, incluidos los de Martha Sahagún Jiménez --, los mismos voceros oficiales tensan al máximo la cuerda y sin reparar en costos a pagar por la nación, juran y perjuran que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa tomará posesión como presidente de la República a las 10:30 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Por ejemplo, Héctor Larios Córdova , coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, no escatima esfuerzos para reafirmar su talante autoritario, y amenaza: “Si es necesaria la fuerza pública, hará presencia la fuerza pública porque para eso existe, para hacer respetar la ley”.
La ley y el Estado de derecho --piezas discursivas predilectas del gobierno del cambio (en reversa) que las violentó, las mal usó cuando fue preciso para beneficio propio, de los suyos y de los estrechísimos intereses que privilegió--, fueron retomados por Santiago Creel Miranda para amenazar a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática: “Si alguien ejerce la violencia... se debe aplicar la ley con todas las sanciones y responsabilidades que ello implique”.
Si la ley fuese la rectora en las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre los mexicanos, el otrora delfín de la pareja presidencial para sucederla en Los Pinos, probablemente no sería senador de la República sino prisionero por presuntamente disponer de bienes y recursos de la nación para fines particulares, electorales.
Calderón olvidó muy rápido su ocurrencia de que el 1 de diciembre será “muy divertido” y ahora que no siente lo duro sino lo tupido, elude hacer cualquier pronóstico.
La raíz de todo se encuentra en la tozuda negativa del panismo, el yunquismo y el calderonismo en ciernes a aceptar el recuento total de los sufragios emitidos el 2 de julio. Lo hicieron bajo el argumento de no ceder a los caprichos y chantajes de Andrés Manuel López Obrador . También entonces se escudaron en la ley y el Estado de derecho.
¡Tan sencillo que hubiera sido contar voto por voto! ¡Los conflictos y problemas que se hubiera ahorrado la República! No estaría, cinco meses después, con más de la mitad de los electores convencidos de que “sí existieron irregularidades” en la elección presidencial.
Lo que pretendieron esconder al rechazar la revisión voto por voto que demandaban o apoyaban la mayoría absoluta de los ciudadanos, tendrá un altísimo costo político para Calderón Hinojosa los próximos seis años. Y estas facturas ciudadanas, como es sabido, se pagan.
MacheTarTe